En marzo, un salvadoreño fue deportado desde Estados Unidos y enviado a prisión al CECOT por un error administrativo de las autoridades del país norteamericano. La Corte Suprema de ese país ordenó a la administración de Trump “facilitar” su regreso, pero Nayib Bukele dijo que no podía y lo señaló de “terrorista”.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de El Salvador llegaron a un acuerdo por 1.400 millones de dólares para el fortalecimiento de las finanzas públicas, la acumulación de las reservas externas y financieras y la mejora de la gobernanza y la transparencia.
Un periódico digital salvadoreño publicó en sus redes sociales un vídeo en el que el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) supuestamente le pidió al gobernante inconstitucional salvadoreño no meterse en asuntos de su país. Pero esto no es cierto, el video fue elaborado con Inteligencia Artificial (IA).
El Salvador está recibiendo fuertes críticas luego que aceptó recluir en una mega prisión a ciudadanos venezolanos a quienes Estados Unidos señala como supuestos integrantes de la pandilla Tren de Aragua. Las personas recluidas no han sido vencidas en juicio y su detención en el país es ilegal.
A cinco años del inicio de la cuarentena obligatoria en El Salvador, revivo en este relato la experiencia de un soñado viaje que se convirtió en una pesadilla después que los vecinos me señalaron de ser la primera portadora de COVID-19 en el país, desatando una ola de amenazas y ataques.
Solo pocas imágenes de un video de más de un minuto que fue publicado por el presidente inconstitucional Nayib Bukele en X corresponden al antiguo Hospital Rosales, el resto pertenecen a otros edificios más actuales.
El presidente Bukele anunció recientemente que el Gobierno asumiría el pago de los recibos de consumo de estos servicios de enero como medida de alivió económico para el 95 % de los hogares o población, pero esto es engañoso.
A conveniencia, el oficialismo mantiene una campaña de desprestigio y desinformación sobre los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil y que posibilitaron la creación de instituciones para avanzar democráticamente.
En su primera conferencia de prensa del 2025, Nayib Bukele difundió información falsa y engañosa sobre temas clave como la inexistencia de contaminación por minera en El Salvador y las supuestas ganancias obtenidas por el país gracias al bitcóin.
El régimen de excepción en El Salvador, aplicado para combatir la delincuencia, ha reducido los índices de violencia según el gobierno, pero también ha desencadenado denuncias de detenciones arbitrarias, vulneraciones a derechos humanos y traumas psicológicos a inocentes detenidos y a sus familiares.
Hay un régimen de terror contra los empleados de gobierno que osan revelar las deficiencias en los sistemas de salud y educación, o simplemente ejercer el derecho a la libertad de expresión y contradecir de paso la propaganda gubernamental. Todo aquello que ponga en duda la eficacia o la imagen de la administración entra en el campo minado del crimen y del consecuente castigo. Espionaje, humillaciones y chantajes son algunos de los mecanismos de los que se vale el gobierno de Bukele para intentar reprimir reclamos de derechos laborales o señalamientos hacia todo aquello que controvierta el discurso oficial.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hará una audiencia pública el próximo martes 12 de noviembre para examinar las reformas constitucionales promovidas por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador y su impacto en la democracia y los derechos humanos.
