Pese a que algunos casos de expresiones de violencia contra la mujer han sido judicializados, especialmente en el caso de figuras públicas, no todas las condenas son contundentes cuando se trata de víctimas de partidos de oposición o son inexistentes.
Por Tania Ortiz
En resumen:
- Los ataques recibidos por candidatas en las redes sociales están basados en su apariencia corporal y hacen uso de lenguaje sexista y obsceno.
- El TSE comenzó una investigación por violencia política debido a las agresiones en contra de candidatas de NT y ARENA; sin embargo, aún no emite una resolución.
La reciente condena de un usuario de redes sociales que atacó cibernéticamente a una legisladora del partido Nuevas Ideas (NI) ha sido celebrada por el oficialismo y cuestionada por los opositores debido a que, a su juicio, la institucionalidad solo funciona cuando son casos allegados a la administración del presidente Nayib Bukele.
Sifrido Alexander Orellana Meléndez, conocido como “Chiquillo Periquillo Power”, fue sentenciado a seis años de prisión luego que un tribunal lo declarara responsable del delito de acoso y expresiones de violencia contra la mujer en perjuicio de la diputada Alexia Rivas, de NI.
El Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador también le impuso una pena civil de $3.000 a Orellana Meléndez, quien fue condenado en ausencia, ya que se reside en Estados Unidos.
“Hoy es un buen día para recordar que nuestras acciones tienen consecuencias, y a no traspasar el límite entre la libertad de la expresión y el cometimiento de un delito”, escribió la legisladora luego de ganar su caso.
Orellana Meléndez es fundador y exmilitante del partido Nuevas Ideas.
“Gracias a Dios se ha hecho justicia, hemos obtenido un resultado favorable, así que también invito a las demás mujeres que también han sido víctimas de violencia que se acerquen a las instituciones respectivas para que puedan también en algún momento recibir la atención que necesitan”, expresó Rivas a la prensa.
La diputada agregó que el resultado fue posible debido al “increíble acompañamiento” de la Fiscalía General de la República (FGR).
Sin embargo, no todos los casos que impliquen expresiones de violencia contra las mujeres políticas y periodistas en el país obtienen justicia favorable ni a nivel penal, civil ni administrativo.
Desde que la bancada oficialista y sus aliados destituyeron en mayo de 2021 a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al Fiscal General y la depuración de jueces y fiscales, el aparato judicial suele procesar casos de forma selectiva, según abogados especialistas.
De acuerdo al informe de labores de la FGR en 2022-2023, hubo 18,178 casos iniciados de violencia contra la mujer; sin embargo, solo 1,619 tuvieron una sentencia condenatoria y 376 fueron absueltas.
Para el período 2021-2022, hubo 16,975 casos iniciados en el ministerio público, mientras que para el 2020-2021 se registraron 12,297 casos, según la memoria de labores de la institución.
Fuente: Fiscalia General de la República
Por su parte, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró en su “Informe sobre violencia digital basada en género hacia mujeres periodistas” un total de 655 ataques a mujeres periodistas en el período del 1 de octubre de 2023 al 10 de enero del 2024.
Además, en septiembre de 2023, la Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas (Andrysas) presentó un informe sobre violencia hacia las Mujeres Políticamente Activas en las Elecciones Internas de 2023 que sirvieron a los partidos para elegir a sus candidatos.
El informe reveló que de las 52,190 agresiones registradas en redes sociales, de ellas, 32,950 fueron contra mujeres y 19,240 contra hombres en política; es decir un 63% de los comentarios violentos en redes sociales eran dirigidos a mujeres en política.
Violencia electoral
Un grupo de candidatas a cargos de elección popular de los partidos Nuestro Tiempo (NT) y Alianza Republicana Nacionalista (Arena) denunció que recibieron mensajes negativos en sus redes sociales de cara a su participación en los comicios generales de 2024.
El 27 de noviembre de 2023, las candidatas de NT, Celia Medrano, Irma Tapia y Tania Grande se presentaron al Tribunal Supremo Electoral para interponer una denuncia por 300 agresiones diarias de violencia política en redes sociales; con la intención de activar el “Protocolo para la Prevención y Atención de las Mujeres víctimas de Violencia Política” que elaboró dicha Institución.
Los tipos de ataques que recibieron las candidatas están basados en su apariencia corporal, hacen uso de lenguaje obsceno y son dirigidos a su sexualidad. Las agresiones generalmente provienen de cuentas anónimas, según denunciaron las candidatas.
Algunas de las pruebas presentadas por las candidatas de Nuestro Tiempo ante el TSE
El Protocolo elaborado por el TSE es una herramienta para la prevención y atención de casos de violencia o acoso político en contra de mujeres precandidatas, candidatas, militantes de partidos políticos, entre otras. De acuerdo con este reglamento, se considera violencia política el uso de lenguaje sexista que se dirige a las mujeres por su condición de ser mujer.
La presidenta del TSE, Dora Martínez, que días antes aseguró que no existían denuncias de violencia política cometida contra las mujeres, tuvo que cambiar su postura a raíz de las denuncias interpuestas por las candidatas de oposición, por lo que dio a conocer que iniciaría una investigación.
Sin embargo, casi tres meses después, la institución ha guardado silencio y aún no ha emitido alguna resolución sobre violencia política contra la mujer, lo cual deja en la denuncia en la impunidad.
Las candidatas tampoco conocen el estado de su caso.“Terminó la campaña y no recibimos ningún tipo de comunicación por parte de ellos. Quedó en el aire la denuncia”, dijo Irma Tapia a Infodemia.
De acuerdo a la excandidata, lo último que supo de la denuncia fue el pasado 1 de diciembre de 2023 que el TSE llevaría el caso al organismo colegiado.
Infodemia hizo un monitoreo en la red social X de 7 publicaciones que hablan sobre la denuncia de las candidatas y se logró registrar 163 mensajes. De estos el 96.9% eran mensajes negativos y solo el 3.1% eran positivos.
Base de datos: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1T7DDpM_AKY5MwBWiEO9HoOjzFfjkCmXit1DX99hUUHw/edit?usp=drive_link
Hace más de un año y medio, la diputada de Arena, Marcela Villatoro, también interpuso una demanda en la fiscalía contra el caricaturista Wales Cartoon y el diputado, Romeo Auerbach, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) por acoso a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
La diputada de Arena dijo que hasta el momento el Instituto de Medicina Legal le tomó un testimonio y que está a la espera de la siguiente fase del proceso. La legisladora expresó que en los próximos días otras diputadas de oposición que han sido ofendidas den sus testimonios en la fiscalía que se sumen al caso.
“La diputada Alexia Rivas ya tuvo un resultado positivo de las denuncias y demandas que ella presentó, esperaría yo también que a nosotras las diputadas que somos de oposición también se nos respeten nuestros derechos y que no se nos sigan violentando la ley”, dijo a Villatoro a la prensa.
Casos similares
En mayo de 2023, el youtuber y simpatizante del oficialismo, Roberto Silva, fue condenado por expresiones de violencia contra la mujer, pero él se mantiene en libertad, debido a que el tribunal solo le ordenó pedir disculpas públicas en un vídeo y pagar sanción de tres salarios mínimos a dos integrantes del partido Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) a quienes ofendió.
En 2021, en marco del escrutinio de las elecciones legislativas y municipales, Silva insultó a las entonces candidatas Daniela Genovez a la Asamblea Legislativa y Karina Sosa al Parlamento Centroamericano (PARLACEN). Los casos fueron
El youtuber que fue acreditado como periodista de la estatal Radio El Salvador fue absuelto del delito de difusión ilegal y acoso a través de tecnologías de la información.
En julio de 2020, la excandidata a diputada por el partido NT, Bertha Deleón, denunció en la fiscalía al analista y exaspirante a candidato a legislador de NI, Walter Araujo por expresiones de violencia contra la mujer.
Araujo fue enviado a juicio en diciembre de 2021.
Los casos de Sosa, Genovez y Deleón iniciaron el proceso durante la gestión del fiscal Raúl Melara, quien fue destituido en mayo de 2021 por el Congreso en un procedimiento irregular para nombrar en su lugar a Rodolfo Delgado.
En diciembre de 2023, el usuario Luis Alexander Rivas Samayoa, conocido como “el Comisionado” fue condenado por similares cargos contra cuatro diputadas del partido NI, Alexia Rivas, Ana Figueroa, Marcela Pineda y Rebeca Santos.
Rivas, que se encuentra detenido por un supuesto delito derivado de divulgar la ubicación de uno de los hermanos del presidente electo, Nayib Bukele, debió disculparse con las diputadas y cancelar una multa equivalente a seis salarios mínimos.
