Un tribunal superior libró a la Fuerza Armada a pedir perdón por su responsabilidad en el asesinato de cuatro periodistas neerlandeses que fueron ejecutados durante una emboscada militar en el marco de la guerra civil en la década de los ochenta, acto que le hubiese correspondido al presidente Nayib Bukele al ser su comandante general.
En resumen:
- Cámara anuló la orden que obligaba al Estado salvadoreño a pedir perdón públicamente por la muerte de los periodistas.
- Los magistrados ratificaron la condena de 30 años para los 3 militares, quienes podrán cumplir la pena en un hospital privado.
- La resolución confirma que el caso constituye una grave violación a la libertad de expresión.
Por Lissette Lemus
La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro revocó la orden que obligaba al Estado salvadoreño, a través de la Fuerza Armada, a pedir perdón de forma pública a los familiares de cuatro periodistas holandeses asesinados en marzo de 1982, en el contexto del conflicto armado (1980-1992).
A petición de la Fiscalía, el tribunal anuló la responsabilidad civil que ordenaba al comandante en jefe de la Fuerza Armada Salvadoreña a realizar un pronunciamiento público para pedir disculpas por el hecho que conmocionó a nivel internacional, cargo que la Constitución le da al presidente de la República.
El artículo 157 de la Constitución prescribe que “el Presidente de la República es el Comandante General de la Fuerza Armada”.
La Fiscalía argumentó que los representantes del Estado no fueron notificados durante el proceso en su calidad de responsables civiles subsidiarios, planteamiento que fue admitido por el ente colegiado.
Sin embargo, la Cámara ratificó en la misma resolución el veredicto condentario en contra de tres militares de alto rango por el asesinato de Koos Koster, Jan Kuiper, Hans Teer Laag y Joon Willemsen de la emisora neerlandesa IKON, quienes realizaban una cobertura en el país centroamericano sobre la guerra civil a inicios de los años ochenta.
“Sabíamos que las pruebas y todo el procedimiento llevado conforme a derecho, nos respaldaba, así lo alegamos nosotros en nuestro escrito ante la Cámara”, dijo a Infodemia el abogado querellante Pedro Cruz.
Oscar Pérez, de la Asociación Comunicándonos y representante de los familiares de los periodistas, expresó que el fallo constituye una victoria histórica para las víctimas, quienes durante “más de cuatro décadas han luchado contra la impunidad en El Salvador”.
Captura de parte de la sentencia de la Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro.
El 10 de julio de 2025, un jurado civil declaró culpables a los militares, José Guillermo García, exministro de Defensa; Francisco Antonio Morán, exdirector de la Policía de Hacienda y Mario Adalberto Reyes Mena, excomandante de la 4ta Brigada de Infantería por el crímen de los comunicadores.
Los altos mandos militares fueron condenados a 60 años de prisión, aunque deben cumplir un máximo de 30 años, según establece el código penal de la época en que fueron cometidos los crímenes.
Tras la condena, los abogados defensores de los militares solicitaron la nulidad del veredicto ante la Cámara, alegando que la muerte de los periodistas fue resultado de un enfrentamiento entre militares y guerrilleros del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Sin embargo, el tribunal determinó que los hechos no correspondieron a un enfrentamiento armado circunstancial, sino a una “emboscada planificada” con la finalidad de contrarrestar la divulgación de información.
Un informe de la Comisión de la Verdad señaló que el 17 de marzo de 1982, los periodistas holandeses fueron atacados por miembros del Batallón Atonal cuando se dirigían junto con media docena de guerrilleros a una zona controlada por los insurgentes en el departamento de Chalatenango.
“El caso representó una grave violación de los derechos humanos porque se asesinó a cuatro personas y se atentó contra la libertad de expresión y contra el libre ejercicio del periodismo”, agregó Cruz.
El tribunal dispuso además, que, debido al estado de salud, los condenados podrán cumplir la pena en un hospital privado de San Salvador, siempre que cuenten con los recursos económicos para sufragar los gastos; de lo contrario deberán ser enviados a un centro penal o un hospital público.
El Salvador sufrió una guerra civil (1980-1992) que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la exguerrilla del FMLN que dejó un saldo de 75.000 muertos y más de 8.000 personas desaparecidas.
