El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó que el régimen de excepción no tuvo como motivo la ola de asesinatos registrados a finales de marzo. Infodemia revisó las grabaciones de sus intervenciones y los decretos, esto permite señalar que es falsa su última declaración sobre el tema.
Angélica Cárcamo
El 24 de abril pasado, la Asamblea Legislativa aprobó en sesión extraordinaria una prórroga al régimen de excepción por 30 días. Los diputados, en su mayoría de Nuevas Ideas, justificaron por más de tres horas la decisión. Una de las participaciones fue la del presidente de ese órgano.
“(…) y el régimen de excepción no lo motivó los 80 muertos que tuvimos ese fin de semana, no, esa fue la gota que derramó el vaso” (sic), dijo el diputado. Esta declaración se contradice con las emitidas el 27 de marzo, cuando se aprobó el régimen.
En la sesión en la que se aprobó el régimen de excepción, Castro se refirió a los asesinatos registrados ese fin de semana y mencionó que es algo que “no podemos de verdad permitir y por eso es que estamos acá, para no dejar esas decisiones que esos delincuentes han tomado” (sic).
Esta primera declaración secunda lo que dice el decreto aprobado el 27 de marzo: la ola de asesinatos motivó al Gobierno a solicitar el régimen de excepción y al Congreso a aprobarlo.
Según el decreto legislativo 333, la solicitud del régimen de excepción se debió a que “se ha evidenciado un repunte de hechos violentos en todo el territorio nacional por parte de estructuras delictivas, la cual pone en riesgo la vida y la integridad física de la población”.
En ningún apartado del decreto hace referencia a que la medida haya sido adoptada por otras razones que no fueran esa alza de homicidios.
Una lectura del decreto 358, que contiene la prolongación del régimen de excepción, retoma el argumento planteado en el decreto 333 en donde señala que la medida fue derivada por “las graves perturbaciones ocasionadas por grupos delincuenciales que atentan contra la vida, la paz y la seguridad de la población salvadoreña”, es decir: la ola de asesinatos.
Por tanto, la afirmación de Castro entra en la categoría de Falso.
Amnistía Internacional ha calificado la extensión de la suspensión de garantías constitucionales como “la tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos” y las organizaciones humanitarias han documentado más de 300 denuncias, principalmente por detenciones arbitrarias.
