Publicado originalmente en GatoEncerrado
El fenómeno de los desaparecidos en El Salvador ha vuelto a generar alarma en la población y críticas al gobierno de turno en momentos en los que familiares de las personas desaparecidas denuncian que sus casos no han sido resueltos. De acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República (FGR) entre diciembre de 2019 y abril de este año, se han documentado 1,091 víctimas de desaparición en el país.
Ante la situación, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, y el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, han sostenido que una parte de los salvadoreños que son reportados como desaparecidos migran irregularmente o que se reportan sus casos para luego solicitar asilo en el extranjero. Esas declaraciones de los funcionarios encajan en la definición de Engañosas, debido a que no son sostenidas en datos que las respalden.
El 24 de marzo pasado, Arriaza Chicas dijo a medios de comunicación: “Hay muchas personas que emigran del país y lo que hacen es poner su denuncia para justificar, me imagino, en países extranjeros su ausencia en el territorio salvadoreño”.
Por su parte, Villatoro aseguró el 31 de mayo que una parte de estos salvadoreños se suman al flujo de migración irregular.
“Un gran porcentaje (de desaparecidos) aparece y los encontramos”, afirmó Villatoro en la entrevista televisiva Diálogo con Ernesto López, y añadió que con otro grupo de casos, sin dar detalles ni cifras concretas, “lo que validamos con los países vecinos, es que hay una migración irregular”.
Autoridades sin detalles
Ambas afirmaciones se pueden catalogar como engañosas a raíz de que la Fiscalía General de la República y la PNC no poseen un registro sistemático de casos en los que las personas reportadas como desaparecidas han solicitado asilo o han migrado irregularmente.
La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) de la PNC respondió a una solicitud de inicios de mayo que los “detalles específicos obtenidos en desarrollo de la investigación constan en expedientes investigativos y se encuentran bajo dirección funcional de la Fiscalía General de la República”.
En la referida solicitud de información, el ciudadano solicitante pidió conocer el total de víctimas a nivel nacional reportadas como desaparecidas en el periodo 2018-2021 que fueron localizadas con vida en un domicilio diferente al que habitaban, que habían emigrado a otro país, que fueron localizadas con vida y en cuyo caso los familiares interpusieron la denuncia para solicitar asilo en otro país y que fueron localizadas con vida y que pidieron asilo en otro país. A ninguno de estos ítems dio respuesta la referida oficina.
La UAIP de la FGR también recibió una solicitud solicitando estos mismos datos y respondió que “no se cuenta con el nivel de detalle requerido” de forma automatizada en el sistema informático institucional, por lo que “no es posible entregar información”.
Con estas declaraciones de la UAIP de la PNC y FGR se puede inferir que ambos funcionarios tampoco pueden tener acceso a una base de datos sistematizada con los casos que se resuelven al encontrar a las personas desaparecidas viviendo en el extranjero o que hayan solicitado asilo.
Estos datos surgen en medio de la conmoción generada en el país por el descubrimiento de un cementerio clandestino en la casa del expolicía Hugo Osorio, en Chalchuapa, en cuyo interior se descubrieron al menos 4 cuerpos y 14 osamentas.
Fotografía: @Vi11atoro
