Durante un debate en un programa de televisión, el otrora diputado de GANA, Romeo Auerbach dijo que en “ninguna parte” hay un requisito que indique que para dirigir la PNC debe ser un civil. Esta afirmación es falsa.
En resumen:
- La PNC se encuentra acéfala luego de la muerte del director Mauricio Arriaza Chicas. Bukele no ha nombrado a su sucesor.
- Tres normativas y una resolución de la Sala de lo Constitucional señalan que la naturaleza de la PNC es civil.
- Bukele, al igual que los presidentes de ARENA y el FMLN ha mantenido militarizada la seguridad pública con miles de soldados.
- El nombramiento de Arriaza, de formación militar, estuvo bajo análisis de la Sala de lo Constitucional hasta antes de la destitución ilegal de los magistrados el 1 de mayo de 2021.
Por Nelson Rentería
El exdiputado del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) Romeo Auerbach dijo recientemente en un programa televisivo de opinión que no hay en ningún documento que establezca que debe ser una persona civil quien dirija a la PNC, sin embargo, esta afirmación entra en la categoría de Falso.
Durante el espacio de debate Diálogo con Ernesto López, en el que participaron cuatro panelistas, los analistas debatieron la idoneidad que debe tener el nuevo director de la PNC, luego de la muerte de Mauricio Arriaza Chicas el domingo 8 de septiembre durante un accidente en helicóptero.
“No hay ninguna parte donde diga que el requisito es que (el director) sea civil, lo que está prohibido es que sea un militar. En esta ocasión, después que hemos tenido policías de carrera como directores, creo que se puede seguir en el mismo énfasis”, dijo Auerbach en su intervención el 13 de septiembre..
Sin embargo, esta afirmación es falsa ya que la Constitución de la República, la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil y los Acuerdos de Paz hacen énfasis en que la corporación policial, fundada en 1993, debe ser dirigida por civiles.
Se considera que una afirmación es falsa cuando la información verificada no tiene un fundamento real o es incongruente frente a otros datos y fuentes.
El artículo 168, ordinal 17, de la Constitución establece que son atribuciones y obligaciones del presidente de la República: “Organizar, conducir y mantener la Policía Nacional Civil para el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como rural, con estricto al respeto a los Derechos Humanos y bajo la dirección de autoridades civiles”.
Además, en la Ley Orgánica de la PNC aprobada por la Asamblea Legislativa en junio de 1992, señala que “es una institución de naturaleza civil, profesional y ajena a toda actividad política partidista”.
También los Acuerdos de Paz, firmado en enero de 1992 en Ciudad de México entre el Gobierno de El Salvador y la exguerrilla izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y que dio paso a la creación de la institución, estableció el carácter civil de la institución.
“La Policía Nacional Civil estará bajo la dirección de autoridades civiles”, se instituyó en el capítulo II, relacionado a la corporación.
Se entiende como autoridades civiles al presidente de la República, el ministro y viceministro de Seguridad, el director general de la Policía, los subdirectores generales, el inspector general, los jefes de división de cada servicio y los jefes de las delegaciones departamentales.
La jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional (Inconstitucionalidad 4-2012) establece también que la institución policial debe ser dirigida por civiles, dado que en mayo de dos mil trece se declaró inconstitucional el nombramiento del general David Munguía Payés al frente del Ministerio de Seguridad y del general Francisco Ramón Salinas Rivera al frente de la PNC.
Los magistrados argumentaron que ambos, a pesar que se argumentó que estaban retirados de la Fuerza Armada, habían recibido “una preparación, un entrenamiento y un método de enseñanza y aprendizaje que se caracteriza por la jerarquía, la disciplina y la afinidad de sistemas logísticos y de estrategias bélicas que solo son compatibles con la defensa de la soberanía y de la integridad territorial, no así de la seguridad pública”.
Agregaron: “Esta formación no puede ser despojada por un acto formal por el hecho de darle la baja militar” y “si solo las autoridades civiles pueden dirigir la PNC, no hay autorización constitucional para que los militares lo hagan”.
Por otra parte, la Sala de lo Constitucional destituida ilegalmente por la primera Asamblea Legislativa del bukelismo (2021-2024) había admitido una demanda de inconstitucionalidad contra el nombramiento de Arriaza Chicas, formado por los Carabineros en plena dictadura de Augusto Pinochet en Chile.
Según da cuenta la Inconstitucionalidad 108-2020, en la que se admite la demanda de la abogada Ruth López, se refiere que Arriaza Chicas llegó al grado de teniente en la extinta Policía Nacional, adscrita al Ministerio de la Defensa, antes de ingresar a la PNC.
“El referido ciudadano ostenta el rango militar de teniente en situación de retiro, tiene formación militar y, de acuerdo con la ley, aún pertenece a la carrera militar. En consecuencia, la demanda será admitida”, reza el documento.
Sin embargo, los magistrados de la Sala de lo Constitucional impuestos por el bukelismo en mayo de 2021, resolvieron a favor de Arriaza Chicas por en razón de su formación en la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP) y su trayectoria profesional al interior de la Policía Nacional Civil,
“El nombramiento del señor Mauricio Antonio Arriaza Chicas como Director General de la Policía Nacional Civil no contraviene los estándares fijados en los Acuerdos de Paz y los precedentes constitucionales sobre la separación entre la seguridad pública y la defensa nacional”, señala el fallo de julio de 2022.
La PNC fue creada tras la guerra civil (1980-1992) en sustitución de cuerpos de seguridad del Estado que estaban adscritos al Ministerio de Defensa y para efectos prácticos constituían unidades militares, concebidas y organizadas bajo la doctrina castrense, reseña un documento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Los cuerpos de seguridad, entre ellos la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, fueron señalados por cometer violaciones a derechos humanos, por lo que los firmantes de los Acuerdos de Paz crearon una nueva institución con un nuevo espíritu.
Imagen y escultura de un integrante de la Guardia Nacional en el museo militar en San Salvador.
Pese a las restricciones y acuerdos para desvincular a la Fuerza Armada con labores de seguridad en el país, miles de soldados participan activamente desde el año 2000 en estrategias relacionadas. Bukele, al igual que los presidentes de ARENA y el FMLN ha mantenido militarizada la seguridad pública.
