La Fiscalía únicamente ha judicializado 5 de los más de 80 homicidios que dieron pie a régimen de excepción, según informe oficial

En un informe presentado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), el Estado salvadoreño afirmó que únicamente se han judicializado 5 homicidios de los más de 80 que llevaron a aprobar el régimen de excepción. Acá te explicamos qué más dijo el Estado.

Redacción Infodemia

Al menos hasta finales de julio pasado, la Fiscalía General de la República (FGR) había judicializado únicamente 5 de los más de 80 homicidios que El Salvador registró entre el 25 y 27 de marzo. Esta ola de asesinatos fue atribuida a las pandillas y por la que el Gobierno de Nayib Bukele pidió la suspensión de garantías constitucionales. 

Así lo señaló el Estado a la ACNUDH mediante un informe remitido por la Misión Permanente de El Salvador ante las Naciones Unidas y Otros Organismos Internacionales, en Ginebra, Suiza.

En el anexo 1 del documento, de 32 páginas, indica que en estas fechas “ocurrieron 89 homicidios en total; de los cuales, 84 se encuentran en fase de investigación inicial y 5 han sido judicializados”. Añade que “las investigaciones se tramitan” en 17 oficinas fiscales, siendo las de Ahuchapán, Santa Tecla, Santa Ana y Sonsonate las que más casos registran.

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe de Estado a la Comunicación Conjunta Con Referencia Al Slv 2/2022 de los Procedimientos Especiales Sobre Alegaciones de Presuntas Violaciones de Derechos Humanos o el Posible Riesgo de Ellas en el Marco del Régimen de Excepción y reformas a la Legislación Penal

Desde que se aprobó el régimen de excepción y tras cinco prórrogas, las autoridades no han dado mayores detalles públicamente de las investigaciones sobre esta escalada de violencia, tampoco sobre la judicialización de los casos.

En el referido informe, que responde a cuestionamientos de diferentes instancias de la ONU, se señala que las pandillas “implementaron una ‘estrategia de terror’, ejecutando entre el 24 y 27 de marzo una ola de violencia homicida indiscriminada, que segó la vida de al menos 92 personas”. 

Sin embargo, los datos proporcionados por el Estado salvadoreño presentan inconsistencias.

Las cifras publicadas por la Policía Nacional Civil (PNC) apuntan a que entre el 25 y 27 de marzo se cometieron 87 homicidios y no 89. El registro es de 14 el día 25; 62 el 26; y 11 el 27 de marzo. 

Si a los datos publicados en redes sociales por la PNC se le suman los 5 homicidios del 24 de marzo, el total llega a 92, como señaló el Estado en referido informe. Sin embargo, si se suman a los 89 que se indican en el texto, el total sería de 94.

Por otra parte, en esta respuesta dada a la ACNUDH se colocan elementos que las autoridades no habían señalado: se reconoce que la escalada de violencia comenzó el día 24 y no el 25, y se apunta que la cifra de homicidios fue superior a la dicha inicialmente. 

Fuente: captura de la página 25 del Informe de Estado a la Comunicación Conjunta Con Referencia Al Slv 2/2022 de los Procedimientos Especiales Sobre Alegaciones de Presuntas Violaciones de Derechos Humanos o el Posible Riesgo de Ellas en el Marco del Régimen de Excepción y reformas a la Legislación Penal.

Fuente: publicaciones de PNC en Twitter.

Agrega que las víctimas “han sido caracterizadas por las autoridades, así como por medios de comunicación -aún aquellos más críticos al quehacer gubernamental- como víctimas civiles, hombres, mujeres, jóvenes, miembros de comunidades y de una sociedad de gente buena, honesta y trabajadora, que ahora sufre el duelo de esas pérdidas”. 

Sin dar una interpretación, el informe solicitado al Gobierno el 1 de junio dice que la escalada de violencia homicida fue “sin duda, un mensaje expresado en el lenguaje de las pandillas”.

Lea acá el documento enviado por la ACNUDH al Estado salvadoreño.

LAS ALEGACIONES SOBRE EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

Fueron al menos 15 alegaciones comunicadas por la ACNUDH al Estado de El Salvador, de las que la primera se trataba sobre la justificación del régimen de excepción. A continuación se resumen las respuestas dadas al resto de señalamientos.

Sobre las medidas adoptadas para evitar detenciones arbitrarias, el Estado señaló que la Secretaría de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional Civil “creó el Plan General de Supervisión en aplicación al Decreto Legislativo No. 333, que contiene el Régimen de Excepción”.

También dice que esta secretaría, a través de la Unidad de Derechos Humanos, “elaboró el Decálogo Sobre el Uso de la Fuerza en Estado de Emergencia, que enumera diez conceptos retomados de los estándares internacionales”.

A modo de justificación de las detenciones sin órdenes de la Fiscalía o del órgano Judicial, se apunta que en el país existe una situación de “flagrancia permanente” para los supuestos miembros de pandillas.  Figura que el Gobierno no ha utilizado públicamente anteriormente.

Apunta a que esta “flagrancia permanente” la habilita desde 2010 la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal.

En referencia a las personas detenidas y que fallecieron bajo custodia estatal, el Estado admitió que sí se han registrado este tipo de muertes, pero no dio la cifra total. De acuerdo con publicaciones de medios e informes de la sociedad civil, son al menos 69 personas fallecidas en estas condiciones.

Captura de pantalla de la base de datos de la comunicación entre la ACNUDH y el Estado salvadoreño.

“El Estado comunica que las situaciones presentadas han dado lugar a investigaciones que se encuentran en proceso bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República; además de haberse activado la vía administrativa a través de la Inspectoría General de Seguridad Pública, con el fin de esclarecer los hechos y deducir la responsabilidad pertinente”, indica el texto.

El Estado salvadoreño no dio respuestas claras sobre las condiciones de las personas detenidas y se limitó a señalar las “verificaciones” hechas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CONNA).

La ONU preguntó al Estado sobre “las medidas para garantizar el derecho de las personas detenidas a cuestionar la legalidad de la detención, así como a asistencia legal y a un recurso efectivo contra las violaciones de sus derechos humanos que pudieran haber ocurrido”.

La respuesta fue que “a toda persona detenida durante el tiempo de vigencia del régimen de excepción le ha sido nombrado un defensor público, cuando no ha podido costearse la contratación de defensor particular”, pero se omitió señalar la realización de audiencias masivas.

Las organizaciones de la sociedad civil han denunciado la poca capacidad de la Procuraduría General de la República (PGR) para prestar auxilio jurídico, además de limitaciones en las audiencias por parte de los jueces.

Sobre las denuncias por detección arbitraria y tortura contra personas detenidas, el Estado señaló que la PDDH “no ha conocido información sobre la existencia o no de investigaciones judiciales o administrativas sobre detenciones arbitrarias, tortura, u otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes contra personas acusadas de delitos penales bajo custodia”.

Esta respuesta únicamente se refiere a la PDDH, pero no señala si efectivamente la PNC, Fuerza Armada o Fiscalía han abierto investigaciones relacionadas con torturas cometidas por agentes estatales. 

A  pesar que la mayoría de respuestas hacen referencia a la PDDH, el Estado nuevamente omitió información. 

De acuerdo con el informe 100 Días de Régimen de Excepción en El Salvador, del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA (OUDH),  la PDDH recibió al menos hasta el 24 de junio 1,891 denuncias por  vulneraciones al derechoa la libertad personal, de las que 1,673 de “detenciones ilegales y arbitrarias cometidas por funcionarios del Estado de cualquier tipo de autoridad”.

Fotografía de portada: https://twitter.com/merino_monroy/status/1560301174615572481/photo/3