El presidente Nayib Bukele publicó en Twitter una serie de tuits sobre el juez Godofredo Salazar, pero ignoró señalar las masivas condenas contra las pandillas emitidas por el juzgador y su petición de investigar los nexos de políticos con la MS13, incluidos los del Gobierno de Bukele.
Redacción Infodemia
El mismo día que el presidente Bukele pidió en Twitter remover “a los jueces cómplices del crimen organizado” y criticó al juez Godofredo Salazar por no permitir la proyección de una vídeos en un caso de 2019, la Corte Suprema lo removió del Juzgado Especializado “A” de San Salvador.
De acuerdo con reportes de El Faro y El Mundo, Salazar fue enviado al Juzgado de Primera Instancia de Ilobasco, Cabañas.
La petición de Bukele se dio después de que Salazar emitió un fallo absolutorio para 42 pandilleros por varios homicidios por “falta de pruebas” y la declaración inconsistente de un testigo bajo criterio de oportunidad, de acuerdo con información de El Mundo.
En sus tuits, el mandatario recordó que Salazar no permitió proyectar los videos y reproducir los audios en el marco del juicio de la Operación Cuscatlán, que según una nota de un medio oficialista que compartió el presidente, involucraban al exalcalde de San Salvador y exdiputado Normán Quijano. Pero omitió señalar que Quijano era procesado en ese juicio.
Sin embargo, el presidente obvió información sobre este caso que colocan sus publicaciones en la categoría de engañoso.
Una afirmación se considera engañosa cuando parte de datos ciertos, pero es expresada a medias con la intención de confundir, engañar o manipular. Además, no se proporcionan aspectos importantes.
“CONDENAS HISTÓRICAS”
En diciembre de 2019, Salazar condenó a 373 pandilleros de la MS13 a penas de hasta 74 años de prisión, incluido Borromeo Henríquez Solórzano, alías Diablito de Hollywood, perfilado por la Fiscalía General de la República como uno de los “cabecillas históricos” de la MS13.
También condenó a Elmer Canales Rivera, alias Crook; Saúl Antonio Turcios, alías Trece, y Dionisio Arístides Umanzor Osorio, conocido como El Sirra. Todos requeridos por Estados Unidos por delitos de terrorismo.
“Fiscales lograron históricas condenas de prisión contra imputados de Operación Cuscatlán”, tituló la Fiscalía una publicación en su sitio web en la que da algunos detalles de la sentencia.
Reporte de FGR sobre condena: https://www.fiscalia.gob.sv/fiscales-lograron-historicas-condenas-de-prision-contra-imputados-de-operacion-cuscatlan/
ACERCAMIENTOS CON MS13
Infodemia tuvo acceso a la sentencia definitiva de la causa penal 54/63-A-2019, referida a la “Operación Cuscatlán”. El juez Salazar llamó en su fallo a la Fiscalía a “asumir con responsabilidad el encomiendo legal de investigar en forma inmediata” la participación de “funcionarios, actores políticos, personas civiles e incluso a los mismos titulares de la entidad fiscal por eventuales omisiones al deber de investigar”.
“Resulta inaceptable perseguir en forma segmentada únicamente a miembros de pandillas, mientras en el caso de personas que tiene alguna connotación de importancia política o económica se conformen con citarles a rendir entrevistas o dar su ‘versión’ de los hechos, cuando tienen la verdadera calidad de imputados y deben responder en idénticas circunstancias”, indicó el juzgador (pág. 931).
En este juicio se conocieron, mediante la declaración del testigo protegido “Noé”, las negociaciones sostenidas por los partidos políticos en las elecciones de 2014 y 2015.
Salazar señaló que, respectó a la negociación entre partidos y pandillas, “resulta inferible irradió a la elección del titular de la alcaldía de San Salvador, de esa época, resultando obligatorio entonces, verificar la existencia de acercamientos de la pandilla MS, con el actual Gabinete de Gobierno” (pág. 932).
El juez no señaló nombres de funcionarios del Gobierno de Bukele. Sin embargo, en el requerimiento fiscal de la “Operación Jaque” de 2016 se menciona al actual alcalde de San Salvador y exministro de Gobernación, Mario Durán, y el director de Tejido Social, Carlos Marroquín.
El documento indica que el 21 de diciembre de 2015, el pandillero Edwin Ernesto Sedillos Rodríguez, alias Renuente, y otro identificado como Trucha se reunieron en un restaurante de pizza en el centro comercial Multiplaza con dos “representantes de la alcaldía de San Salvador”.
Se trataba de Carlos Marroquín Chica, quien se identificó como jefe de Reconstrucción del Tejido Social de San Salvador, quien actualmente es el titular de la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social del Gobierno.
El otro participante era Mario Edgardo Moran Gavidia, quien se identificó como concejal de la alcaldía de San Salvador. Actas de sesiones de esta comuna señalan que el nombre completo de Mario Durán es Mario Edgardo Durán Gavidia.
Actas consejo municipal de San Salvador: http://www.sansalvador.gob.sv/phocadownload/userupload/secretaria/Acta-Extraordinaria-9-agosto-2015.pdf
Esta es la lista de todos los funcionarios, exfuncionarios y civiles que el juez Salazar pidió a la Fiscalía investigar e individualizar sus papel:
Mauricio Funes, Salvador Sánchez Cerén, Arístides Valencia, David Munguía Payes, Benito Lara, Paolo Luers, Jorge Velado, Norman Quijano, Ernesto Muyshondt, Ernesto Angulo, José Luis Merino y Medardo González.
