En 2019, cuando Nayib Bukele asumió la presidencia de El Salvador, recetó una “medicina amarga” para curar los males que presentaba el país. Cinco años después, la prescripción ha provocado autoritarismo, violaciones a los derechos humanos y medidas económicas polémicas.
En resumen:
- Analistas ven retrocesos en materia de democracia, transparencia, balance de poderes.
- Las acciones emprendidas por el bukelismo socavaron la independencia judicial y propiciaron el declive de la democracia.
- Los salvadoreños desconocen los principios democráticos, según una reciente encuesta.
Por Andrea Escobar
El presidente Nayib Bukele cumplió su promesa de dar medicina amarga a los salvadoreños durante su administración, sin embargo, para algunos analistas, los principales receptores de la receta fueron las instituciones del Estado y las personas más vulnerables.
“Nuestro país es como un niño enfermo. Nos toca ahora a todos cuidarlo. Nos toca ahora a todos tomar un poco de medicina amarga”, dijo Nayib Bukele en su primer discurso como presidente ante una abarrotada plaza Gerardo Barrio, el 1 de junio de 2019,
La medicina amarga que Bukele ha administrado durante un lustro de gobierno ha estado marcado por la violación de derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza, irrespeto a la Constitución, la falta de rendición de cuentas y transparencia y ataques a sus opositores, afirman especialistas consultados por Infodemia.
El abogado y presidente de la organización Acción Ciudadana (AC), Eduardo Escobar, indicó que el problema de la llamada medicina amarga es que fueron acciones que se realizaron con el propósito de mejorar los problemas en el país, pero que no hubo planificación previa.
“No hubo una política pública, no se valoraron aspectos de derechos humanos y democracia, sino que, simplemente, por obtener un resultado para vender el logro de cara a las elecciones”, expresó.
Según Escobar, es la población más vulnerable quienes han sido afectadas, entre ellas familias desplazadas en la zona costera, en las obras de construcción del proyecto del aeropuerto del Pacifico, personas despedidas de las instituciones y últimamente las personas sin vínculos de pandillas detenidos en el marco del régimen de excepción.
“Las comunidades donde se han construido obras de infraestructura y la gente de las comunidades más empobrecidas donde sus familiares han sido detenidos sin estar vinculadas con pandillas son quienes han salido afectados”, manifestó a Infodemia.
El último dato compartido por el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, indicó que durante el régimen de excepción los cuerpos de seguridad del Estado han detenido a 80.350 presuntos pandilleros.
Para la defensora de derechos humanos Celia Medrano la imposición de objetivos políticos mediante fuerza militar ha sido llevada a un nivel de práctica permanente con un régimen que inicialmente se planteó para contrarrestar la delincuencia común.
“Ahora se utiliza para amedrentar a cualquier persona o sector que reclame por sus derechos”, sostuvo Medrano.
“El actual régimen, ya consolidado con más de dos años de anulación permanente de garantías constitucionales en materia de institucionalidad democrática y derechos humanos, no sólo violenta derechos individuales, sino que violenta derechos colectivos”, finalizó.
‘DEMOCRACIA EN DECLIVE’
El domingo 9 de febrero de 2020, Bukele ingresó al salón azul de la Asamblea Legislativa junto con soldados y policías armados con el fin de presionar a los diputados de mayoría opositores para que le aprobaran recursos financieros para su ofensiva contra las pandillas.
“El 9F marca para El Salvador la militarización de la política, es decir, la imposición de decisiones y objetivos políticos por medio de fuerza militar”, dijo Medrano a Infodemia.
Meses después, en el marco de las medidas de contingencia del COVID-19, Bukele utilizó a la policía y soldados para detener a salvadoreños que violaban la cuarentena obligatoria y los confinó en hacinados centros de contención.
Además, prohibió por varias semanas el ingreso salvadoreños varados en el exterior por la crisis de salud que afectó a todo el mundo a pesar que la Sala de lo Constitucional de la Corte de Suprema de Justicia declaró inconstitucionales muchas de las medidas que implementó durante el período de emergencia.
Bukele arremetió contra diputados y magistrados de la Corte, acusándolos de bloquear su plan de protección de los salvadoreños. Su estrategia le dio réditos políticos en las elecciones.
Tras una arrasadora victoria en los comicios legislativos de 2021, desde el bukelismo se promovió la destitución ilegal de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General.
Los diputados oficialistas de Nuevas Ideas y sus aliados también reformaron la ley para depurar a jueces y fiscales por edad o años de servicio. Muchos jueces, como el juez de instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, que llevaba el caso de la masacre de El Mozote fueron removidos.
Pese a que la Constitución prohíbe en al menos seis artículos la reelección inmediata, en septiembre de 2021, los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional impuestos por los diputados interpretaron que Bukele podía reelegirse
“Esto demuestra una estrategia clara para socavar la independencia judicial y eliminar un contra peso crítico del poder Ejecutivo. Un principio fundamental de la democracia son los tres poderes del gobierno por lo que un debilitamiento de la independencia del poder judicial es muestra de una democracia en declive en El Salvador”, criticó en septiembre de 2021 la entonces encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos, Jean Manes.
Durante cinco años, otras instituciones del Estado, como el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Corte de Cuentas y el mismo Tribunal Supremo Electoral perdieron independencia frente a Casa Presidencial.
En una reciente encuesta del Instituto de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana preguntaron a los ciudadanos sí podrían definir con sus propias palabras ¿qué es la democracia?, pero el 42.1% no sabía qué era.
Un 19.6% contestó que era libertad de expresión, 9.6% dijo que era poder elegir gobernantes, un 5.7% pensaba que era vivir en paz y solo un 4.8% sostuvo que era el poder del pueblo.
“Los datos muestran que dos quintas partes de la población salvadoreña no logran definir con sus propias palabras qué es la democracia”, señaló.
Tabla tomada de la encuesta postelectoral 2024 del IUDOP.
“En términos democráticos, de transparencia y en estado de derecho, no veo nada que aplaudirle a la gestión del presidente”, manifestó Eduardo Escobar.
