En el distrito de Ayutuxtepeque existen dos comunidades semirurales conectadas a penas por tuberías de agua que la gente utiliza para transitar. En el lugar todavía se observan grafitis de la pandilla Barrio 18 Revolucionarios como testigos visibles de un pasado marcado por la violencia y el dominio de estos.
En resumen:
- En Ayutuxtepeque, grafitis de la pandilla 18 Revolucionarios aún son visibles en paredes y tubería, reflejando un pasado reciente de violencia.
- Pese a que en el lugar no se observa presencia de pandilleros, los lugareños aún temen que en la zona se les vincule con las estructuras debido al régimen de excepción.
- Las reformas a la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas, aprobadas en 2023, penalizan cualquier expresión visual vinculada a pandillas con hasta 15 años de prisión.
Por Diego Rosales y Andrea Escobar
Sobre la superficie de paredes y tubería de agua que conectan a dos comunidades marginales del distrito de Ayutuxtepeque aún permanecen visibles dos dígitos pintados con espray de color negro que los pandilleros del Barrio 18 facción revolucionarios marcaron para indicar que ese territorio estaba bajo su dominio.
Los habitantes de las comunidades El Zapote y Los Llanitos caminan a diario por el lugar para llegar a sus trabajos y escuela, lo que les recuerda un pasado reciente de violencia y el yugo de vivir bajo el dominio de estas estructuras criminales, que por décadas asesinaron, desaparecieron y extorsionaron a los vecinos.
Los caminos serpentean entre la maleza y el lodo. La vía es estrecha y en muchos tramos han improvisado veredas con costales de arena o varas de bambú. Durante la temporada de lluvias, estas sendas se convierten en lodazales resbalosos que complican la movilidad.
Rosa (nombre ficticio por razones de seguridad) una fisioterapista de 54 años comentó a Infodemia que por más de una década no ingresaba a la comunidad Los Llanitos pese a tener familiares y clientes que viven en el lugar debido al peligro de ser perseguida por “los muchachos”.
Rosa evadía ir a la comunidad porque ella reside en un territorio donde dominaba la rival Mara Salvatrucha (MS-13) y aunque ella no pertenece ni colaboraba, visitar el lugar significaba un riesgo, ya que los pandilleros de la 18 controlaban la entrada y la salida de quienes transitaban por Los Llanitos y El Zapote.
“Aquí era difícil. Aunque me pidieran que bajara a dar terapia yo no venía”, comentó.
Ernesto (nombre ficticio por razones de seguridad) nació en 1967 en el cantón Los Llanitos, cuando la comunidad aún conservaba la calma de un pueblo pequeño. Durante décadas, ha sido testigo del cambio constante en su entorno, desde la tranquilidad de sus primeros años hasta el caos que trajo el control de las pandillas en la zona.
Dice que la policía estaba presente, pero su efectividad era limitada. “Una vez aquí detuvieron un carro lleno de armas, (a los responsables) los agarraron y los amarraron. Pero con una llamada, les dijeron que los dejaran ir y días después, los policías involucrados ya habían sido trasladados a otra delegación”, comentó Ernesto a Infodemia.
“Estas cosas hacían que la gente no denunciara, porque era como una sentencia”, agregó el lugareño.
Ernesto, quien forma parte de la junta directiva de Los Llanitos, explicó que con el tiempo la comunidad intentó fomentar la unidad mediante actividades como torneos deportivos, buscando establecer una relación de respeto entre los vecinos y los grupos que controlaban el área.
El lugareño cuenta cómo las pandillas controlaban Los Llanitos exigiendo “renta” a negocios y camiones repartidores. También recuerda asesinatos en la zona que sembraron miedo y llevaron a muchos a abandonar la comunidad.
Pero tras un repunte histórico de homicidios en un solo fin de semana que le costó la vida a 87 personas el país, el presidente Nayib Bukele impulsó un polémico régimen de excepción para combatir a las pandillas, llamadas “maras”.
Desde entonces, la Asamblea Legislativa ha aprobado más de 30 prórrogas, lo que ha permitido a los cuerpos de seguridad del Estado detener a más de 80.000 personas, más del 2% de la población adulta del país. Organizaciones de derechos humanos han denunciado la detención de miles de personas inocentes que no tienen vínculos con las pandillas.
A inicios de noviembre, Bukele dijo durante una visita oficial en Costa Rica que las autoridades han liberado a 8.000 personas.
Pese a que en las comunidades El Zapote y Los Llanitos no se observa presencia de pandilleros, solo las viejas marcas y los números, los lugareños aún temen que en la empobrecida zona se les vincule las estructuras debido al régimen de excepción.
Ernesto aseguró que con el estado de emergencia vigente, la violencia ha disminuido, pero también señaló que personas inocentes han sido detenidas, incluido un joven que trabajaba en la zona y lleva cuatro meses bajo arresto.
Borrados de grafitis
La actual Dirección de Centros Penales (DGCP) continuó una campaña de borrado de grafitis impulsado por el gobierno del expresidente Salvador Sánchez Cerén en comunidades y vecindarios que permanecían bajo la influencia de pandillas.
Sin embargo, muchas de esas pinturas y marcas fueron reemplazadas por otras.
Con la recuperación de los territorios por parte del Estado y las mejoras en la seguridad por la ofensiva lanzada por Bukele, las brigadas de limpieza y borrado han incrementado sus acciones. Para ello ha utilizado a cuadrillas de reos en fase de confianza y personal de la policía.
Las autoridades actuales han eliminado cientos de pintas en los barrios y hasta destruido tumbas con alusiones de pandillas, acciones que son aplaudidas por los salvadoreños. En su lugar, los vecinos y organizaciones civiles han pintado coloridos murales para olvidar el pasado de violencia.
En colonias consideradas de alto riesgo, como La Campanera, San José, La Zacamil, La Málaga en las periferias de San Salvador, las paredes de las urbanizaciones están retomando bríos.
No obstante, los grafitis permanecen visibles en estas comunidades de Ayutuxtepeque, donde algunas de las viviendas están construidas con láminas corroídas por el tiempo, otras con bloques de cemento que apenas sostienen sus techos. Aunque las tuberías abastecen de agua potable a otras zonas, los habitantes locales enfrentan precariedades en el suministro, ya que el agua no llega diariamente.
“Acá no han borrado todos los grafitis. Se sabe que los que los hacían ya no están, pero parece que siempre dejaban rastro en las paredes o tuberías”, dijo Ernesto a Infodemia.
Infodemia contactó por teléfono a la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la DGCP para conocer detalles del plan de borrados de grafitis, sin embargo, al cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta por parte de la institución.
La presencia de los grafitis asociados a pandillas ha sido abordada por las autoridades con reformas legales recientes. En abril de 2023, la Asamblea Legislativa aprobó enmiendas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, con el objetivo de eliminar cualquier forma de expresión visual relacionada con grupos delincuenciales.
Estas reformas establecen penas de 10 a 15 años de prisión para quienes participen en la elaboración o promoción de grafitis alusivos a pandillas.
“Asimismo, se declaran ilegales los textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquierforma de expresión visual, plasmada en propiedad pública o privada, que explícita o implícitamente transmitan mensajes relacionados a las diferentes agrupaciones, o asociaciones criminales a las que se refiere el presente artículo”, reza el artículo 1 de la Ley de proscripción de maras.
“A partir de la aprobación de la reforma a la Ley de proscripción de maras y pandillas están prohibidos estos símbolos, no se puede tener símbolo de pandilla en ningún lado, ni grafiti, ni en la casa, ni en el cuerpo, ni en la tumba”, dijo Bukele a través de X en marzo de 2023.
