Los registros de las vulneraciones recopilados por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) desmienten lo expuesto por la Fiscalía ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y colocan su afirmación como falsa.
Redacción Infodemia
Uno de los tres representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) presentes en la audiencia afirmó ante la CIDH que el Estado de El Salvador “bajo ningún concepto se ejerce persecución, hostigamiento o estigmatización” contra periodistas.
“El Salvador es un Estado respetuoso de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, por lo que no se realiza ninguna injerencia en el ejercicio de la función periodística e investigativa de cualquier medio nacional e internacional con independencia de su línea editorial ”, agregó el representante de la FGR.
La FGR delegó su representación en Néstor Guzmán, director de Asesoría Jurídica; Jaime Rivera, jefe de la Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Física de San Salvador, y Francisco Guerrero, fiscal de derechos humanos.
Esta declaración fue dada en el marco de la audiencia pública “La situación de los derechos humanos en el contexto de la vigilancia cibernética en El Salvador”.
Miembros de organizaciones civiles salvadoreñas e internacionales, como Amnistía Internacional y AccesNow, señalaron a la CIDH el uso del programa Pegasus contra periodistas y defensores de derechos humanos en El Salvador.
En su declaración, el delegado del Estado obvió mencionar los registros públicos de la APES y las alertas emitidas por diversos organismos internacionales sobre la situación adversa para la libertad de prensa en el país.
El Centro de Monitoreo de Agresiones contra Periodistas de la APES da cuenta de las agresiones contra la prensa y sus datos indican que la situación se ha agravado en los últimos años.
Las vulneraciones contra la libertad de prensa pasaron de 65 a 219 entre los años 2018 y 2021, esto significa un incremento del 237 %.
Las denuncias recopiladas por la APES colocan a miembros de instituciones del Estado como los principales agresores. Entre estos destacan agentes de la Policía Nacional Civil (42), funcionarios públicos (32), diputados de la Asamblea Legislativa (18) y empleados públicos (9).
Las principales vulneraciones denunciadas son restricciones al ejercicio periodístico (102), intimidaciones (20), declaraciones estigmatizantes (19) y bloqueo al acceso de información pública (15).
VULNERACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) también ha recopilado casos de ataques a periodistas y un informe envíado a la Asamblea Legislativa en la legislatura 2018-2021 resume al menos 20 “casos registrados de afectaciones a derechos humanos de personas periodistas en los años 2019 y 2020”.
De estos casos, 17 son atribuidos a miembros de entidades estatales, principalmente de la Fuerza Armada (4), Policía Nacional Civil (6) y la Presidencia (4).
Este mismo documento señala que durante la emergencia por la pandemia de la covid-19 se dieron 10 casos de “restricciones” al ejercicio periodístico. Los agresores identificados por la PDHH son el Gobierno (4), Fuerza Armada (2), Policía (1), empleados públicos (2) y secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria (1).
La PDDH identificó 8 “patrones de actuación del Estado que restringen el derecho a la libertad de prensa” en el marco de la emergencia sanitaria, de estas destacan:
- Restricciones a realizar preguntas en las conferencias de prensa realizadas por el Gobierno.
- Destrucción de material periodístico por elementos de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional Civil a periodistas de radios comunitarias.
- La Presidencia impidió la realización de entrevistas a algunos funcionarios, para ampliar información.
- Publicaciones estigmatizantes en redes sociales contra comunicadores y radios comunitarias por funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia.
- Bloqueos en redes de periodistas y representantes de la APES.
- Ataques a mujeres periodistas “por poseer una línea editorial muy crítica ante las actuaciones del órgano Ejecutivo”.
“Según lo verificado por esta Procuraduría, las expresiones dirigidas a la desacreditación de labor periodística, son acciones gravísimas, que impiden el desarrollo de la libertad de prensa y que la población conozca diversos puntos de vistas sobre el análisis de la realidad en el contexto de la pandemia, por lo tanto, las recomendaciones de la Comisión Interamericana no son cumplidas actualmente por las autoridades estatales”, afirmó el titular de la PDDHH, Apolonio Tobar.
MINISTRO RECONOCIÓ “SEGUIMIENTO”
En junio de 2021, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que las autoridades hacen un “seguimiento” de periodistas por sus publicaciones vinculadas con temas de violencia, porque, a su juicio, la libertad de expresión “tiene su límite”.
“Vivimos en libertad de expresión, pero todo tiene su límite y sí, le estamos dando seguimiento a muchos periodistas”, dijo en una entrevista con Punto de Vista KL y añadió que se trata de publicaciones con “una clara intención de generar apología”.
Agregó: “Nosotros tenemos que estar monitoreando constantemente” y “no podemos hablar de ética con este tipo de periodismo”.
No es la primera vez que funcionarios del Gobierno, incluido el presidente Nayib Bukele y el videpresidente Félix Ulloa, intentan dictar desde diversas plataformas la manera en la que se debe hacer periodismo.
ALERTAS INTERNACIONALES
Diversos organismos internacionales han mostrado su preocupación por la libertad de prensa en El Salvador, entre ellos la CIDH, Human Watch Rights (HWR) y la ONU.
El 31 de enero pasado, CIDH, su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresaron su “preocupación ante los nuevos hallazgos sobre la utilización de software malicioso Pegasus” contra periodistas y organizaciones sociales.
Comunicado: La CIDH, RELE y OACNUDH expresan preocupación.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó a inicios de febrero sobre las “graves” implicaciones para la libertad de prensa de las reformas al Código Procesal Penal para crear la figura del “agente encubierto digital”, que para la APES fue una manera de “legalizar el espionaje”.
La misma SIP señaló en octubre de 2021 sobre el incremento de “los abusos, atropellos, amenazas, restricciones y hostilidad contra los medios de comunicación y los periodistas” por parte del Gobierno de Nayib Bukele.
Comunicado SIP: Graves implicancias para la libertad de prensa en El Salvador.
Un informe de HWR, publicado en diciembre pasado, afirma que el presidente Bukele “viola la libertad de expresión y el derecho de acceso a la información” con el bloqueo de críticos de su Gobierno en las redes sociales
“Estos bloqueos constituyen una violación de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información y a participar en el debate público”, sostuvo la organización.
Informe HWR: El Salvador: Bloquean a críticos en las redes sociales.
La denuncias recopiladas por la APES, que gozan de reconocimiento de entidades internacionales, los casos documentados por la PDDH, las alertas internacionales y las declaraciones de funcionarios permiten concluir que las afirmaciones del representante de la Fiscalía ante la CIDH son falsas.
Los datos indican que el Estado, por medio de funcionarios, sí persigue, estigmatiza y hostiga a quienes ejercen el periodismo.
