Angélica Cárcamo
La Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó la noche del domingo y con dispensa de trámite la ampliación del régimen de excepción bajo el argumento que aún se mantienen las condiciones que propiciaron su aprobación. La afirmación es falsa dado que el primer decreto legislativo únicamente hace referencia al alza de homicidios.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó a finales de marzo un régimen de excepción por 30 días, la razón: una ola de asesinatos entre el 25 y 27 de marzo que dejó 87 homicidios. El Gobierno de Nayib Bukele atribuyó la escalada a las pandillas y para controlarla pidió la suspensión de garantías constitucionales.
La Constitución señala que esta suspensión de garantías constitucionales se puede ampliar por un período igual solo “si continúan las circunstancias que la motivaron”. En este caso, la circunstancia que motivó su aprobación fue “un incremento desmedido en el alza de homicidios”.
El Gobierno de Bukele reconoció en su propuesta de prórroga que las medidas adoptadas han tenido un “exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de quince mil terroristas”. Es decir, la causa que motivó el régimen fue superada.
Sin embargo, apuntó que “el alza de homicidios fue el punto culminante de la ola de inseguridad que atraviesa la población salvadoreña”, pero que “esta última se mantiene a pesar de las capturas y la disminución de homicidios a la fecha”.
Agregó que la referida “ola de inseguridad” se mantiene “debido a que la mayoría de terroristas aún continúan en libertad”.
Por otra parte, el decreto legislativo N° 333, con el que se dio luz verde al régimen de excepción, no hace referencia en sus considerandos a ninguna circunstancia que no sea el alza de homicidios.
El documento únicamente menciona “un repunte de hechos violentos en todo el territorio nacional por parte de estructuras delictivas” y una “grave emergencia que se ha generado en nuestro país en las últimas horas, debido al incremento de homicidios que está afectando a la población”.
Sin esta escalada, la situación de inseguridad que enfrentaba el país era la misma que el Gobierno atendió con el Plan Control Territorial.
Es decir, al comparar las razones dadas por el Gobierno para ampliar el régimen de excepción con el decreto original es posible señalar que la afirmación de que las circunstancias que motivaron esta medida se mantienen es falsa.
Para la experta en derechos humanos Celia Medrano, la prórroga del régimen “confirma que la militarización de la seguridad pública se ha consolidado y será permanente”.
“Con esta nueva prórroga se ratifica la vulneración a la Constitución de la República y se avecinan nuevas violaciones a DDHH, un costo que al Gobierno no le preocupa pagar en función de sostener su imagen ante una población cada vez más temerosa, orillada a someterse o a huir, como ya lo han hecho 22 mil 300 salvadoreños detenidos en la frontera sur de USA tan solo en el primer trimestre de este 2022”, explicó Medrano.
