Una demanda impulsada por el empresario Yakov Fauster contra El Diario de Hoy (EDH) y el periodista Jorge Beltrán Luna podría marcar un retroceso contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, según fuentes consultadas por Infodemia. Acá te explicamos.
Por Tania Ortiz
Resumen
- APES condena la demanda y la acusa como un “acto de persecución a la prensa”.
- Una resolución contra EDH y su periodista estaría generando una antecedente judicial que marcaría la pauta para futuras demandas.
- La Ley de reparación por daño moral establece que no producen daño moral los juicios desfavorables de la crítica periodística, ni los conceptos desfavorables expresados o difundidos cuando se ejerce la labor informativa.
El empresario salvadoreño de origen israelí, Yakov Fauster, mantiene una demanda civil por $10 millones de dólares en contra de El Diario de Hoy (EDH) y el periodista Jorge Beltrán Luna por la reparación de daños a la moral supuestamente provocados por una nota periodística.
La demanda sigue su curso, pese a que el medio escrito ya cumplió con los procesos que exige la ley, como el derecho de respuesta y de reparación del honor, es por esa razón que expertos legales consultados por Infodemia y el principal gremio de periodistas considera que la medida busca silenciar a la prensa y sentar un precedente de hostigamiento judicial.
Tras realizar la audiencia preparatoria a inicios de diciembre de 2023, el Juzgado Primero de lo Civil y Mercantil de San Salvador resolvió que el caso avanzará a la fase probatoria del proceso civil, que es en la que se emite un fallo.
EL CASO EN DEBATE
EDH fue demandado por la publicación de la nota “Familiar de director del OlE, vinculado a empresa de espionaje en México”, que fue publicada el 14 de enero de 2022. Familiar de director del OIE, vinculado a empresa de espionaje en México | Noticias de El Salvador – elsalvador.com
Esta publicación del rotativo fue elaborada con base a una investigación periodística de la revista mexicana Proceso, publicada el 18 de diciembre de 2020, titulada “México, paraíso de las empresas israelíes de ciberespionaje”, en la cual señalaban supuestas ventas de programas de ciberespionaje a instituciones del Estado mexicano durante los mandatos presidenciales de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Los programas de ciberespionaje sirvieron para vigilar a opositores, activistas y periodistas en el país norteamericano, según Proceso.
En abril de 2022, EDH concedió al empresario Fauster un derecho de respuesta, en el cual en cuatro puntos desmintió las argumentaciones en el artículo periodístico.
Derecho de respuesta – Noticias de El Salvador
Para el abogado Jonatan Sisco, es “un problema que el órgano judicial admita este tipo de demandas” a raíz de que, a su juicio, se habría subsanado el derecho al honor del empresario en la forma en que establece la Ley especial del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta. También advirtió que esta admisión generaría autocensura entre la prensa.
“Se debe respetar el derecho de respuesta de las personas precisamente para esto nació esta ley, pero alegar que hay daño moral cuando ya se ha restablecido el derecho, eso no es coherente”, agregó.
Añadió: “Si nosotros como país nos vamos encaminando a que por cada noticia que se publica, los medios y periodistas van a ser demandados, eso puede incidir de manera negativa, ya que temas importantes del país ya no van a ser abordados”, como los relacionados con “presuntos actos de corrupción, presuntas negociaciones ilícitas, tráfico de influencias y algunas conductas ilegales” atribuidas a funcionarios y sus familiares.
“Este es el grave peligro: se puede dar la situación de que utilicen la institucionalidad del estado para intimidar a periodistas, a personas que ejercen una profesión legal”, subrayó Sisco.
De acuerdo con Gabriel Labrador, relator de Libertad de Expresión de la APES, el proceso civil “es súper grave, es un retroceso enorme contra la libertad de expresión y libertad de prensa”.
“Consideramos nefasto, peligroso y contrario a las más elementales convenciones de derechos humanos en materia de libertad de expresión e información todo precedente judicial que criminalice o condene civilmente a medios de comunicación o periodistas por su labor de mantener a la población informada”, dijo el relator de la APES.
También sostuvo que “el gran peligro de esta demanda es que estos artículos que prohíben los procesos por reparación de daños morales se convertirán en letra muerta, y eso abrirá el camino para que haya más demandas contra periodistas y medios de comunicación aun cuando las leyes lo prohiban”.
Fuente: captura de pantalla del artículo que fue retomado por EDH.
¿QUÉ DICE LA LEY?
La Constitución de la República en el artículo 6 protege el derecho a la libertad de expresión, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Por ejemplo, que no se vaya a violar el derecho al honor y a la intimidad de la persona; además reconoce el derecho de respuesta como integrante del derecho a la libertad de expresión y de información.
De acuerdo a la legislación nacional, “el derecho de rectificación o respuesta es aquel que se reconoce a una persona natural o jurídica, cuando se considere perjudicada por una información o noticia que no corresponda a hechos ciertos, en la que se utilicen términos o expresiones agraviantes u ofensivas, publicadas o difundidas por un medio de comunicación, provenientes de terceros o por espacios de campos pagados”.
Este derecho le permite exigir la inserción gratuita de la correspondiente rectificación o respuesta, en el mismo medio de comunicación, en similar forma en que fue comunicada o publicada, de acuerdo a la presente ley.
En junio 2023, Fauster inició un proceso judicial en contra de Editorial Altamirano Madriz S.A. de C.V, y el periodista Jorge Beltrán Luna de rectificación ante el Juzgado Primero de Paz y Mercantil de San Salvador bajo el argumento de no estar conforme porque buscaba una disculpa pública, lo cual no está regulado por la ley.
La demanda fue interpuesta por la apoderada legal de Fauster, Jacqueline Aquino Palacios, quien el 26 de noviembre del 2019 fungió como apoderada legal del presidente Nayib Bukele. De acuerdo a publicaciones de EDH, Fauster es padrastro de Peter Dumas, director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), nombrado en ese cargo desde junio de 2019.
Está previsto que el 21 de febrero se desarrolle la audiencia probatoria y en ella se emitirá una resolución.
