La democracia de un país no se mide únicamente por la periodicidad de sus elecciones o por el número de votantes. Su salud e integridad también se conocen por el nivel de respeto a los derechos fundamentales de sus ciudadanos, como la libertad de expresión, de prensa y el acceso a la información pública.
En El Salvador, estas garantías reconocidas ampliamente en el panorama internacional experimentan un deterioro acelerado debido a la urgencia del Estado salvadoreño, casi en su totalidad bajo la influencia del Gobierno, de mantener una narrativa única que deriva en la opacidad de su gestión.
No son pocas ni insignificantes las voces que lo señalan y la evidencia es pública.
En el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), El Salvador bajó ocho puestos en su medición, hasta el lugar 82. Esta es una de las caídas más pronunciadas del mundo en el marco de la pandemia de la COVID-19.
“Los funcionarios hostigan y amenazan a los periodistas que intentan investigar la corrupción o las finanzas del gobierno”, señala la organización y advierte la estrategia del Ejecutivo de “crear la imagen de la prensa enemiga del pueblo: un juego extremadamente peligroso”.
Las valoraciones de otras instancias, como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son, incluso, menos alentadoras.
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) sufrió en los últimos años un declive en su papel de actor independiente y de garante del respeto a la transparencia por parte de los entes obligados, convirtiéndose así en en una especie de instituto de la opacidad pública.
Entre las anomalías más notables que salpican al IAIP se encuentran la elección irregular de comisionados propietarios, además del aumento en la cantidad de información reservada.
Los datos de experiencia laboral de un funcionario son puestos bajo reseva, así como todo lo relacionado con la gestión gubernamental de la pandemia, el uso de recursos públicos para adoptar la criptomoneda bitcóin, el gasto en publicidad y un largo etcétera.
Todo apunta a que vulnerar el derecho ciudadano de conocer los pormenores de la gestión pública es un propósito, un objetivo o un fin, como quizá lo fue en otras gestiones, pero sin el éxito actual.
Otro grave retroceso es la falta de respeto a la labor periodística. Por ejemplo, en 2018 el gremio registró 65 vulneraciones y en lo que va del 2021 (18 de octubre) la cifra llegó a los 200 casos, según el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas de la APES.
Lo alarmante es que en 2018 la mayoría de las vulneraciones provenían de pandillas y abuso de la fuerza policial. En 2021, la mayoría de los casos se atribuyen a representantes del Estado salvadoreño en general.
¿Es normal que en una democracia sana sea el Estado quien más ataque a la prensa y sustituya al crimen organizado en el papel de principal agresor?
Y aunque las declaraciones estigmatizantes, negación de información, actos de censura a la prensa por parte del órgano judicial o la requisa de equipos de trabajo por parte de la Policía son la norma, lo cierto es que la prensa está realizando su trabajo con profesionalismo, profundidad y sigue en su labor de educación de la ciudadanía.
Al panorama de vulneraciones se suma el arsenal de medios de comunicación gubernamentales-alejados del concepto de medio estatal- y medios falsos en las redes sociales que funcionan como un solo aparato de desinformación al no transparentar el uso de los fondos generados con los impuestos de la ciudadanía y sumarse a una narrativa única y cómoda.
En este contexto surge Infodemia, un sitio especializado en periodismo de verificación, que busca ser la primera agencia mediática salvadoreña que se dedica a la verificación del discurso público y de contenidos, a la investigación, innovación y alfabetización en entornos tecnológicos para promover la transparencia y la pluralidad.
Las actividades de Infodemia se rigen por los estándares internacionales de verificación (fact-cheking, en inglés), el periodismo de datos y los principios deontológicos plasmados en el Código de Ética de la APES y las recomendaciones de la Red Ética Periodística de la Fundación Gabo.
Sirva nuestro nombre* para recordar el exceso de información, en gran parte falsa, que reciben las sociedades actuales, también herederas del “modelo autoritario” del expresidente estadounidense Donald Trump, como lo llamó recientemente la SIP, para relacionarse con la prensa y del fantasma de la posverdad.
Le damos la cordial bienvenida a este espacio en el que se busca hacer periodismo como antídoto contra la desinformación.
*Infodemia: término formado por las voces información y epidemia para referirse, según la Fundación del Español Urgente (Fundeú), a la “sobreabundancia de información (alguna rigurosa y otra falsa) sobre un tema”.
