Al menos 80 familias de pescadores y campesinos enfrentan el riesgo de perder su hogar debido a la falta de programas estatales de conservación frente a la crisis climática.
El Gobierno de El Salvador prometió destinar los ahorros de una conversión de deuda para la restauración del principal río del país por $350 millones . A un año del anuncio, las comunidades dicen que falta información pública, señalan ambigüedades institucionales y contradicciones ambientales sobre su impacto real.