Los expertos de la ONU señalaron que la reserva total del caso judicial impide el derecho a defensa y que el caso refleja un patrón de control social para silenciar a las mujeres en la esfera pública.
El Gobierno salvadoreño dice que está buscando convertir al país en un centro tecnológico para desarrollo de software, inteligencia artificial y bitcóin, pero dice no tener los documentos relacionados con el reciente nombramiento como asesor presidencial de un supuesto experto.
