El Informe Anual 2026 de Amnistía Internacional señala que en El Salvador “se consolidó un modelo represivo marcado por la prolongación del estado de excepción”.
El Gobierno de El Salvador prometió destinar los ahorros de una conversión de deuda para la restauración del principal río del país por $350 millones . A un año del anuncio, las comunidades dicen que falta información pública, señalan ambigüedades institucionales y contradicciones ambientales sobre su impacto real.
