Según un reciente informe, desde marzo de 2022 hasta abril de 2024, más de 3.000 menores de edad han sido detenidos, muchos de ellos sin conexión con las operaciones abusivas de las pandillas.
En resumen:
- El régimen de excepción, adoptado en marzo de 2022, ha resultado en graves abusos en contra de niños, niñas y adolescentes detenidos en comunidades de bajos ingresos.
- Más de 1.000 niños han sido condenados durante el estado de excepción, con sentencias que van desde los 2 a los 12 años de prisión.
- Las fuerzas de seguridad han sometido a muchos de estos niños a graves violaciones de derechos humanos durante el arresto, la detención e incluso después de su liberación.
Por Andrea Escobar
Laura Turcios tenía 14 años cuando fue detenida en junio de 2022 mientras realizaba las tareas de la escuela en la casa de uno de sus compañeros en una zona rural de Santa Ana. En la vivienda habían cinco menores más, a los cuales, los soldados acusaron sin pruebas de agrupaciones ilícitas.
“Llegaron los soldados y los acusaron de agrupaciones ilícitas. En el reporte, dijeron que los habían visto en la calle sospechosos”, narró a Infodemia Roxana Cardona, abogada defensora de Laura, un nombre ficticio utilizado por razones de seguridad.
Un mes más tarde, Laura fue llevada a un centro de menores de Santa Ana. Sus otros cuatro compañeros también fueron detenidos.
Mientras Laura estaba dentro del recinto recibió un golpe en la cabeza de parte de una interna en un intento de abusar sexualmente de ella. Laura pasó una semana en el hospital. “Ni los jueces, ni yo, ni los padres se dieron cuenta, nadie se dio cuenta”, afirmó la abogada.
“No denunció por miedo. Para ella fue una pesadilla que no terminó”, mencionó Cardona. Laura logró salir a los seis meses absuelta, pero nunca quiso hablar con nadie del intento de violación que vivió. Ella actualmente ya no reside en su lugar de origen, tuvo que desplazarse a otra zona.
Imagen de referencia / foto por Diego Rosales
Policías y soldados han llevado a cabo innumerables redadas, particularmente en comunidades vulnerables donde la violencia de las pandillas era una presencia constante, deteniendo a más de 3.000 menores de edad durante el régimen de excepción derivando en casos de tortura y malos tratos, señaló la organización Human Rights Watch (HRW) en su reciente informe “Su hijo no existe aquí’: Violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes durante el régimen de excepción en El Salvador”.
El informe documentó que unos 66 casos de menores que tras su captura, fueron sometidos a condiciones deplorables en detención, incluyendo hacinamiento, falta de alimentación, atención médica y el contacto con abogados y familiares.
Varios menores dijeron a HRW que ellos u otros niños y niñas habían sufrido violencia por parte de otros detenidos, incluyendo golpizas y, en dos casos, violencia sexual. También contaron que los guardias hicieron poco o nada para protegerlos.
“Las autoridades han tomado pocas, si es que alguna, medida para proteger a los niños, niñas y adolescentes de violencia por parte de otros detenidos, incluyendo golpizas y agresiones sexuales”, señala el informe de la organización con sede en Nueva York.
Imagen de referencia / foto por Diego Rosales
El Salvador ha permanecido desde finales de marzo de 2022 bajo un régimen de excepción, que suspende algunas garantías constitucionales, para combatir a las pandillas. Durante 28 meses consecutivos, los cuerpos de seguridad del Estado han realizado más de 80.500 capturas.
HRW explicó que con frecuencia, esos arrestos parecen estar basados en la apariencia física y las condiciones socioeconómicas de los menores, más que en evidencia creíble y sólida.
Los menores de edad habrían sido doblemente victimizados, ya que primero fueron objeto de abusos de parte de las pandillas y luego de los agentes de seguridad.
“Las niñas y mujeres jóvenes experimentan la violencia de las pandillas de manera diferenciada”, mencionó HRW. Además, explica que muchas son obligadas a mantener relaciones sexuales no consentidas, conocidas como “noviazgos”, con miembros de la pandilla.
Niños condenados
El informe detalló que más de 1.000 niños han sido condenados con sentencias que van desde los 2 a los 12 años de prisión.
Óscar Ramírez (nombre ficticio) fue detenido el 19 de abril de 2022 en el departamento de Morazán cuando tenía 16 años. A Óscar lo detuvieron cuando venía de almorzar en un comedor junto con una amiga, quien también fue detenida. Sin embargo, ella logró obtener su libertad después de 100 días gracias a que su familia pudo contratar un abogado privado.
Ramirez fue acusado de “agrupaciones ilícitas”, a pesar de no tener pruebas concretas en su contra, dijo su familia. Fue sentenciado a 12 años de prisión y se encuentra en la Granja Penal para Menores en Ilobasco.
Su tía, de quien se resguarda su identidad por razones de seguridad, relató a Infodemia que el abogado de oficio asignado por el Estado no presentó la apelación en el tiempo debido. “No hicieron nada para probar su inocencia, ni siquiera presentaron la documentación que yo llevé para demostrar que era estudiante con beca”, afirmó.
“Hablé con el fiscal de San Francisco Gotera y me dijo que debía contratar a un abogado privado para que apelara el caso, pero no tengo dinero para eso”, comentó su tía. Ella afirma que el costo de un abogado privado es de $1,500.
Ramírez tuvo una audiencia el martes 25 de junio de este año, fue ahí cuando su tía se dio cuenta de que su sobrino no había comido desde hace varios días. “Él me dijo que si le dejábamos pagados dos dólares de tortillas nos lo agradecería mucho. Es desgarrador saber que está pasando hambre”, relató con preocupación.
En su informe, HRW señaló que en muchos de estos casos, las autoridades forzaron a los menores a realizar confesiones falsas, mediante una combinación de acuerdos judiciales abusivos y, a veces, malos tratos o tortura.
“Los arrestos indiscriminados han llevado a la detención, a menudo durante periodos prolongados previos al juicio, de numerosos niños sin ninguna conexión aparente con las actividades abusivas de las pandillas”, indicó.
En febrero de 2024, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo que en lo que va del régimen habían detenido a 1,194 menores de los cuales 1,065 ya tenían condena.
Además, la canciller Alexandra Hill defendió el régimen de excepción ante una audiencia virtual ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que también participaron 30 organizaciones de la sociedad civil.
“El riesgo latente de actos violentos y la capacidad de las pandillas para desestabilizar al país justifica estas medidas extraordinarias para garantizar la paz que ahora respira nuestro pueblo salvadoreño, no estamos dispuestos a perder lo que hemos logrado con tantísimo esfuerzo”, expresó la canciller.
El Estado también negó que existan torturas en las cárceles.
Infodemia preguntó al Gobierno salvadoreño sobre qué opinan de las acusaciones de la violación de derechos de la niñez y adolescencia durante el régimen de excepción, pero al cierre de esta nota, no obtuvo respuesta.
Para enero de 2024, 841 niños permanecían detenidos, de los cuales 262 estaban en detención provisional y 579 cumpliendo condena, según el informe de HRW.
Gráfica de Human Rights Watch que muestra el número promedio mensual de niños detenidos en El Salvador desde 2010 hasta 2024.
HRW explicó que de 2018 a 2022, los tribunales salvadoreños condenaron a un total de 1.108 niños y adolescentes, es decir, aquellos con edades comprendidas entre los 12 y los 18 años, a medidas de internamiento en centros de detención.
Además, señaló que sólo hay 27 defensores públicos asignados a la Unidad Penal Juvenil, por tanto, de los 3.000 casos de detenciones en niños, “cada defensor fue responsable de aproximadamente 108 casos”.
La “Ley Crecer Juntos”, que entró en vigor en enero de 2023, señala en el artículo 40 que en ningún caso podrá recluirse a adolescentes en centros de detención policiales o penitenciarios de personas adultas. Sin embargo, “algunos han sido detenidos con adultos, en violación de los estándares internacionales de derechos humanos y de la legislación salvadoreña”, indica HRW.
“El sistema de justicia juvenil salvadoreño ha tendido a tratarlos como delincuentes, sin
tener en cuenta los complejos factores sociales, económicos y psicológicos que
contribuyen a su participación en actividades ilegales”, expresó HRW.
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