Los expertos de la ONU señalaron que la reserva total del caso judicial impide el derecho a defensa y que el caso refleja un patrón de control social para silenciar a las mujeres en la esfera pública.
Los pocos datos oficiales disponibles sugieren que las condiciones sociales y de seguridad siguen siendo adversas para las niñas, niños y adolescentes, con la problemática de la violencia sexual con cifras a nivel de pandemia.
