La representación estatal negó que existan ataques contra la prensa y afirmó que suman 400 días “sin homicidios”, lo que es falso y engañoso, respectivamente.
Redacción Infodemia
La representación del Estado salvadoreño recurrió a la desinformación para tratar de convencer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en el país no se están dando violaciones a derechos humanos y tampoco ataques contra la prensa.
La CIDH realizó el viernes, a petición de diversas organizaciones de la sociedad civil, una audiencia sobre la situación de los derechos humanos en el contexto del régimen de excepción, que suma casi año y medio de vigencia. En la anterior comparecencia, del 25 de octubre de 2022, el Estado salvadoreño se había negado a rendir cuentas.
Andrés Guzmán Caballero, nombrado recientemente por Nayib Bukele como su comisionado de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, afirmó que en El Salvador no se ataca a la prensa, basándose únicamente porque supuestamente no existen denuncias en Fiscalía y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
“Rechazo de forma general y clara todas las afirmaciones que han hecho las diferentes personas que se han referido esta mañana al hecho de que en El Salvador existen torturas, existen violaciones a la libertad de expresión, que existen seguimientos o algún tipo de acoso contra periodistas, esto pues la verdad no se ha evidenciado”, dijo Guzmán, de origen colombiano.
Añadió que solicitó información a la Fiscalía y PDDH sobre denuncias de ataques a la prensa y que “no hay una sola”. Sobre los periodistas que han salido del país preventivamente por los ataques que sufren o ante una serie de reformas penales, aseguró que tampoco registran denuncias.
Las afirmaciones de Guzmán entran en la categoría de falso.
El funcionario de Bukele obvió en su intervención mencionar las denuncias y avisos que han presentado comunicadores y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) por el espionaje de más de 30 personas mediante el software Pegasus.
Por otra parte, Guzmán también ignoró los informes presentados por la APES y que dan cuenta de que el gremio de la prensa salvadoreña no confía en las instancias estatales para denunciar las agresiones, dado que los más señalados como atacantes son funcionarios.
Angélica Cárcamo, presidente de la APES indicó en la audiencia que existe una “falta de credibilidad” en la PDDH y Fiscalía: “Muchas de las víctimas sienten temor de que la información que puedan colocar pueda ser luego ocupada en su contra”.
Indicó que solo en el contexto del régimen de excepción, la APES ha registrado que “la hostilidad proviene en gran medida de funcionarios, empezando por el presidente Nayib Bukele”, además de diputados, policías y militares. Los ataques computados ascienden al menos a 2009, de los que el 66 % fueron cometidos por agentes estatales.
Élmer Castro, del Ministerio de Seguridad, aseguró también ante los comisionados de la CIDH que el país ha cumplido 400 días sin homicidios. Esto es engañoso.
Si bien se registran días sin asesinatos, las autoridades continúan omitiendo en sus reportes los decesos de supuestos miembros de pandillas en enfrentamientos con la Policía y Fuerza Armada, también evitan sumar las osamentas localizadas.
Además, las autoridades actuales comparan las cifras de homicidios con las de administraciones anteriores. Por otra parte, reportes periodísticos como el de la Revista Elementos del 28 de marzo pasado indican que el Gobierno estaría ocultando datos.
“Informes secretos elaborados por la Subdirección de Inteligencia de la Policía Nacional Civil (PNC) demuestran que el gobierno mintió, desde el inicio del régimen de excepción, respecto al número de asesinatos: las cifras fueron reducidas casi a la mitad”, publicó el medio.
En su informe de 2022, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) señaló que las cifras oficiales “carecen de veracidad” debido a estos factores omitidos y a la exclusión de los casos de muertes de personas detenidas al interior de los centros penales.
Según el informe la cifra real de muertes violentas, al considerar estos datos, sería de aproximadamente 659, lo que equivaldría a una tasa de homicidios de 10.4 por cada 100,000 habitantes, en lugar de la tasa oficialmente reportada de 7.8.
Una afirmación se considera falsa cuando no tiene un fundamento real o es incongruente frente a otros datos y fuentes, mientras que se considera engañosa al partir de datos ciertos, pero es expresada a medias con la intención de confundir, engañar o manipular. Además, no se proporcionan aspectos importantes.
