La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) visitaron el país para conocer en el terreno la situación de la libertad de expresión, en la que advirtieron un deterioro. El Gobierno dijo que “respetamos las observaciones”.
En Resumen
- La SIP y el CPJ se sumaron a otras alertas internacionales por el deterioro de la libertad de expresión y de prensa en El Salvador.
- Advierten que el régimen de excepción crea un clima de intimidación y autocensura entre quienes ejercen el periodismo.
- Una comisión del Gobierno dice respetar las observaciones.
Redacción Infodemia*
La SIP y el CPJ se sumaron a otras alertas internacionales que advierten un deterioro de la libertad de expresión y de prensa en El Salvador, luego de concluir una visita al país para reunirse con actores clave, como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y el comisionado presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán.
Los directivos de ambos organismos alertaron en un comunicado “sobre el agravamiento de las libertades de expresión y de prensa en el país centroamericano, exacerbadas por el estado de emergencia impuesto por el gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022”.
“La comitiva se reunió con representantes de medios de comunicación, de asociaciones de periodistas, de la academia y de organizaciones sin fines de lucro con enfoque en los derechos humanos, así como con integrantes del cuerpo diplomático”, se indicó el escrito.
Tanto la SIP como el CPJ subrayaron que desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, que suspende derechos constitucionales, se limita la “confidencialidad de la correspondencia privada, y se habilitan detenciones sin orden judicial, lo que crea un clima de intimidación y autocensura entre quienes ejercen el periodismo”.
Señalaron que representantes de medios de comunicación reconocieron que “algunos colegas decidieron abandonar la profesión por temor a represalias”, aunque no dieron más detalles. Además, reportó que una docena de periodistas en los dos últimos años “fueron forzados a abandonar el país de manera temporal o permanente debido a la persecución gubernamental”.
En este contexto, la APES registró un incremento de más del 66% de las agresiones contra la prensa para 2023, además de la detención del periodista Víctor Barahona por más de un año, demandas judiciales contra medios de comunicación por publicaciones de temas de interés público y la detención de familiares de periodistas.
Sin embargo, en un encuentro de las organizaciones con Guzmán, el funcionario “negó que exista persecución contra la prensa y aludió a la inexistencia de casos de periodistas encarcelados o asesinados, como datos de referencia para evaluar la situación de la libertad de prensa en el país bajo la perspectiva oficial”.
Consultado por Infodemia sobre los hallazgos de la SIP y CPJ, la oficina de Guzmán respondió que “respetamos las observaciones emitidas”, y “valoramos el trabajo que ambas organizaciones realizan en favor de la libertad de información en la región”.
Agregó: “Desde el inicio del gobierno del presidente Nayib Bukele, en El Salvador no se ha registrado ni un solo caso de periodistas asesinados, detenidos, o situaciones que involucren la destrucción de equipos de trabajo periodístico, como cámaras, incluso durante el régimen de excepción”, lo que contrasta con los informes de la APES.
“Reiteramos nuestra invitación a la SIP, el CPJ y a todas las organizaciones interesadas a seguir conversando directamente con el gobierno salvadoreño. Estamos abiertos a un diálogo franco que nos permita abordar cualquier inquietud y trabajar de la mano en la construcción de un ambiente donde la prensa pueda cumplir su rol de manera plena y responsable, sin interferencias ni presiones, pero con un profundo respeto hacia la verdad y el bienestar de la sociedad”, acotó.
Entre los reportes internacionales, destacan que El Salvador pasó de estar en el puesto 115 en 2023 al 133 en 2024 de 180 posiciones en el índice de Reporteros Sin Fronteras.
Recientemente, la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó en un informe sobre el régimen de excepción que unas reformas penales aprobadas el 5 de abril de 2022 y derogadas posteriormente, habrían “producido un efecto inhibitorio sobre el
discurso público, especialmente en el caso de periodistas, escritores y medios de comunicación social”, entre otras denuncias.
En resumen, esta es la situación que describen la SIP y CPJ:
Una restricción de acceso a información pública: El gobierno salvadoreño ha limitado la transparencia, ocultando datos importantes sobre temas como la criminalidad y la situación en cárceles.
También perciben un ambiente de estigmatización y amenazas a periodistas: Se denuncian ataques verbales y campañas de descrédito hacia periodistas por parte de funcionarios y simpatizantes del gobierno.
Violación de garantías constitucionales: Desde el estado de emergencia, se reporta la suspensión de derechos fundamentales, como la privacidad y la detención sin orden judicial, lo que ha generado autocensura entre los periodistas.
Abandono de la profesión y exilio forzado: El temor a represalias ha llevado a periodistas a abandonar su labor o exiliarse.
Vigilancia con software espía Pegasus: Se ha utilizado este software para espiar a periodistas y críticos del gobierno, afectando su seguridad y privacidad.
Manipulación de la publicidad oficial: Se utilizan auditorías financieras y se retira publicidad a medios críticos, mientras que los afines al gobierno reciben mayores asignaciones.
Ejército digital y desinformación: Se han empleado troles y desinformación para hostigar a la prensa.
*Con reportes de Gabriela Aquino.
Te puede interesar:
