Bukele afirmó que en el país se garantiza la libertad de expresión, que no se dan arrestos y que no existe censura, lo que es engañoso. Diferentes informes señalan un escenario contrario.
En resumen:
- El presidente Bukele afirmó que en El Salvador no se censura ni arresta por ejercer la libertad de expresión, pero diversos informes sobre libertad de prensa dicen lo contrario.
- El Salvador ha sufrido su mayor descenso en índice de libertad de prensa de Reporteros sin fronteras, pasando del lugar 115 en 2023 a la 133 en 2024.
- La APES registró un aumento en 2023 del 66.3% de agresiones hacia periodistas, la mayoría atribuidas a funcionarios del Gobierno.
Por Diego Rosales
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró en su cuenta de X que en El Salvador no se arresta, censuran ni confiscan bienes por ejercer el derecho a la libertad de expresión, pero esta afirmación es engañosa, dado que en el país se han registrado arrestos por acciones vinculadas con el ejercicio de la libertad de expresión, también acciones policiales dirigidas contra críticos y una serie vulneraciones a la prensa, entre ellas censura.
“El Salvador no sólo es el país más seguro del hemisferio occidental, sino que también garantizamos que usted no será arrestado, censurado ni le confiscarán sus bienes por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, publicó Bukele en X.
Sin embargo, se han registrado casos que contrastan con la afirmación de Bukele, siendo el más reciente la detención de Henry Benavides, junto a su madre Dora Sánchez, por publicar videos en redes sociales del procedimiento de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) sin orden de captura.
Al joven se le acusó de supuestamente violar la Ley de Delitos Informáticos y Conexos por exponer la identidad de uno de los agentes.
El abogado Otto Flores, del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), dijo en una conferencia de prensa que el joven “estaba ejerciendo un derecho de saber y defender sus derechos ante cualquier autoridad, así como de utilizar internet para denunciar actos arbitrarios”.
“El ONI (Orden Numérico Institucional o número de identificación policial) y nombre del policía son datos públicos”, subrayó Flores.
En junio de 2023, el empresario Yakov Fauster demandó por 10 millones de dólares al rotativo El Diario de Hoy y al periodista de ese medio Jorge Beltrán Luna por retomar citas de una nota publicada en México. El juzgado ordenó a EDH publicar una disculpa pública y borrar una nota periodística como parte de la condena por daño moral, pese a que el medio respetó el derecho de respuesta, marcando un precedente nocivo para la libertad de expresión, según expertos.
En abril de 2022, la Asamblea Legislativa dominada por el bukelismo aprobó de forma exprés una “ley mordaza” que dictaba hasta 15 años de prisión por “la reproducción o transmisión de mensajes o comunicados” que se presuma hayan sido elaborados por las pandillas y “que puedan generar zozobra y pánico en la población”. Esta medida fue posteriormente retirada pero, de acuerdo con informes de la Asociación de Periodistas de El Salvador, habría generado autocensura entre la prensa.
En 2021, el diputado oficialista Christian Guevara amenazó a través de X con quitarle el dominio “elsalvador.com”, portal de noticias del Grupo Altamirano, para que el Ministerio de Turismo utilizara el dominio con la finalidad de promover al país, esto a pesar que el artículo 6 de la Constitución prohíbe el secuestro de “cualquier otro medio destinado a la difusión del pensamiento”.
El 7 de julio de 2022, el periodista Víctor Barahona, que fue detenido durante el régimen de excepción por 11 meses en el penal de Izalco y luego fue liberado con medidas sustitutivas, fue citado por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado para ordenarle mantener en reserva sus denuncias sobre su detención y su experiencia al interior de la cárcel.
El 1 de septiembre de 2021, el experto informático y criptomonedas, Mario Gómez, fue detenido por las autoridades mientras desarrollaban una supuesta investigación de estafas bancarias.
Gómez, que fue un fuerte crítico de la implementación de bitcóin como moneda de curso legal y la billetera estatal Chivo, fue detenido sin orden de captura, sus teléfonos celulares fueron incautados por la policía.
Informes contradicen versión oficial
La organización internacional no gubernamental, Reporteros Sin Fronteras, “los medios son víctimas de la violencia generalizada que reina en El Salvador”. Mientras que la Asociación de Periodistas Salvadoreños señala que desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, la libertad de prensa se ha visto afectada significativamente.
En 2024, El Salvador pasó de estar de la clasificación 115 en 2023 a la 133 de 180 posiciones del presente año en la lista sobre libertad de prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras.
Esto corresponde a 18 escaños más abajo en tan solo un año. El descenso fue más abrupto de 2022 a 2023: El Salvador pasó de ocupar el puesto 82 a ocupar el 115, esto posicionó al país 33 escalones más abajo.
“Nayib Bukele ataca y amenaza a los periodistas no afines a su gobierno”, aseguró RSF. A su vez, menciona el acoso que reciben periodistas a través de redes con el uso de troles que ‘refuerza la narrativa oficial´
Por otro lado, la APES afirmó que la prórroga consecutiva del régimen de excepción “ha provocado una crisis de violaciones a los derechos humanos como no se veía desde la guerra civil”. Durante el 2023, el Centro de Monitoreo de Agresión a Periodistas de la APES registró 311 agresiones, 124 agresiones más que en 2022. Esto se traduce en un aumento del 66.3% de agresiones hacia periodistas.
En el informe sobre la libertad de prensa 2023 se presenta a los actores que violentan el ejercicio periodístico. La APES informó que de las 311 agresiones registradas durante el 2023, 156 (equivalente al 50.1%) provienen de actores del Estado salvadoreño, ya sea empleados públicos como agentes de seguridad o de funcionarios elegidos por elección popular.
Al menos 89 agresiones provienen de funcionarios, 25 de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y 16 de empleados públicos, como trabajadores de la Asamblea Legislativa o alguna institución del Estado.
Gráfica retomada del informe sobre la libertad de prensa realizada por la APES en el que indaga sobre los agentes que agreden el ejercicio periodístico según los registros del Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas.
