Las labores de rescate y remozado del centro histórico de San Salvador han desplazado negocios y centenares de personas que se dedican al comercio informal, un segmento de ellos pertenecen a la población trans, un grupo tradicionalmente marginado de los empleos formales.
En resumen:
- Las autoridades salvadoreñas mantienen un proceso de rescate del centro histórico de San Salvador que durante años permaneció en el abandono y sumido en la violencia e inseguridad.
- Las acciones realizadas en la capital han provocado el desplazamiento de comerciantes y negocios locales para dar paso a millonarias inversiones y franquicias multinacionales.
- Vendedores trans, un sector vulnerable y excluido de empleos formales, sufre de decomisos de sus mercaderías, ingresos insuficientes y agresiones de agentes estatales.
Por Andrea Escobar y Nelson Rentería
Fernanda Mejía* tuvo que volver al trabajo sexual porque sus ingresos disminuyeron notablemente desde que las autoridades municipales de San Salvador no le permitieron vender ropa interior en una de las concurridas calles de la capital.
La mujer trans de 46 años de edad denunció que en una oportunidad, integrantes del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) le decomisaron a la fuerza los productos que llevaba sobre una carreta y que estacionaba cerca de una sucursal bancaria del centro histórico. Ella reclamó a las autoridades, pero cuando le devolvieron la mercadería no estaba completa.
“Ya llevaba seis años de andar vendiendo. Antes no me iba mal vendiendo en el centro, pero ahora como está la situación me tocó que volver a ejercer el trabajo sexual porque no hay de otra”, dijo a Infodemia.
No es el único problema. Las prendas íntimas las obtiene a través de un crédito -que aún sigue pagando- y el costo del alquiler de su vivienda también se ha elevado desde que las obras de remozado en San Salvador están en auge.
Mejía vive junto a su amiga trans Sofía* en un deteriorado mesón cerca de la avenida Juan Pablo Segundo, al oriente de la capital, por la que cada una paga 70 dólares a la semana. El salario mínimo en el país es de 365 dólares.
La vivienda tiene dos habitaciones, divididas por láminas de zinc y un techo que han tenido que reparar varias veces, ya que cada vez que llueve, el agua no sólo gotea, sino que se filtra completamente, inundando el lugar. En la casa, localizada en una reconocida zona roja desde los años sesenta, Fernanda, que el año pasado culminó sus estudios de noveno grado, ha improvisado su pequeña tienda. Desde la ventana de esa habitación vende ropa interior, cigarros, churros, sodas y bebidas energizantes.
Comenta que antes del decomiso, cuando se ubicaba con su carreta en la calle, lograba vender hasta 70 dólares diarios, lo que le permitía cubrir sus gastos básicos y pagar la mercadería. Ahora ni con el ejercicio sexual lo logra.“Trabajar en la noche igual está malo, no se gana. Gané 10 dólares anoche, en cambio en mi negocio a veces gano 30 dólares”, expresó.
Una investigación de la organización Amate analizó en 2021 el impacto socioeconómico durante la pandemia de COVID-19 en la población LGBTI. El documento selañó que la gran mayoría de esta población se encuentra en alguna forma de exclusión laboral, sin seguridad ni previsión social, donde se destaca el trabajo sexual y el empleo precario por cuenta propia, principalmente en personas transgénero.
“Quienes logran insertarse en el mercado laboral formal no siempre lo hacen con salarios que cubran todas sus necesidades, por lo que buena parte debe realizar otras actividades remuneradas para mejorar sus ingresos”, señaló el estudio que revisó el fenómeno en Centroamérica.
Pese a que no hay un censo ni datos actualizados sobre el impacto del empleo en este sector de la población en El Salvador, los especialistas sostienen que cuatro años después de la crisis sanitaria, la situación no ha variado. Otras deciden emigrar del país, principalmente a México y Estados Unidos.
“Renacimiento” de San Salvador
Las autoridades mantienen un proceso de rescate del centro histórico, un lugar que durante décadas permaneció bajo la desordenada influencia de locales improvisados, vendedores ambulantes, caos vehícular, inseguridad y la violencia criminal de las pandillas.
Varias calles han sido despejadas, edificios renovados o demolidos y espacios públicos han sido restaurados o creados. También se registran nuevas inversiones en la zona, que según la municipalidad llegó a 134 millones de dólares en 2024. Entre ellas sobresalen algunas franquicias internacionales y negocios de origen asiático.
Pero el proyecto también ha desplazado a cientos de habitantes y comerciantes de la zona sin que se conozca un plan claro de reubicación. Vendedores ahora ofrecen sus productos en calles alejadas del centro y quienes se arriesgan a quedarse son acosados por agentes de seguridad de la alcaldía, quienes podrían decomisarles sus productos.
Personal del CAM dijo a Infodemia que el centro de la capital es libre de ventas y que solo hay lugares autorizados para hacerlo siempre, siempre y cuando tengan un carnet de autorización. “Si los encuentran en zona recuperada no es negociable es prohibido”, expresó la institución. Todas las carretas y los productos que son decomisados son trasladados en un camión y llevados hasta la sede del CAM.
Pese a que transitaba lejos de las zonas restringidas, en los primeros días de 2025, agentes le decomisaron una carreta con fruta a Paola Ortíz*, una mujer trans de 41 años que se ha dedicado durante más de dos décadas a la venta ambulante, un trabajo que comenzó cuando apenas era una adolescente.
Durante el forcejeo, Ortiz se lastimó el brazo mientras intentaba evitar que se llevaran sus cosas. “Lo hacen mal, porque uno se gana la vida trabajando”, lamentó. El personal de seguridad le dijo que para recuperar su carreta y mercadería debe presentarse en las oficinas de la institución y pagar una multa de 20 dólares.
La mujer que el año pasado permaneció en coma durante tres meses, derivado de una crisis de salud después de presenciar el asesinato a balazos de su pareja hace unos años, dijo que cuando le devolvieron las frutas, le extendieron un permiso para vender en la institución una vez a la semana.
Ortíz teme terminar como una de sus amigas trans, llamada Alejandra* quien se ha desahuciado en el alcoholismo y drogadicción después que le quitaron la carreta con maquillajes, polvos, sombras, delineadores, pestañoles y raquetas que matan zancudos, productos que vendía cerca del Palacio Nacional, uno de los más emblemáticos del país.
“El Salvador está en un momento de gentrificación de la mayoría de sus espacios públicos, donde había comercio informal. La mayoría de la población LGBTI se dedica a eso. Sobre todo la población trans se encuentra en una precariedad laboral y están enfrentando muchos más problemas para obtener recursos o medios de vida”, dijo a Infodemia Gabriel Escobar codirector de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS TRANS).
“Las personas trans están en condiciones mucho más vulnerables a nivel de economía, de sustento”, agregó.
El plan de reordenamiento de la capital ha provocado el cierre de negocios tradicionales o que no hayan sido renovados sus contratos de alquileres. Mientras tanto, allegados al oficialismo han sido favorecidos con incentivos legales y la misma familia del presidente Nayib Bukele han aceptado publicamente que esperaron el auge para realizar inversiones.
A finales de 2024, el cierre de las cervecerías El Hoyo, Queen y Vintage en el centro de la capital sacudió a la población LGBTI, ya que eran espacios considerados seguros por la comunidad. Testigos denunciaron que semanas previas al cierre del bar El Hoyo, soldados y policías llegaron al local para chequear los documentos de identidad y registrar a los clientes.
La administración del presidente Bukele promueve medidas que incentivan la movilidad de personas extranjeras al país con la exención de impuestos y la entrega de la nacionalidad salvadoreña en un intento para desarrollar la tecnología e informática, fomentar un sistema financiero e inversiones en activos digitales y bitcóin, una criptodivisa de curso legal desde septiembre de 2021.
Entusiastas de la criptomoneda han adquirido propiedades en la zona costera y algunos distritos del país, desplazando a los locales y encareciendo el costo de la vida y el valor de las propiedades.
Régimen de excepción
Fernanda Mejía fue arrestada en abril del año pasado bajo el régimen de excepción mientras estaba trabajando en la calle por la noche. Asegura que la detuvieron por un supuesto robo que cometió en 2018, mismo que terminó de cumplir con tres años de trabajo social en un parque, barriendo y sacando la basura.
“A mi me llevaron y solo me dijeron que era rutina de investigación. Me dijeron que eran seis días y de repente pasó un mes y no sabía nada. No me llevaron ni a los juzgados, solo me llegó un papel de que iba trasladada a Ilopango”, contó a Infodemia.
Denunció que durante esa estancia le cortaron el cabello, los custodios la trataron de “culero” y la golpeaban con la macana, le decían que debía morir porque es una peste ante la sociedad. Junto a sus compañeras la colocaban media hora bajo el sol, además, debían permanecer hacinadas en un celda de menor capacidad.
“¡Cómo sufrimos!, nos golpeaban, nos metían dos baldes para orinar ¿y sabe lo que hacían? solo lo enjuagan y ahí nos servían el café y el fresco. En la misma cubeta donde orinábamos”, expresó.
La Dirección General de Centros Penales no respondió a una solicitud de comentario a los señalamientos.
Desde el 27 de marzo de 2022, el país permanece bajo un régimen de excepción para combatir a las violentas pandillas que sometieron al país desde los años noventa. La polémica medida ha permitido reducir de forma drástica los homicidios y detener a 84.260 personas, acusadas de pertenecer o colaborar con estos grupos.
Hasta el 30 de junio del año anterior, organizaciones de derechos humanos reportaron un total de 6.426 víctimas de violaciones durante el régimen, de los cuales 137 fueron cometidas contra personas de la diversidad: 49 bisexuales, 36 gays, 24 lesbianas, 22 mujeres trans, 4 hombres trans, entre otros.
Los casos más reportados por los activistas son detenciones arbitrarias o ilegales, falta al debido proceso, allanamientos de moradas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, amenazas, desaparición forzada, donde los perpetradores más denunciados son agentes policiales y soldados.
Fernanda Mejía fue liberada seis meses después de permanecer en la cárcel de Ilopango. Durante ese tiempo estuvo a punto de perder sus pertenencias y la pieza de alquiler. Cuando volvió a vender en la calle le decomisaron la mercancía. Sin mucha suerte ha vuelto al trabajo sexual por las noches, por la mañana se sienta a esperar en la ventana a que un peatón se detenga a comprar en su pequeña tienda, pero la mayoría pasa de largo. “Estamos sufriendo”, dijo.
*Los nombres de las personas incluidas en este reportaje fueron sustituídos por razones de seguridad.
