Las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron ante la CIDH el abandono estatal de los casos de violencia sexual en contra de mujeres en el marco del conflicto armado salvadoreño (1980-1992).
En resumen
- Organizaciones de sociedad civil denuncian ante la CIDH la impunidad en casos de violencia sexual contra mujeres durante el conflicto armado de los ochenta en El Salvador, señalando un “ocultamiento sistemático” por parte del Estado y el Ejército.
- Informes documentan abusos en operativos de tierra arrasada y destacan casos emblemáticos como las religiosas Maryknoll y la enfermera Madeleine Lagadec.
- El Estado salvadoreño defiende su compromiso con reparaciones integrales, destacando indemnizaciones a 1.466 familias víctimas, aunque activistas critican la falta de compromiso judicial para esclarecer estos crímenes.
Redacción Infodemia
Diversas organizaciones humanitarias reclamaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el abandono e impunidad de los casos de violencia sexual contra mujeres, niñas y adolescentes perpetrados en el marco del conflicto armado salvadoreño.
En el marco de una serie de sesiones de la CIDH en Guatemala, las activistas denunciaron una “omisión histórica”, que silencia los casos como estratégia sistemática de ocultamiento promovida por parte del Estado y de los supuestos perpetradores, en su mayoría miembros del Ejército.
“Los juicios penales relacionados con la guerra son escasos”, comentó Leonor Arteaga, directora del programa de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), durante la sesiones con la CIDH.
Agregó que la mayoría de fiscales, incluyendo los de la Unidad Especializada para Casos del Conflicto Armado y jueces del sistema judicial, no contribuyen en la búsqueda de la verdad.
Los testimonios recabados en diversos documentos indican que las víctimas de esta violencia sexual fueron principalmente mujeres adolescentes y compañeras de vida o familiares de hombres “sospechosos” de colaborar o pertenecer a movimientos sociales o a la guerrilla.
También fueron víctimas mujeres catequistas, misioneras o religiosas, como en el caso de las religiosas norteamericanas de la Orden Maryknoll, quienes fueron violadas y asesinadas en diciembre de 1980 por miembros de la Guardia Nacional.
Además, de acuerdo con el reclamo y los informes, fueron vulneradas mujeres que realizaban tareas de apoyo o cuidado a favor de las fuerzas guerrilleras, como en el caso de la enfermera francesa Madeleine Lagadec.
“La violencia alcanzó entonces niveles de terror y de crueldad infinita. Esta investigación documentó los patrones de violencia sexual y reproductiva en operaciones de tierra arrasada, pero también en contextos de detención y desplazamiento forzado”, dijo David Morales, representante de la organización Cristosal.
Morales denunció que “la violencia sexual ejercida en los cuerpos de las mujeres como botines de guerra alcanzó niveles tan brutales y despiadados como la violación sexual sistemática”.
Pese a que no existen cifras precisas, el informe de Cristosal “Lo contamos para que no vuelva a pasar” señala que niñas y mujeres sufrieron acoso y abuso sexual en campamentos de refugiados en Honduras.
También hay reportes de abusos contra presas políticas, durante operativos de tierra arrasada, ejecuciones extrajudiciales y en contextos de detención y tortura.
Durante 12 años, El Salvador vivio una guerra que enfrentó al Ejército y la exguerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que dejó un saldo de 75.000 muertos, 8.000 de desaparecidos y miles de desplazados.
El Estado salvadoreño defendió en la audiencia su supuesto compromiso con las víctimas y reconoció la complejidad del problema ocurrido varias décadas atrás.
La viceministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Adriana Mira, aseguró que las autoridades han implementado medidas de reparación integral para víctimas de graves violaciones de derechos humanos.
Entre ellos, citó el programa nacional de reparaciones, en el cual entregaron indemnizaciones a un promedio de 1.466 familias víctimas de violaciones graves a los derechos humanos.
*Imagen principal elaborada con AI.
