Diputados y funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele emitieron afirmaciones falsas y engañosas en el marco de la nueva ampliación de la suspensión de derechos.
Melissa Paises
“El régimen de excepción es verdad que es duro, es riguroso para los delincuentes. Fue diseñado para las pandillas, el resto de salvadoreños honrados no tiene por qué preocuparse”.
– Francis Merino Monroy, ministro de Defensa.
Esta afirmación del ministro de la Defensa, dada en la presentación de la solicitud de la décimosexta prórroga del régimen de excepción, entra en categoría de falsa, dado que organizaciones de derechos humanos han documentado miles de denuncias de detenciones arbitrarias de personas sin relación con las pandillas.
Entre el 27 de marzo de 2022 y el 27 de marzo de 2023, un año desde la implementación del régimen de excepción, la organización Cristosal registró 3,275 denuncias de vulneraciones a los derechos humanos, de los que el 98.5 % fueron detenciones arbitrarias.
La apariencia física, el lugar de residencia y las muestras de nerviosismo, son algunos de los aspectos que los cuerpos de seguridad, como policías y militares, han considerado para realizar procesos de detención arbitraria.
Aunado a ello se reportan capturas de personas que se encontraban en las calles al regresar de sus trabajos o que fueron sacadas de sus hogares sin alguna orden judicial, como el caso del periodista comunitario Víctor Barahona, que pasó once meses en prisión luego de ser capturado al interior de su hogar.
El mismo gobierno ha reconocido la detención y liberación de personas sin relación con las pandillas. A mediados de mayo pasado, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, admitió que unas 5.000 personas habían sido puestas en libertad.
Según Villatoro, estas liberaciones se dieron por los controles que supuestamente ejerce la Fiscalía sobre las actuaciones de la Policía y de los jueces sobre la FGR y la PNC.
“En todo lo que va del Plan Control Territorial llevamos 402 días con cero homicidios, pero hablando específicamente del régimen de excepción, llevamos 294 días sin homicidios”
– Francis Merino Monroy, ministro de Defensa.
El ministro Merino Monroy volvió a emitir una afirmación engañosa al asegurar que durante el régimen de excepción se han registrado largos períodos sin homicidios.
Sin embargo, informes de organizaciones y reportes periodísticos han demostrado que las estadísticas oficiales omiten datos relevantes para disminuir la cifra, entre ellos las muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con la Policía y la Fuerza Armada, pese a que el Protocolo de Bogotá propone que toda muerte intencional debe ser incluída.
En su informe de 2022, el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) señaló que las cifras oficiales “carecen de veracidad” debido a estos factores omitidos y a la exclusión de los casos de muertes de personas detenidas al interior de los centros penales.
Según el informe la cifra real de muertes violentas, al considerar estos datos, sería de aproximadamente 659, lo que equivaldría a una tasa de homicidios de 10.4 por cada 100,000 habitantes, en lugar de la tasa oficialmente reportada de 7.8.
A estos se le suman las 153 muertes bajo custodia del Estado que Cristosal documentó entre el 27 de marzo de 2022 y el 27 de marzo de 2023. Muchos de los cadáveres presentaron signos de tortura, entre ellos predominó la asfíxia mecánica por estrangulación. Todos los casos se trataron de personas detenidas sin investigación o juicio previo y ninguna de ellas había sido declarada culpable del delito atribuido.
Adicionalmente, los registros de osamentas encontradas también han sido excluidos de la cifra de homicidios. Hasta mayo de 2021 las osamentas encontradas con datación no determinada se incluían con los homicidios del mes de su localización.
“Nos ubica como el país más seguro del continente americano y no lo decimos nosotros, lo dicen deportistas que visitan a nuestro país, lo dicen turistas, lo dicen empresarios”.
– Francis Merino Monroy, ministro de Defensa.
La afirmación de que El Salvador se ha convertido en el país “más seguro” del continente americano, basándose únicamente en la tasa de homicidios, es falsa. De acuerdo con cifras oficiales, Chile registró en el año 2022 un índice de 4,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente al dato parcial de 7,8 de El Salvador.
La afirmación también es en parte engañosa, dado que se omiten señalar la existencia de denuncias de detenciones arbitrarias de extranjeros.
Actualmente hay 52 ciudadanos colombianos privados de libertad en las cárceles de El Salvador, 34 de ellos capturados bajo el régimen de excepción, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia.
De acuerdo a sus familiares, muchos de ellos “viajaron convencidos de encontrar una vida próspera”, pero fueron detenidos arbitrariamente. En las últimas semanas las familias de 14 de los detenidos han realizado vigilias y marchas para pedir por su libertad y solicitaron la intervención del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de una carta.
La Cancillería colombiana dijo que actualmente los detenidos se encuentran en la etapa de instrucción, es decir, que pasarán seis meses detenidos mientras se realizan las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República de El Salvador.
La Embajada de Estados Unidos en El Salvador emitió una advertencia de viaje debido a que varios estadounidenses y otros extranjeros han sido capturados en el contexto del régimen de excepción.
En este comunicado la Embajada destaca que el estado de excepción otorga a las autoridades la facultad de detener a cualquier persona sospechosa de actividad pandilleril, lo que puede llevar a la suspensión de derechos constitucionales y un proceso legal sin demora.
“Nosotros le enviamos un saludo y un mensaje al Foro de São Paulo, de que aquí las decisiones las va a seguir tomando el pueblo salvadoreño, sobre todo con los marcos legales que nos da la Constitución de la República. Estamos acá resultado de los marcos y de los procesos democráticos, algo que el foro de São Paulo no entiende”.
– Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa
Luego de que el Foro de São Paulo, un conglomerado de partidos y movimientos políticos de izquierda, emitiera una resolución sobre la situación política de El Salvador en la que manifestaron su rechazo a las políticas salvadoreñas por ir en “detrimento de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la Justicia Social”, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, envió un mensaje a dicho foro con motivo de la aprobación de una nueva prórroga del régimen de excepción.
En su intervención Castro desestimó la resolución y dijo que las decisiones “las va a seguir tomando el pueblo salvadoreño” bajo las normativas que establece la Constitución; sin embargo, decisiones como la ampliación del régimen de excepción por decimosexta ocasión demuestran que esta afirmación es falsa.
Es la misma Constitución la que establece lineamientos para la aprobación y prórroga del régimen de excepción, pero mes a mes estos han sido ignorados y reinterpretados por la Asamblea Legislativa para continuar ampliándolo a solicitud del presidente Nayib Bukele.
Según un análisis jurídico de Cristosal, el aumento de homicidios en el país que ocurrió en un fin de semana marzo de 2022 no cumple con los criterios establecidos por la Constitución en el artículo 29 para decretar el régimen de excepción, ya que el incremento de homicidios por sí solo “no constituye una grave perturbación del orden público que justifique la suspensión de derechos fundamentales”.
Además, la Constitución establece que el régimen de excepción puede prorrogarse por una vez siempre y cuando se mantengan vigentes las circunstancias que lo motivaron en primer lugar, y esas circunstancias actualmente ya no se encuentran vigentes, así como lo han asegurado funcionarios.
Por otra parte, el oficialismo ha decidido ignorar la prohibición constitucional de la reelección presidencial inmediata al ratificar a Bukele como su candidato a las elecciones de 2024.
“A mí con pajas no me vengan con los derechos de los pandilleros, esos no tienen derechos, ningún derecho”
– Guillermo Gallegos, diputado de GANA.
Desde la implementación del régimen de excepción ha predominado la narrativa de proteger los derechos humanos de las “personas honradas” por sobre los derechos de los criminales y pandilleros. A dicha narrativa se ha sumado el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, promotor de la aprobación de la pena de muerte en El Salvador.
Sin embargo, estas afirmaciones en las que niega los derechos humanos de los pandilleros o de los detenidos en el marco del régimen contarían los principios y estándares internacionales de derechos humanos que establecen que todas las personas son sujetos de derecho.
La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) de las Naciones Unidas, establece en su artículo 1 que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Esto quiere decir que todos los seres humanos, sin importar su condición, tienen derechos básicos que deben ser garantizados.
Los derechos humanos incluyen el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, a la igualdad ante la ley, a un juicio justo, a la libertad de expresión, entre otros. Estos derechos se reconocen en instrumentos internacionales, como la Convención Internacional sobre los Derechos Humanos y otros tratados y convenciones regionales de los que El Salvador es firmante.
