Infodemia solicitó información sobre personas desaparecidas, pero las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) respondieron que mantienen la información bajo reserva.
En resumen:
- PNC mantiene la información sobre personas desaparecidas bajo reserva desde 2022.
- Familiares de personas desaparecidas exigen justicia, pero las autoridades no atienden a las demandas.
- Los Protocolos de búsqueda son aplicados de forma selectiva por parte de las autoridades, menciona informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (WGEID).
Por Johana Peña
La Policía Nacional Civil (PNC) sigue manteniendo bajo reserva el número de denuncias de personas desaparecidas en el país entre el año 2022 y 2024, a pesar que familiares de víctimas exigen a las autoridades mayor transparencia y agilidad en sus procedimientos.
“(El contenido de la solicitud) se encuentra clasificada como información reservada, bajo la declaración PNC/SDG/CICOP.2.1-A-001-01-2023”, respondió la policía a Infodemia en la resolución emitida con número de referencia PNC-UAIP-629-2024.
Agregó que bajo el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública “no es posible responder lo antes solicitado”. Dicho artículo hace alusión a sanciones a funcionarios públicos que divulguen información reservada o confidencial.
Tanto la Fiscalía como la Policía, amparados en el Artículo 19, colocaron bajo reserva los datos estadísticos que derivan de la “información contenida en expedientes de investigación independientemente de la etapa en la que se encuentre”.
Dicha reserva se justifica en que publicarla podría causar “un serio perjuicio en la prevención, investigación o persecución de actos ilícitos, en la administración de justicia o en la verificación del cumplimiento de las leyes”, como lo menciona el art. 19 en el literal f.
Años de silencio gubernamental
Familiares del joven Carlos Abarca presentaron el martes un escrito a la oficina del Comisionado Presidencial de Derechos Humanos y Libertad de Expresión, Andrés Guzmán para solicitar su intervención ante la Asamblea Legislativa para que interpelen al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
Además, exigen que Villatoro presente pruebas de sus declaraciones en mayo de 2023 cuando mencionó en un programa de televisión que el caso de desaparición de Abarca “no estaba relacionado a una actividad delincuencial” y que además, tienen “reportes de lugares donde se le ha visto”.
Carlos Abarca, un estudiante universitario de psicología, desapareció el 1 de enero de 2022, cuando salió a correr para ejercitarse, pero no regresó a su casa. Desde entonces su familia lo busca y realiza recorridos de investigación en diferentes lugares del país por cuenta propia y sin la ayuda de las autoridades.
El caso de Carlos es uno de los más emblemáticos del país, de un grupo de familias que buscan la pista de sus desaparecidos y que son ignorados por el Estado.
La madre del joven, Eneida Abarca, denunció que desde la desaparición ha interpuesto denuncias a la fiscalía, policía, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) desde hace más de un año y no hay respuesta.
“Continúa callada, omisa, ciega y sorda ante la denuncia”, dijo la madre a Infodemia.
La directora de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Dina Martínez, dijo a Infodemia que la falta de transparencia en los casos de personas desaparecidas aumentó desde hace dos años.
“Efectivamente, la opacidad de los casos viene desde julio de 2022, cuando se decretó la reserva de los datos estadísticos sobre este tema tanto por parte de la PNC y FGR. El último dato entregado daba cuenta de 6,443 reportados como desaparecidos entre 2019 y junio de 2022”, mencionó Martínez.
A esta opacidad en la transparencia de los casos de personas desaparecidas se suma la falta de procesos estandarizados y discrecionalidad en la implementación de los procedimientos, señalaron diversas organizaciones sociales defensoras de Derechos Humanos en el Informe remitido al Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas (WGEID) sobre Desapariciones forzadas o involuntarias publicado en mayo pasado.
“No existe un registro confiable y actualizado de personas desaparecidas”, señala el documento que enfatiza que desde hace tres años fue constituida la Unidad Especializada para la Búsqueda de Personas especializada dentro de la Fiscalía, pero que no existe un registro único de personas desaparecidas.
“Persisten señalamientos de que estas herramientas son aplicadas de forma selectiva por parte de las autoridades”, indica el estudio.
La familia y la abogada Roxana Cardona solicitaron a la Asamblea Legislativa que los diputados de mayoría oficialista interpelaran a Villatoro, pero su petición fue remitida a una comisión que no existe.
