Los afectados piden a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que retome el estudio y resuelva procesos de amparos presentados desde hace más de un año sobre cinco personas desaparecidas entre los años 2011 y 2015.
- FESPAD presentó un escrito a la Corte Suprema de Justicia para pedir agilizar procesos de amparo
- Familiares de cinco personas desaparecidas esperan justicia y reparación.
- Abogados piensan que la nueva conformación de la Sala de lo Constitucional brinda una oportunidad para subsanar casos de personas desaparecidas.
Por Johana Peña
Familiares de personas desaparecidas y abogados de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentaron cuatro solicitudes a la nueva Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que retomen el estudio y resuelva casos de amparo presentado hace más de un año.
Las cuatro demandas que presentaron están relacionadas a personas desaparecidas entre los años 2011 y 2015, en el marco de violencia social que afectó al país en esos años, en la que se registraron cifras históricas de homicidios y desaparecidos, principalmente atribuida a las pandillas.
“(La demanda) no fue atendida adecuadamente por los gobiernos de turno”, mencionó el director ejecutivo de FESPAD, Héctor Carrillo, quién comentó además que los casos no presentan avances, lo que está afectando los derechos de las familias y de las propias personas desaparecidas.
Los amparos presentados corresponden a cinco personas desaparecidas: Alejandro Montalván Ramínrez de 16 años, quien desapareció en el 2015; los hermanos Cristian Mauricio Sánchez Rosales y Fernando Ernesto Sánchez Rosales, ambos desaparecidos en el 2015; Miguel Ángel Martínez Mata de 22 años, desapareció en el 2013 y Josué Eliazar Miranda Elizondo de 14 años, víctima de desaparición en el 2011.
“Esperamos que la nueva Sala de lo Constitucional, la nueva configuración, atienda el llamado que le estamos haciendo. Que se ponga del lado de las personas vulnerables, que se ponga del lado de los salvadoreños humilde”, mencionó Carrillo.
Un amparo es un proceso constitucional por medio del cual se tutela cualquiera de los derechos establecidos dentro de la Constitución. Es decir, es un mecanismo procesal que cualquier persona puede utilizar cuando considera que alguno de sus derechos fundamentales ha sido afectado, explicaron los expertos.
El artículo 247 de la Carta Magna establece que “toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por violación de los derechos que otorga la Constitución”.
“El Estado debe atender estos casos, que pongan a la fiscalía a hacer investigación pronta y eficiente; que ponga al Ministerio de Justicia a impulsar programas de atención y reparación a miles de personas desaparecidas, que pongan a la Asamblea Legislativa a crear un marco normativo adecuado para ello”, exigió Carrillo.
Mencionó que una de las grandes deudas es la creación de un banco de ADN que facilite la búsqueda de las personas desaparecidas.
Sandra Martínez, madre de Miguel Ángel, pidió que la nueva Sala de lo Constitucional resuelva la Demanda de Amparo tramitada en mayo del 2023, ya que está a la espera de justicia y reparación.
Comentó que desde el año 2013 han cambiado alrededor de seis veces al detective asignado al caso y que le habían extraviado la mitad de la información del proceso debido a una mudanza de oficina.
“Desde entonces, yo ya no supe nada del caso, y siempre que yo llegaba a preguntar me decían lo mismo”, lamentó Martínez.
Según datos oficiales, el número de desaparecidos en El Salvador entre el 2011 al 2015 fueron: 8,675 personas. Contabilizando 1,248 en 2011, 1,634 en 2012, 1,925 en 2013; 2,248 en 2014 y en 2015 un total de 1,620.
