Entre enero y agosto, la Fiscalía y los centros judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria.
Pese al incremento de las denuncias del número de personas fallecidas bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas se niegan a investigar los decesos.
Los afectados piden a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que retome el estudio y resuelva procesos de amparos presentados desde hace más de un año sobre cinco personas desaparecidas entre los años 2011 y 2015.
El Comisionado de Derechos Humanos del Gobierno salvadoreño, Andrés Guzmán, afirmó ante la CIDH que bajo el régimen de excepción no se han registrado...
