Es falso que en El Salvador no se han registrado desapariciones durante el régimen de excepción

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El Comisionado de Derechos Humanos del Gobierno salvadoreño, Andrés Guzmán, afirmó ante la CIDH que bajo el régimen de excepción no se han registrado desapariciones, incluso las de “corta duración”,  lo que es falso. No es la primera vez que Guzmán desinforma en las audiencias de la CIDH.

Por Gabriela Aquino

El comisionado presidencial para los Derechos Humanos y la Libertad de Expresión, Andrés Guzmán, emitió afirmaciones falsas y engañosas en una audiencia pública ante la CIDH al negar que en El Salvador se hayan dado desapariciones durante el régimen de excepción

Los datos de organizaciones humanitarias y cifras de la misma Fiscalía General de la República (FGR) lo ponen en evidencia.

“Se ha alegado la existencia de desapariciones forzadas durante el régimen de excepción, esto es totalmente falso”, dijo Guzmán en una de sus intervenciones como representante del Estado salvadoreño.

Agregó: “Considero que es justo que se reconozca por parte de todos los organismos de derechos humanos la falsa afirmación de que las desapariciones forzadas durante el régimen de excepción siquiera existan”. Ambas afirmaciones son falsas.

En noviembre de 2022, en una sesión con el Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), la representante de la FGR, Adela Saravia, dijo que entre abril y septiembre de 2022, meses en los que ya estaba vigente el régimen de excepción,  registraron 212 desaparecidos. De esto da cuenta el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) en su informe referente al 2022.

Gúzman, de nacionalidad colombiana, también negó que ante la CIDH que “la Fiscalía General de la República no ha recibido una sola denuncia sobre este tipo de delitos”, afirmación que no es posible verificar a raíz de que la FGR y la Policía Nacional Civil han declarado la reserva de estos datos.

Infodemia se comunicó con un referente de prensa de la Fiscalía para pedir una postura oficial sobre esta declaración, pero al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

El comisionado del Gobierno de Bukele también dijo que “tampoco existen, ni reconocemos en nuestro contexto la desapariciones forzadas de corta duración. Un concepto que ha tratado de introducirse en esta audiencia que además no está definido en el marco convencional ni en la jurisprudencia nacional e internacional en El Salvador”. Esta afirmación es engañosa.

Las organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado que en el marco del régimen de excepción han registrado denuncias de desapariciones a manos de agentes del Estado de corta duración. De acuerdo con la Fundación para el Debido Proceso (DPLF),  estos son los patrones que se repiten: 

La afirmación de Gúzman es engañosa en virtud de que la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas, si bien no hace distinción entre corta y larga duración, los casos recabados por las organizaciones encajan en la descripción.

Esta convención define como desaparición forzada la “privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.

Juan Carlos Sánchez, oficial de programa de la DPLF, dijo en una conferencia de prensa que brindaron las organizaciones posterior a la audiencia ante la CIDH que la desaparición forzada también se produce cuando el Estado no actúa con la debida diligencia para investigar los hechos, “tal como han documentado ampliamente los familiares y las organizaciones”.

Agregó que las organizaciones consideran preocupante la “manipulación” de los datos y las cifras, “no solo en este campo, sino en muchos otros de la vida nacional es inocultable una política de opacidad de datos”.

Las organizaciones Cristosal y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) registran un total de 327 denuncias por desapariciones bajo el régimen de excepción marzo de 2022 y octubre de 2023. 

Guzmán también se contradijo en su intervención al asegurar a los comisionados de la CIDH que “así es fácil concluir que el gobierno del presidente Nayib Bukele se logró extinguir delitos como el secuestro, la desaparición forzada, la desaparición de personas por parte de los terroristas llevando este terrible acto a sus mínimas expresiones”. 

Por una parte, el funcionario dice que estos delitos se extinguieron o desaparecieron y por otra, reconoce que se siguen dando pero en sus “mínimas expresiones”.

No es la primera vez que Gúzman o funcionarios del Gobierno de Bukele recurren a la desinformación ante la CIDH en temas de derechos humanos, acá puedes ver las verificaciones hechas por Infodemia:

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