En resumen:
- Las autoridades giraron una orden de detención contra 170 personas acusadas de pertenecer o colaborar con una pandilla de la zona.
- Habitantes y familiares de los civiles detenidos aseguran que son inocentes y que no hay pruebas que los incriminen en delitos graves.
- En la zona persiste un temor extendido porque sigan las capturas.
Redacción Infodemia
Un amplio operativo de capturas sorprendió a los habitantes del distrito de El Congo a finales de mayo. El caso, que se desarrolla en un tribunal con reserva total, mantiene en vilo a los familiares que temen por condenas de sus parientes y por ellos mismos, ya que también podrían ser objeto de detención.
La madrugada del 28 de mayo, fiscales, policías y militares llevaron a cabo, en una misma jornada, detenciones de decenas de personas civiles, supuestamente por “colaborar” con la pandilla Barrio 18 sureños.
Testigos narraron a Infodemia que patrullas y otros vehículos rondaron por las calles y zonas residenciales del distrito, mientras que los cuerpos de seguridad del Estado llegaron a las casas y negocios de la zona para realizar las capturas que las familias definen como “arbitrarias” y sin “fundamento”.
En la redada fueron detenidos comerciantes, dueños de negocios y tiendas, propietarios de comedores, panaderos, trabajadores, un promotor de salud, un policía, un militar retirado, una ama de casa, entre otros oficios, pero sus parientes negaron que tengan que ver con la estructura ni con los delitos que se le imputan.
Algunas personas de la tercera edad con enfermedades crónicas también fueron detenidas.
Tras el operativo, la Fiscalía informó en un comunicado que giró 170 órdenes de captura contra pandilleros, colaboradores y civiles acusados de supuestamente “cometer asesinatos y otros graves delitos en la zona occidental del país”.
“Los imputados forman parte de la Tribu Santa Ana, canchas El Congo y Coatepeque y 6 de ellos tenían rangos de palabreros, 14 homeboys, 49 colaboradores y 15 civiles activos”, indicó la FGR.
Pero días antes del operativo, policías llegaron a las viviendas de los futuros detenidos con el pretexto de haber recibido una denuncia de maltrato intrafamiliar. Pidieron documentos y nombre completo de los habitantes de las viviendas.
Desde la primera década del año 2000, el Congo fue un lugar que quedó dividido entre dos pandillas, Barrio 18 sureños y su rival la Mara Salvatrucha (MS-13) que disputaban a muerte el control de los territorios, el cobro de las extorsiones y la venta de droga. Varios de los civiles detenidos durante el operativo fueron víctimas de amenazas y del pago de la “renta” durante años.
El que nada debe, nada teme…
A la una de la mañana, Gabriela Zeledón estaba dando pecho a su hijo de un año al interior de su dormitorio, pero ya no pudo hacerlo porque un agente policial le dijo a su esposo que tenían una orden de cateo y revisarían la casa.
En la misma vivienda también habitaba la familia de su hermana, Zuleyma Zeledón, su hija pequeña y un hermano, cuyo nombre se omite por razones de seguridad.
Los policías, uno de ellos cubierto del rostro, no revisaron nada de la casa. Finalmente anunciaron que tenían órdenes de captura y ordenaron a Gabriela y Zuleyma dejar a su hijo e hija, respectivamente, porque iban a detenerlas.
“Nos quedamos en blanco”, dijo un testigo que pidió no ser identificado por temor a represalias. Los agentes informaron que las capturaban por agrupaciones ilícitas.
Sin embargo, el Ministerio Público dio a conocer horas después que Gabriela fue detenida por el presunto delito de homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y desaparición de personas.
Hasta entonces Zuleyma trabajaba en un reconocido hotel y restaurante del Cerro Verde, mientras que Gabriela, que trabajó desde los 18 años, dejó de hacerlo luego de tener complicaciones de salud relacionadas con su embarazo, por lo que se desempeñaba como ama de casa. Antes, ella trabajó en restaurantes, hoteles y una gasolinera de la zona.
“El régimen de excepción es bueno, pero es malo para las personas que realmente no deben nada, pierden muchos derechos. Uno como salvadoreño aplaude esto, pero hasta el momento que le pasa a sufrir eso, a uno le cambia mucho la forma de verlo”, dijo un familiar de las detenidas.
Durante la misma madrugada, en otro punto del distrito, un grupo de soldados y policías llegó a golpear con fuerza la puerta de la vivienda de Claudia Alvarado, una trabajadora de limpieza de 30 años de edad y madre de dos hijos, una niña de 12 y un niño de seis.
La madre de Claudia comentó a Infodemia que llegaron a preguntar por armas escondidas. Ellas accedieron sin protestar para que los agentes revisaran toda la vivienda, pero no encontraron nada. Finalmente, les anunciaron que iban a detenerla por el presunto delito de agrupaciones ilícitas.
“Mi hija me dijo: ‘Mira, mamá, me van a llevar. El que nada debe, nada teme. No te aflijas, que yo no debo nada, Ante los ojos de Dios, yo no debo absolutamente nada”, comentó la mujer.
Claudia le suplicó a los agentes policiales que le dejara despedirse de sus dos hijos, luego se la llevaron.
Algunos testigos que presenciaron las detenciones dijeron que los policías llegaban a las viviendas preguntando por armas, dinero y droga y que las órdenes de captura eran llenadas a mano al momento.
Al final del operativo, las autoridades anunciaron la incautación de 39 celulares, 3 armas de fuego cortas y 1 arma calibre 22.
Desde la instalación del Régimen de Excepción en marzo de 2022, los cuerpos de seguridad del Estado han detenido a más de 85.000 personas acusadas de pertenecer a las pandillas o colaborar con estas estructuras.
Sin embargo, diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado miles de detenciones y encarcelamientos sin órden de captura o en operaciones irregulares.
En junio, la organización Human Rights Watch presentó un informe en el que un grupo de policías aceptaron que realizaron detenciones arbitrarias basadas en una política de cuotas y evidencia fabricada.
“Sus testimonios ofrecen una perspectiva poco conocida sobre cómo la policía fábrica evidencias para cumplir con cuotas de arrestos, extorsiona a personas inocentes, ignora el debido proceso y desobedece órdenes judiciales”, dijo un comunicado la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, señaló Juanita Goebertus.
En El Congo las personas están angustiadas, sobre todo por las noche, ya que temen que en cualquier momento lleguen las autoridades regresen y se lleven a otro miembro de su familia.
“Estamos sorprendidos y con temor, porque ahora todos corremos peligro, seamos mujeres u hombres. Sentimos peligro por simplemente ser salvadoreños. Aunque no le debamos nada a la ley, pueden llegar igual”, dijo a Infodemia una pastora evangélica de la localidad que solicitó hablar bajo condición de anonimato.
“Es una ofensa a la familia”
Las hermanas Mahetzy y Guadalupe Valencia descansaban después de su jornada laboral al interior de una pequeña tienda cuando las autoridades llegaron golpeando la puerta de su casa. Cinco policías entraron a la vivienda y preguntaron por ambas mujeres.
Después les solicitaron su documento de identidad y ya no las dejaron moverse más. Posteriormente les leyeron una carta de detención donde les mencionaba la captura por agrupaciones ilícitas.
“Nunca nos esperamos eso. Siempre han sido gente transparente, humilde. Sí realmente ellos investigaran bien podrían ver realmente cómo nosotros nos hemos sostenido, cómo hemos salido adelante”, expresó la hija de una de las capturadas.
La pequeña tienda, que es el sostén económico de la familia, tiene 12 años de estar abierta frente a una de las calles principales del distrito, y ambas mujeres la atendían desde las siete de la mañana hasta las 10 de la noche. Si no estaban en su casa, estaban en la iglesia.
“(La detención) es una ofensa a la familia, esa imagen no es real porque ellas no tienen nada, ningún vínculo ni nada”, agregó la joven de 21 años de edad, quien ahora es la responsable de sus hermanos menores de edad y de su abuela.
De forma no oficial, trascendió que las capturas fueron realizadas luego de la declaración de un testigo con criterio de oportunidad, es decir, que es un imputado que acepta colaborar con la justicia a cambio de buscar reducción de la pena o beneficios.
“Se cree que el que ha hablado en contra de esta gente es un criteriado, ¿cuánto vale la palabra de un delincuente?, salvando su pellejo y el de su familia. Ahora pagan otros lo que ellos hicieron”, comentó la expareja de una persona detenida, quien pidió no ser identificada.
“En la zona hay temor, en las casas y en los negocios, son muchas las personas detenidas”, comentó.
Mientras el caso se dirime en el tribunal de crímen organizado de Santa Ana, familiares denunciaron que cuatro personas se encuentran en el “hospitalito” de Izalco.
Jaime Medina de 43 años recibió una llamada a la una de la mañana mientras se encontraba en la vivienda de su compañera de vida. Su padre le informó que la policía lo buscaba y que debía llegar al lugar o que de lo contrario lo irían a buscar.
Cuando llegó hasta la residencia de su padre, observó que los agentes habían revisado toda la casa para buscar armas o dinero, pero no encontraron nada.
Luego le informaron que lo detendrían por los presuntos delitos de desórdenes públicos y agrupaciones ilícitas, pero horas más tarde, el ministerio publicó en redes sociales colocó su rostro junto a otros detenidos en el cual manifestaba que fue capturado por los supuestos delitos de homicidio agravado, desaparición de personas y homicidio agravado en caso de tentativa.
Medina tenía 15 años de organizar torneos de fútbol con la alcaldía de la localidad, con partidos políticos que le donaban trofeos, dirigía equipos femeninos y se desempeñaba como árbitro, dijo una familiar que pidió no ser identificada.
Además, vendía en línea calzado americano de segunda mano.
“Las acusaciones que le han hecho no tienen fundamento porque él es conocido por eso, por el fútbol, por ser árbitro, por trabajar con algunas escuelas organizándoles torneos, marcando las canchas”, expresó.
Luego de la publicación de este artículo, Infodemia recibió algunas denuncias adicionales de habitantes de El Congo que tenían características similares a las ya descritas, a continuación se agrega uno más.
Reina Ramirez se desempeñó por 10 años como parte del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) en Santa Ana, antes se dedicaba a ser ama de casa y líderesa comunitaria en la Colonia Santa Emilia I.
Su familia comentó a Infodemia que un grupo de policías llegó a su vivienda con una orden de cateo, a pesar de ello, no lo llevaron a cabo. Le pidieron el documento de identidad y luego llenaron una ficha en la que se mencionó que el procedimiento no era por régimen, ni relacionado con pandillas.
Los agentes le pidieron que se cambiara la pijama con la que estaba vestida y que se llevara con ella el medicamento que ingería porque se la llevarían para una investigación y que en 72 horas estaría libre y si no se resolvía serían 15 días, pero no especificaron los motivos de la captura. Pero, en la audiencia inicial, la familia conoció que su captura era por supuestos vínculos con agrupaciones ilícitas, tenencia de armas y homicidio.
“Ella no tiene armas, tiene licencia, pero no armas. Las armas que le dan en el CAM las tienen que regresar cuando terminan su turno”, comentó su hija a este medio.
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