Entre enero y agosto, la Fiscalía y los Centros Judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria. 

En resumen:

• En siete meses, los tribunales han condenado a más de 2.500 personas por su pertenencia a las pandillas o colaborar con estas. 
• Abogados defensores señalan violación a una defensa individualizada, garantías al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho de defensa de algunas personas que han sido acusadas presuntamente de forma arbitraria. 
• Las penas impuestas en los juicios masivos van desde los 12 hasta los 85 años de prisión.

Por Lissette Lemus 

Al menos 2.510 personas han sido condenadas como integrantes de las dos principales pandillas del país durante el desarrollo de 58 audiencias colectivas realizadas en los primeros siete meses del año, según datos publicados por la Fiscalía General de la República (FGR) y los Centros Judiciales.

Los juicios masivos fueron desarrollados entre el 12 de enero y el 18 de agosto, mientras que las sentencias dictadas equivalen aproximadamente al 2.7 % de las 92.747 detenciones registradas desde la instauración del régimen de excepción en marzo de 2022. 

En general, las penas impuestas van desde los 12 hasta los 85 años de prisión, de acuerdo con los datos publicados por ambas instituciones y que fueron revisados por Infodemia.

Sin embargo, estos datos pueden presentar un subregistro debido a que no hay acceso a la totalidad de los mismos. 

En junio de 2026, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inexistente la información sobre las audiencias penales colectivas realizadas por todos los Juzgados Contra el Crimen Organizado a nivel nacional, como respuesta a una solicitud de información pública realizada por una ciudadana. 

Durante enero y agosto, la fiscalía y los tribunales han procesado a 3.867, según la información oficial disponible.

De ese total, 485 son procesados en un solo grupo como cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes son señalados por la Fiscalía como responsables de 47.000 delitos cometidos entre 2012 y 2022, entre ellos 29.000 homicidios y feminicidios, desapariciones forzadas, tráfico de drogas, extorsiones, amenazas y tráfico de armas.

El  Ministerio Público destaca que en este caso contra los líderes, se contabilizan 525 empleados públicos y 104 policías asesinados. También le atribuye a la estructura criminal la orden de asesinar a más de 80 personas durante un solo fin de semana de marzo de 2022, que dio paso a la implementación del estado de emergencia.

Además, en los procesos colectivos figura el de  124 integrantes de la pandilla Barrio 18 responsables de una masacre cometida en Usulután en mayo de 2014, en la que fueron asesinados seis trabajadores que se dedicaban a la reparación de barcos en el embarcadero de Puerto El Triunfo. 

El 22 de mayo de 2014 cuando regresaban en motocicleta de su trabajo, fueron interceptados y privados de libertad por un grupo de pandilleros. Un día después, sus cadáveres fueron encontrados dentro de una fosa clandestina localizada en un terreno boscoso de la hacienda La Carrera. Según las investigaciones, estaban atados de pies y manos y habían sido asesinados a machetazos. Entre las víctimas había tres hermanos.

131 miembros de la MS-13 fueron condenados entre 30 y 75 años de prisión acusados de cometer varios delitos en La Libertad. Foto cortesía FGR.

Abogados cuestionan procesos 

Abogados defensores cuestionan el uso de las audiencias colectivas y sostienen que dificultan una defensa individualizada y comprometen garantías fundamentales de las personas detenidas y señaladas “arbitrariamente” de colaborar con pandillas.

La experta en derecho penal Marcela Galeas explicó a Infodemia que el problema jurídico y de derechos humanos que conllevan los juicios masivos es que “comprometen derechos fundamentales como el debido proceso, defensa material y técnica, presunción de inocencia, principios de imparcialidad, igualdad procesal, plazo razonable y motivación de las resoluciones.”

Galeas expuso que la Constitución salvadoreña establece que nadie sea privado de sus derechos sin ser oído y vencido en juicio y que toda persona sea considerada inocente hasta que su culpabilidad sea probada.

La abogada agregó que procesalmente no le corresponde al acusado demostrar su inocencia, sino que le corresponde al ente fiscal probar su culpabilidad.

“Si la prueba es insuficiente, la consecuencia jurídica no podría ser una condena, pero estamos en una situación compleja, cuando se eliminan mecanismos independientes de revisión en procesos judiciales, la inocencia jurídica deja de ser una protección efectiva frente al poder”, dijo.

La Asamblea Legislativa, de súper mayoría oficialista, aprobó en julio de 2023 “el sometimiento de imputados a un solo proceso penal por su pertenencia a una misma estructura terrorista o agrupación ilícita y que hayan sido capturados dentro de la vigencia del régimen de excepción”.  

El abogado Luis Rivera también considera que las audiencias colectivas dificultan el ejercicio de la defensa. Afirmó que el papel de los abogados en estos casos es «muy limitado» y cuestionó que, a su juicio, los jueces aceptan una parte importante de las solicitudes de la Fiscalía.

Rivera también cuestionó la falta de individualización en los procesos por agrupaciones ilícitas, al señalar que los acusados son tratados como «coautores» bajo las mismas condiciones. «Este tipo de figura permite condenarlos a todos bajo las mismas condiciones y eso va contra principios constitucionales, de derecho y de la doctrina», sostuvo.

Diversas organizaciones de derechos humanos locales e internacionales temen que personas inocentes y sin haber cometido delitos sean condenados junto a miembros de pandillas que deben responder por los delitos que cometieron.

Soldados custodian el acceso a un pasaje de un populoso barrio en el marco del régimen de excepción. Foto de archivo Infodemia / Diego Rosales.

Posibles condenas injustas

Organizaciones defensoras de derechos humanos también han cuestionado las audiencias colectivas y denunciado posibles vulneraciones a  los derechos humanos de las personas procesadas de forma “injusta”. 

«Estamos en total desacuerdo con estos procedimientos porque la persona procesada no tiene posibilidades de defenderse de manera unilateral”, afirmó Lourdes Palacios, coordinadora del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES),

Dijo que el comité ha conocido casos en los que las personas son agrupadas por criterios geográficos que, según ella, no necesariamente guardan relación con los delitos que se les imputan.

Por su parte, Leslie Schuld, directora del Centro de Intercambio y Solidaridad (CIS) denunció el 24 de marzo la presunta condena arbitraria de César Edgardo Hernández Osorio, de 26 años, un sindicalista de la alcaldía de San Rafael Cedros, Cuscatlán.

Schuld afirmó que Hernández Osorio fue condenado «sin pruebas» por el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado, juez 4  de San Salvador, durante una audiencia colectiva realizada del 9 al 13 de marzo.

Ese mismo día, la Fiscalía informó que 66 personas fueron condenadas en un proceso colectivo por su pertenencia a la clica Saicos Locos Salvatruchos de la MS-13, que operaba en el casco urbano y zonas aledañas de San Rafael Cedros.

Las penas oscilaron  entre 20 y 60 años de prisión. Hernández Osorio recibió una condena de 30 años, señalado de desempeñarse como «chequeo» o colaborador de la clica.

Los condenados tenían antecedentes por delitos como homicidio, extorsión, privación de libertad, posesión y tenencia de armas y delitos relacionados con drogas, dijo el Ministerio Público.

Hernández Osorio fue detenido el 15 de junio de 2022. Tras su detención, su familia denunció que su captura era arbitraria y negó que él tuviera relación con las pandillas,aunque en el pasado había sido detenido y puesto en libertad en dos oportunidades. 

La madre del detenido, Rosa Osorio, afirmó que él trabajaba a tiempo completo en la alcaldía durante el día y por las noches en un restaurante y los sábados estudiaba tercer año de la licenciatura en Ciencias Jurídicas en una universidad privada.

Captura de pantalla del post de Bukele en la red social X.

Pese a las críticas, el presidente Nayib Bukele ha defendido su estrategia al mencionar que no están aplicando un sistema diferente, ya que el pasado los denominaron responsabilidad de mando y fue aplicada por los países aliados en los Juicios de Núremberg, cuando dirigentes del partido nazi fueron juzgados por sus crímenes durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).  

“Estos “juicios masivos” y el enjuiciamiento de los líderes de organizaciones criminales por los crímenes cometidos por sus miembros no son una innovación jurídica; son una doctrina reconocida en el derecho internacional”, escribió en su cuenta de X el 24 de abril.

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