Los expertos de la ONU señalaron que la reserva total del caso judicial impide el derecho a defensa y que el caso refleja un patrón de control social para silenciar a las mujeres en la esfera pública.
Durante las administraciones de Nayib Bukele en la alcaldía de San Salvador y en la Presidencia de la República, dos empresas vinculadas a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y a su esposo, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa, obtuvieron al menos 14 contratos con instituciones del Estado.
