Durante el gobierno de Bukele, el Estado otorgó 23 contratos de manera directa por más de $218.5 millones, pagó casi el doble por unos puentes anunciados en $24.4 millones y dejó inconclusas 19 obras comunitarias en el oriente del país.
El Estado salvadoreño no asistió a dos audiencias de la CIDH en Panamá, donde organizaciones denunciaron capturas arbitrarias, torturas y más de 500 muertes bajo custodia durante el régimen de excepción.
