Expertos señalan que las acciones de los diputados ignoran sentencias de la Sala de lo Constitucional y que la misma Constitución prohíbe reformar ciertos artículos.
Especialistas señalan que la falta de acceso a la información y el manejo arbitrario de las estadísticas no permiten una confiabilidad del fenómeno de la violencia contra la mujer en el país.
