Protectores del medio ambiente sostienen que en el país existe una persecución del Estado contra voces que se alzan contra el deterioro de los recursos naturales e inminentes proyectos extractivistas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió al Estado salvadoreño que la aplicación de cadena perpetua a niñas, niños y adolescentes es incompatible con la jurisprudencia interamericana.
En su campaña de promoción para reactivar la minería metálica en El Salvador, Bukele afirmó que El Salvador es el único país que tiene prohibiciones para extraer metales en el mundo, pero esto no es cierto, ya que otras naciones también legislan al respecto.
Defensores ambientales salvadoreños temen que el acuerdo firmado entre el Gobierno de Nayib Bukele y Thorium Energy Alliance pueda abrir la puerta a la explotación del torio en el país, violando así la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, vigente desde el 2017.
