Durante cuatro años, El Salvador permanece bajo un régimen de excepción que ha permitido combatir a las pandillas, reducir los homicidios y los delitos en el país. La medida también ha provocado una serie de denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos, las cuales han sido negadas por las autoridades.
Entre enero y agosto, la Fiscalía y los centros judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria.
La reforma exprés aprobada por la legislatura 2021-2024 en su última sesión plenaria, y que será ratificada más temprano que tarde, se erige como una nueva vía para atacar la libertad de expresión y prensa en El Salvador.
Expertos señalan que las acciones de los diputados ignoran sentencias de la Sala de lo Constitucional y que la misma Constitución prohíbe reformar ciertos artículos.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó el pasado 3 de enero que no hay ni una idea sobre reformar la Constitución. Esto es falso ya que el 15 de septiembre de 2021 se oficializó la entrega del proyecto de reformas a la Constitución liderado por el vicepresidente, Félix Ulloa.
