Amnistía Internacional señala que El Salvador atraviesa un alarmante retroceso y deterioro en la garantía de los derechos humanos bajo el contexto del régimen de excepción en el Gobierno de Nayib Bukele, además de que la violencia del Estado viene sustituyendo a la de las pandillas. Acá te explicamos.
En breve:
- AI atribuye al Gobierno de Bukele un retroceso en materia de derechos humanos.
- Señala que bajo el régimen de excepción se han dado violaciones a derechos humanos, como masivas detenciones y torturas.
- Señala que la violencia ejercida por el Estado sustituye paulatinamente a la de las pandillas en comunidades empobrecidas.
Por Tania Ortiz
Violaciones de derechos humanos, masivas detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, muertes de detenidos en custodia del Estado, restricción del espacio cívico, falta de acceso a la información pública, ataques contra periodistas, activistas y voces críticas, estos son algunos de los hallazgos que reporta Amnistía Internacional en un informe de más de cuatro años del Gobierno de Nayib Bukele y que enfatiza en los 21 meses del régimen de excepción.
“Amnistía Internacional concluye que, desde el inicio del mandato del presidente Nayib Bukele, en junio de 2019, El Salvador está viviendo una marcada regresión en materia de derechos humanos, lo cual ha colocado los cimientos de lo que podría representar una de las crisis más graves desde el fin del conflicto armado interno”, señaló la organización humanitaria.
Una crisis de derechos humanos
El Salvador atraviesa por una crisis en materia de derechos humanos, afirma Amnistía Internacional y sostiene que desde que se decretó el régimen de excepción a finales de marzo de 2022 y se realizaron reformas penales, se han vulnerado derechos fundamentales.
La investigación señala que se ha consolidado un “modelo punitivo”y el uso de la suspensión de derechos como un patrón en la gestión de la seguridad pública.
Apunta también el peligro de medidas que “otorgan apariencia de legalidad a la suspensión de un conjunto de derechos y garantías al debido proceso”, dando pie a detenciones arbitrarias, militarización, desapariciones forzadas, torturas, muertes, restricción de derechos y reformas legales que van en contra de estándares internacionales.
Los hallazgos coinciden con las denuncias realizadas por organizaciones nacionales e internacionales.
Organizaciones salvadoreñas han denunciado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 327 desapariciones forzadas, mientras que AI logró documentar 35 casos. En tres casos los familiares manifestaron no conocer el paradero de su familiar tras la detención.
Captura de pantalla del informe presentado por Amnistía Internacional.
“Fui detenida en mi casa, de manera repentina y violenta, por agentes policiales. Recuerdo que, en ese momento, nadie me explicó la razón de mi detención”, dice uno de los testimonios registrados por la organización.
Sobre las 7,000 personas que han sido liberadas hasta agosto bajo medidas sustantivas durante el régimen, y que forman parte de las más de 72 mil detenciones registradas, señala que estas han sido catalogadas como “margen de error”.
Hasta noviembre de 2023, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) contabilizaba 190 muertes bajo custodia del Estado y se habla de un subregistro de esta cifra, debido a casos donde se han reportado exhumaciones de víctimas en fosas comunes, apunta la investigación.
De acuerdo al análisis de denuncias recibidas por las oenegés humanitarias y AI, las detenciones arbitrarias tienen en común tres características socioeconómicas: un bajo nivel educativo, empleos precarios y residencia en áreas estigmatizadas por la pobreza o por el control de pandillas.
Para AI, estos datos “alertan sobre una gradual sustitución de la violencia pandilleril por violencia estatal”.
Espacio cívico y libertad de expresión bajo amenaza
La organización internacional recabó testimonios que relatan que periodistas, activistas y voces disidentes se han visto amenazadas bajo una ola de ataques y discursos de odio provenientes de autoridades del Estado, lo que pone en riesgo la libertad de expresión y asociación. También han señalado que el objetivo de estos ataques es “deslegitimar” y “desprestigiar”, además de “disuadir y promover la autocensura”.
El centro de monitoreo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), en su informe de 2022, registró 136 casos de agresiones a la prensa en el ejercicio de sus labores.
Amnistía Internacional recuerda en su informe la vulneración de las comunicaciones de periodistas y activistas de derechos humanos con el uso del software de espionaje Pegasus.
Access Now y Citizen Lab confirmaron al menos 35 casos de periodistas de distintos medios de comunicación y miembros de la sociedad civil cuyos teléfonos tenían el programa espía Pegasus del NSO Group, que únicamente vende a los Estados.
Amnistía también analizó el contenido de nueve cuentas de funcionarios en la red social X y corroboró que los mensajes difundidos “incitan al acoso, hostigamiento y ataques a la reputación y credibilidad” de las personas y organizaciones que cuestionan las medidas implementadas por el Gobierno.
Los principales blancos identificados fueron personas defensoras de derechos humanos, medios de comunicación y periodistas independientes, organizaciones de sociedad civil, sindicalistas y operadores de justicia que han señalado retrocesos en materia de derecho.
Otro de los hallazgos del informe es el ocultamiento de información pública y el poco acceso con el que se cuenta actualmente; así como el régimen de excepción para detener y criminalizar a periodistas y activistas.
El reporte cubre hasta el 30 de noviembre del 2023 y para su elaboración se entrevistaron a 83 personas y se documentaron 62 casos de víctimas que denunciaron violación de derechos humanos.
AI contrastó toda la información con documentos, investigaciones periodísticas, base de datos de organizaciones, monitoreo de redes e informes; sin embargo, añade que se vieron limitados al momento de contrastar por no contar con datos oficiales y falta de respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública que realizaron.
