La oficina del Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales pidió al Gobierno de Nayib Bukele, en una comunicación fechada el 11 de julio, explicaciones sobre los señalamientos de vulneraciones a los derechos de Muyshondt. El Estado ha respondido, pero aún no es público el documento.
En resumen
- Una relatoría de Naciones Unidas pidió al Estado salvadoreño informar sobre la captura, proceso judicial y muerte del exasesor de seguridad.
- Muyshondt falleció en febrero pasado bajo custodia del Estado en circunstancias que no han sido explicadas por el bukelismo.
- El estado salvadoreño, que tuvo un plazo de 60 días para responder a la solicitud de información, habría respondido el 5 de septiembre pero el documento aún no es público.
Redacción Infodemia
El relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas, Morris Tidball-Binz, envió una comunicación al Estado salvadoreño manifestando su preocupación por las condiciones en la que se dio la muerte del exasesor de Seguridad Nacional Alejandro Muyshondt y por la que existe “presunción de responsabilidad del Estado”.
“En este contexto, quisiéramos señalar a la atención urgente del Gobierno de Su Excelencia la información que hemos recibido en relación con la muerte presuntamente bajo custodia del Señor Jorge Alejandro Muyshondt Álvarez de 46 años de edad, con doble nacionalidad salvadoreña y belga, el 7 de febrero de 2024, tras ser detenido por la Policía Nacional Civil el 9 de agosto de 2023, en la ciudad de Santa Tecla, La Libertad, sometido a desaparición forzada durante unos meses y mantenido en un régimen de incomunicación”, reza el documento fechado el 11 de julio.
En la solicitud, también relacionada con el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, se expresa una “seria preocupación por el hecho que el Señor Muyshondt Álvarez presuntamente permaneció desaparecido durante seis meses”.
Captura de pantalla de la comunicación enviada al Estado salvadoreño.
En este lapso, señala el escrito, “sus familiares y sus representantes legales no habrían recibido información oficial sobre su situación fuera de las noticias recibidas a través de los medios de comunicación”.
En agosto de 2023, Muyshondt fue detenido por las autoridades luego de denunciar en redes sociales que el diputado oficialista del partido Nuevas Ideas, Erick García, presuntamente estaba involucrado en narcotráfico y otros delitos como falsedad ideológica.
El exasesor de seguridad fue capturado supuestamente por ser doble agente desde 2019, en el que habría ayudado al expresidente Mauricio Funes (2009-2014) a eludir un proceso judicial en su contra, por lo que fue procesado por los cargos de favorecer la evasión y la revelación de documentos secretos.
Desde su detención, su familia denunció que desconocía el paradero y que las autoridades se negaron a dar cualquier información sobre su integridad, hasta la fecha de su muerte el 7 de febrero, misma que sucedió bajo custodia estatal y sin que hasta el momento se conozcan los detalles oficiales del caso.
“Quisiéramos recordarle al Gobierno de su Excelencia que en todo caso de muerte en custodia existe una presunción de responsabilidad del Estado, por lo cual el derecho internacional exige se lleve a cabo una investigación exhaustiva, rápida, independiente e imparcial de todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias”, añade el documento.
Finalmente, el relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU pidió información sobre las acusaciones, además de explicaciones sobre “las bases legales para el arresto y detención” de Muyshondt.
También requirió “información acerca de las razones por las cuales no se informó oficialmente a la familia del Señor Muyshondt de su detención, procesos legales, ni se le facilitó información sobre su paradero y posterior traslado”.
Llamó al Estado salvadoreño a detallar “información acerca de la reclusión del Señor Muyshondt en régimen de incomunicación, así como las medidas adoptadas para garantizar su derecho a ser tratados con dignidad, a tener acceso a sus abogados y a visitas de sus familias, y garantías de juicio justo y debido proceso”.
Las peticiones también incluyen el papel que jugó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en la “denegación del habeas corpus”, además de las solicitudes de información por parte de los familiares ante los tribunales.
El Estado de El Salvador tuvo 60 días para responder la comunicación y su respuesta se habría recibido el 5 de septiembre, pero el documento no se ha hecho público.
“Se ha recibido respuesta y se está tramitando. El documento estará disponible lo antes posible”, reza un documento alojado en el portal que alberga las comunicaciones entre el sistema se protección de derechos humanos de la ONU.
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