La petición fue realizada durante el 195 periodo de sesiones de CIDH para evaluar la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el contexto del régimen de excepción.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron ante la CIDH el abandono estatal de los casos de violencia sexual en contra de mujeres en el marco del conflicto armado salvadoreño (1980-1992).
Ante una acusación por presunto tráfico de drogas, el diputado Erick García afirmó que renunciaba a su fuero constitucional tras presentar una documentación ante la Asamblea Legislativa para que se determine si ha cometido algún delito, pero es falso que pueda renunciar a dicha inmunidad.
