Ante una acusación por presunto tráfico de drogas, el diputado Erick García afirmó que renunciaba a su fuero constitucional tras presentar una documentación ante la Asamblea Legislativa para que se determine si ha cometido algún delito, pero es falso que pueda renunciar a dicha inmunidad.
Melissa Paises
El diputado de Nuevas Ideas (NI) Erick García presentó el lunes (31/07/23) ante la Asamblea Legislativa una documentación con la que afirmó estaría renunciando a su fuero constitucional. Sin embargo, es falso que un legislador pueda disponer a su criterio de esta inmunidad, dado que la Constitución establece un proceso para que sea retirada.
“He venido a presentar un documento en el cual dispongo mi fuero constitucional ante la Junta Directiva de esta honorable Asamblea Legislativa. Será la Junta Directiva la encargada de certificar ante la Fiscalía General de la República si existe algún proceso de investigación o delito contra mí”, dijo García en conferencia de prensa.
Y agregó: “Si es el caso, la Fiscalía General de la República enviará la petición de antejuicio y se me quitará el fuero constitucional. Es decir, vengo a renunciar al fuero constitucional”.
En reacción a esta solicitud el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, publicó en su cuenta de Twitter: “Aceptaremos la solicitud de renuncia al fuero del diputado”.
Esta presentación se dio después de que García fuera señalado por Alejandro Muyshondt, asesor gubernamental de seguridad, de supuesto tráfico de drogas y de que divulgara una fotografía en la que presuntos miembros del equipo legislativo del diputado estarían realizando señales alusivas a las pandillas.
El fuero constitucional es una figura irrenunciable que sirve como inmunidad para que diputados, ministros, el vicepresidente y el presidente de la república, entre otros funcionarios, eviten ser procesados penalmente mientras ocupan el cargo.
La única manera en la que un funcionario puede perder el fuero es enfrentando un procedimiento especial llamado “antejuicio”, regulado en los artículos 236, 237 y 238 de la Constitución, además de los artículos 381 al 390 del Código Procesal Penal y los artículos 118 al 142 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa.
La abogada Erika Saldaña explicó a través de su cuenta de Twitter: “El ‘fuero’ es la competencia especial para tramitar el juzgamiento de ciertos funcionarios (aforamiento). No es un derecho renunciable”.
Y añadió: el antejuicio “es una prerrogativa procesal reconocida a ciertos funcionarios, para garantizar el funcionamiento de una institución. No se reconoce en su calidad persona”.
El ente que puede accionar este mecanismo de desafuero ante la Asamblea Legislativa es la Fiscalía tras determinar si el funcionario ha realizado o no una acción delictiva.
La Asamblea instala una Comisión de Antejuicio, en la que un diputado es nombrado fiscal y otro defensor. Dicha comisión revisa la solicitud, escucha las posturas de las partes involucradas, para posteriormente presentar un dictamen al pleno y que este determine si da a lugar la formación de causa del delito con 43 votos a favor, y el infractor enfrente un juicio ante los tribunales comunes.
La Constitución establece que desde que la Asamblea Legislativa declare que”hay lugar a formación de causa”, el diputado desaforado “quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones y por ningún motivo podrá continuar en su cargo”.
Este procedimiento ya ha tomado lugar en contra de diputados de Nuevas Ideas y otros funcionarios.
En febrero de 2022, la Asamblea desaforó a los diputados José García y Gerardo Aguilar luego de que estos fueran acusados de cometer cohecho impropio en perjuicio de la administración pública al presuntamente negociar dádivas con Roy García, ex secretario nacional de salvadoreños en el exterior de Nuevas Ideas y fundador del partido PAIS, a cambio de que estos convencieran a algunos diputados de su bancada de abandonar el partido.
Norman Quijano, diputado por el PARLACEN, también enfrentó este procedimiento en dos ocasiones. Primero en mayo de 2020, faltando dos votos para aprobar el desafuero, y luego en diciembre de 2021 donde este sí fue ratificado. En ambas ocasiones el delito atribuído por la Fiscalía fue fraude electoral y agrupaciones ilícitas por supuestamente ofrecer $100 millones a miembros de pandillas a cambio de votos.
Controversia genera reacciones
El 31 de julio, el partido NI anunció que se abriría un proceso de investigación sobre las acusaciones del asesor de seguridad del Gobierno, Alejandro Muyshondt, hacia el diputado García, sin dar mayor información de cómo se realizará este procedimiento.
En un comunicado, el partido también solicitó al asesor de seguridad que proporcione las imágenes completas de las conversaciones en las que se acusa al diputado y que divulgó en redes sociales.
Posteriormente, Nayib Bukele dio un ultimátum a Muyshondt para que publique las conversaciones sin el nombre borrado, como se mostraba en las capturas.
“Si el nombre borrado es del diputado Érick este será investigado por narcotráfico. Si no es el diputado García, entonces el señor Alejandro Muyshondt deberá responder por qué acusó falsamente al diputado García”, escribió Bukele en su cuenta de Twitter.
Muyshondt respondió al tweet de Bukele con varios audios y documentos en los que presuntamente se acusa al diputado García de lavado de dinero, tráfico de drogas, nepotismo y otros delitos.
Ese mismo día por la tarde, el diputado García denunció a Alejandro Muyshondt ante la Fiscalía por calumnia, simulación de delito y coacción.
