Nayib Bukele afirmó en las Naciones Unidas que en El Salvador las personas viven “con su libertad y derechos humanos totalmente respetados”. Está afirmación es falsa, dado que desde la implementación del régimen de excepción, diversas organizaciones han registrado atropellos a los derechos humanos.
En resumen
- Bukele dijo en la Asamblea General de la Naciones Unidas que en el país se garantizan todos los derechos, pero informes señalan retrocesos.
- Múltiples organizaciones locales e internacionales de derechos humanos han presentado informes que dan cuenta de retrocesos y violaciones.
- Denuncian una grave crisis de derechos humanos generada por la adopción de un enfoque de concentración de poder y una estrategia de seguridad netamente represiva.
Por Johana Peña
Durante su discurso ante la 79 Asamblea General de la Naciones Unidas, el presidente Nayib Bukele afirmó que en El Salvador las garantías de la ciudadanía son totalmente respetadas, pero esta afirmación entra en la categoría de Falso, ya que diferentes entes han documentado violaciones a las garantías y dan cuenta de ello en sus informes..
“Ahora son los buenos los que viven libres, sin miedo, con su libertad y derechos humanos totalmente respetados”, dijo el mandatario, haciendo alusión a los resultados en materia de seguridad y la drástica reducción de homicidios, luego de la implementación del régimen de excepción, vigente durante más de 30 meses.
Pero esta afirmación contrasta con informes internacionales que denuncian una situación diferente en el país. Desde hace un lustro, El Salvador está en el escrutinio público por el deterioro institucional y la desprotección de derechos humanos.
Consultada por Infodemia, Irene Cuéllar, investigadora regional de Amnistía Internacional (AI), sostuvo que “las organizaciones de derechos humanos, tanto a nivel local como internacional, destacan la grave crisis de derechos humanos en El Salvador generada principalmente por la adopción de un enfoque de concentración del poder y una estrategia de seguridad netamente represiva, cuya principal manifestación ha sido la prolongación continua del régimen de excepción por más de dos años”.
Sin embargo, con el Estado de excepción se han incrementado las denuncias sobre violaciones al derecho a la defensa, el cumplimiento del debido proceso, la privacidad de las comunicaciones, capturas arbitrarias, malos tratos y torturas al interior de las cárceles y hasta muertes bajo custodia del Estado.
La organización Cristosal reporta desde hace más de 30 meses, 265 muertes bajo custodia del Estado, incluyendo cuatro niños. Además, las muertes de los adultos han dejado en la orfandad a 176 hijos e hijas y más de 62 mil menores quedaron abandonados.
Además, en su informe “El silencio no es opción” reportan 3.643 denuncias por abusos y violaciones a derechos humanos hasta abril de 2024.
También un Informe sobre el Estado de excepción y derechos humanos presentado a inicios de septiembre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló detenciones ilegales y arbitrarias, el allanamiento ilegal de moradas, abusos en el uso de la fuerza y violaciones a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Según la información disponible, 73.000 personas fueron detenidas desde el 27 de marzo de 2022 al inicio de noviembre de 2023, aunque las estadísticas oficiales señalan la detención de más de 81.000 personas.
Los comisionados de CIDH, que pidieron el final de la medida, advirtieron que las garantías judiciales indispensables no pueden ser suspendidas bajo ninguna circunstancia y hace un llamado al Estado salvadoreño a restablecer los derechos suspendidos y a adoptar medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad.
“La falta de atención adecuada por parte de las autoridades gubernamentales, a pesar de los señalamientos repetidos de la comunidad internacional, genera dudas sobre su compromiso con los derechos humanos y su disposición para abordar los problemas de manera efectiva”, mencionó la investigadora de AI.
Las personas afectadas no tienen a dónde recurrir ya que las instituciones han sido cooptadas y son dirigidas por funcionarios leales al bukelismo, como la Fiscalía General que se niega a investigar denuncias, la Corte Suprema de Justicia que rechaza solicitudes de habeas corpus, o el silencio de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
“Esta falta de voluntad política podría también indicar, incluso, un consentimiento tácito desde las más altas esferas del gobierno para continuar con estas prácticas violatorias de derechos humanos”, agregó Cuellar.
También, el Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha denunciado que desde la implementación del estado de emergencia, un total de 34 sindicalistas han sido procesados por asociaciones ilícitas y desórdenes públicos, de los cuales uno ha muerto y 18 permanecen en detención arbitraria.
Ante la presión de las autoridades, algunos sindicalistas buscaron asilo en España y Estados Unidos.
Además, denunció la captura a finales de mayo de 11 miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, quienes fueron procesados por los supuestos delitos de terrorismo, presuntamente estaban organizando atentados para la toma de posesión de Bukel el 1 de junio.
“Esa narrativa de Nayib Bukele (de respetar los derechos humanos) es mentirosa, descarada, farsante”, dijo a Infodemia Ingrid Escobar, directora del SJH.
Libertad de prensa y expresión
En cuanto a la libertad de expresión, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en su última visita al país alertaron sobre el deterioro de la situación de la libertad de expresión en el país.
Según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), entre julio del 2023 a marzo del 2024, se registraron 322 vulneraciones a periodistas en el ejercicio de sus funciones.
Además, la encuesta del IUDOP presentada en junio señala que un 53.9 por ciento manifestó tener mucho, algún o poco temor de recibir algún tipo de intimidación o amenaza por expresarse sobre cualquier asunto de importancia nacional o sobre las decisiones que está tomando el actual gobierno.
Por lo tanto, es falsa la declaración de Bukele. Esta categoría se utiliza cuando la información verificada no tiene un fundamento real o es incongruente frente a otros datos y fuentes.
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