- Representantes del Gobierno salvadoreño no comparecieron a las dos audiencias de la CIDH.
- Organizaciones denunciaron posibles ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad.
- Pedro López, familiar de una víctima mortal, relató la muerte de su hermano, quien fue enterrado en una fosa común sin que su familia supiera.
Por Lissette Lemus
Representantes del Estado salvadoreño no participaron en dos audiencias realizadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar presuntas violaciones de derechos humanos durante el régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022.
En la reunión, las organizaciones civiles denunciaron detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia estatal durante la polémica medida.
La CIDH lamenta la ausencia del Estado
Los comisionados lamentaron la ausencia de representantes salvadoreños en las sesiones, en las que abordaron la situación de las personas encarceladas y el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
El relator sobre los derechos de las personas defensoras de derechos humanos, José Luis Caballero, afirmó que la participación del Estado era importante para acreditar su compromiso con la protección de estos derechos.
“Lamento profundamente que el Estado de El Salvador no se haya hecho presente en las audiencias tan importantes que le concernían en este 197º periodo de sesiones: la situación de las personas privadas de libertad en el contexto del estado de excepción, y la situación de la Procuraduría de Derechos Humanos”, escribió en X.
Por su parte, David Morales, abogado de Cristosal, sostuvo que la inasistencia responde a una “política generalizada de opacidad, de negación de las violaciones a los derechos humanos que de forma sistemática están ocurriendo” en el país.
Desde la llegada al poder del presidente Nayib Bukele, el Estado salvadoreño ha dejado de comparecer en ocho audiencias convocadas por la CIDH, según un recuento de El Faro.
Un testimonio en la sala
Pedro López Castellón relató la detención, muerte y entierro en una fosa común de su hermano Rafael López Castellón, de 53 años, en el contexto del estado de emergencia que busca erradicar a las pandillas.
Rafael, quien padecía insuficiencia renal y cardiaca crónica, fue detenido el 8 de abril de 2022, cuando agentes policiales ingresaron a su vivienda en Jucuapa, Usulután, sin presentar una orden de allanamiento, según el testimonio de su hermano.
Pese a su estado de salud y a las súplicas de su familia, fue arrestado bajo señalamientos de pertenecer a pandillas. Su hermano asegura que la acusación es falsa y que incluso fue víctima de la extorsión debido a que tenía un molino.
“A partir de ese momento nuestra pesadilla comenzó y nunca más volvimos a saber nada de él”, relató su hermano ante la CIDH.
68 días sin saber de su muerte
El detenido fue llevado a las bartolinas de Usulután y después trasladado al centro penal La Esperanza. Murió en un hospital el 1 de junio de 2022, menos de dos meses después de su detención, pero las autoridades no notificaron su fallecimiento a la familia.
El 10 de julio, sus familiares llevaron a la prisión un segundo paquete con alimentos y artículos de primera necesidad, sin saber que ya había muerto.
“Con dolor y con una gran impotencia, hoy sé que para esa fecha mi hermano ya estaba muerto”, expresó López Castellón ante la CIDH.
La familia se enteró del fallecimiento 68 días después, por casualidad, cuando acudió a solicitar los antecedentes penales del detenido. Para entonces, el cuerpo de Rafael había permanecido durante semanas en la morgue y luego había sido enterrado en una fosa común en el cementerio La Bermeja.
Pedro identificó el cadáver de su hermano mediante álbumes fotográficos de personas fallecidas no reclamadas. Tras un proceso que describió como largo y burocrático, la familia logró darle sepultura el 18 de septiembre de 2022.
El familiar también señaló que testimonios de personas que estuvieron recluidas con la víctima indicaron que sufrió aislamiento y agresiones físicas por parte de custodios de la prisión.
“La muerte de Rafael fue el resultado de una cadena de abusos, negligencia médica intencional, de golpes bajo custodia y de una total falta de humanidad”, denunció.
Organizaciones reiteran denuncias
Durante la primera audiencia, organizaciones sociales expusieron que han documentado patrones de presuntas violaciones de derechos humanos durante la aplicación del régimen de excepción.
Entre los hechos denunciados figuran detenciones arbitrarias, condiciones de reclusión incompatibles con la dignidad humana, torturas y malos tratos.
La abogada del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, Carlota Roby, señaló que las muertes bajo custodia constituyen una de las consecuencias más graves de ese patrón de abusos.
“Las muertes bajo custodia son una de las consecuencias más graves de este patrón sistemático y generalizado, con motivos fundados para creer que constituyen crímenes de lesa humanidad”, manifestó.
454 muertes bajo custodia, según Cristosal
Por su parte, Cristosal informó que ha documentado 454 muertes bajo custodia estatal, entre ellas las de 33 mujeres, tres niñas y un niño.
De acuerdo con la organización, en 87 casos encontró evidencia de violencia y en 31 identificó documentos de instituciones estatales que establecían traumatismos o asfixia como causa de muerte.
“Todas las características descritas permiten afirmar que muchos de los casos pueden perfilarse como ejecuciones extrajudiciales”, declaró Morales.
La organización también señaló que, en 201 casos, las autoridades registraron edema pulmonar o cerebral como causa de muerte.
Para Cristosal, ese registro podría evidenciar un patrón de posible encubrimiento por parte del Instituto de Medicina Legal.
Morales explicó que el edema es una alteración fisiológica que puede derivarse de una enfermedad, una lesión o un traumatismo, por lo que es necesario establecer qué provocó esas condiciones en cada caso.
Hasta el momento, el Estado salvadoreño niega las acusaciones y se desconoce si hay una investigación en curso para determinar responsabilidades.
Además, las organizaciones denunciaron el incumplimiento de la PDDH a sus mandatos constitucionales y su “política de silencio” ante los abusos denunciados en diferentes contextos.
