Entre enero y agosto, la Fiscalía y los centros judiciales del país reportan centenares de condenas impuestas en audiencias únicas a pandilleros y colaboradores, mientras tanto, abogados y organizaciones de derechos humanos advierten sobre limitaciones al derecho de defensa de algunas personas que habrían sido acusadas presuntamente de forma arbitraria.
Pese al incremento de las denuncias del número de personas fallecidas bajo custodia del Estado durante el régimen de excepción, las autoridades salvadoreñas se niegan a investigar los decesos.
El Gobierno salvadoreño dice que está buscando convertir al país en un centro tecnológico para desarrollo de software, inteligencia artificial y bitcóin, pero dice no tener los documentos relacionados con el reciente nombramiento como asesor presidencial de un supuesto experto.
