La administración de Nayib Bukele ha sido cuestionada por la oposición y organismos internacionales de violar la Constitución para consolidar su proyecto político, al que señalan de autoritario y para su defensa Bukele emplea desinformación.
En resumen
- Días después de su investidura, Nayib Bukele concedió su tercera entrevista al estadounidense Carlson Tucker.
- Bukele defiende que la destitución de cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal sin el debido proceso.
- El mandatario ha desacatado un fallo de la Sala Constitucional para ley transicional para las víctimas de la guerra civil.
Por Andrea Escobar y Diego Rosales
Poco tiempo después de su investidura para un segundo mandato consecutivo, el presidente inconstitucional Nayib Bukele dijo en una entrevista con el comunicador conservador estadounidense Carlson Tucker que en su administración nunca han “dejado de respetar una sola norma”.
Esta es una muestra del uso de desinformación del mandatario para defender, por ejemplo, la destitución irregular de magistrados de la Corte Suprema, cuyos sustitutos fueron colocados por el bukelismo dominante en la Asamblea Legislativa para que finalmente labraran su camino a la reelección.
En su tercera entrevista con Tucker, el mandatario defendió su modelo de seguridad y su estrategia para designar a personas leales a Casa Presidencial en diferentes órganos de gobierno por más de una hora.
“Nunca hemos dejado de respetar ni una sola regla. Esa es otra narrativa que (los opositores) quieren imponer. No pueden señalar ni una sola cosa que se haya hecho sin respetar las reglas que ellos mismos escribieron”, dijo Bukele.
“Respetamos todas las reglas que ellos escribieron”, agregó.
Sin embargo, esta afirmación entra en la categoría de Falso, dado que el bukelismo ha irrespetado en varias ocasiones la Constitución y otras leyes secundarias.
De acuerdo con el abogado constitucionalista Enrique Anaya, el cese de los magistrados de la Sala de lo Constitucional el 1 de mayo de 2021 violó la Constitución y las leyes salvadoreñas.
“La destitución se hizo violando el debido proceso, sin conceder la oportunidad de defensa y cuestionando el sentido de las sentencias de la Sala, lo cual está prohibido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, expresó Anaya.
Agregó que con dicha decisión también se desobedecieron “al menos ocho sentencias de la CorteIDH que han decidido sobre las exigencias y formas para el cese de magistrados”.
El abogado dijo a Infodemia que esto es particularmente grave, porque El Salvador es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José) y además ha reconocido como jurisprudencia la CorteIDH.
Bukele aseguró que previo a los comicios de febrero de 2021 pidieron a la población que apoyara su proyecto político de Nuevas Ideas (NI) para desplazar a los partidos tradicionales de la Asamblea y otros funcionarios de otras instituciones.
“Necesitamos sacar a toda esta gente. Y la única manera de hacerlo democráticamente y respetando las reglas del sistema es si conseguimos una inmensa mayoría en el Congreso. Porque el Congreso puede despedir a cualquiera, incluso al presidente”, señaló.
La lista de violaciones a las leyes es aún más extensa.
Bukele desacató una orden de 2019 del juez de Instrucción San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, quien solicitó entregar los archivos militares sobre el operativo castrense de la masacre de El Mozote en 1981, en la que fueron ejecutados casi mil campesinos, la mitad de ellos eran menores de edad.
Además, Bukele ha desobedecido una orden de la Sala de lo Constitucional que en 2016 mandó crear una ley de justicia transicional que permita la reparación de las víctimas del conflicto armado (1980-1992), pese a que las resoluciones son de estricto cumplimiento.
En 2021, los diputados oficiales enviaron al archivo una propuesta presentada por organizaciones de víctimas. Un año antes, el mandatario vetó la Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación nacional, aprobada por los diputados de mayoría de oposición,
Bukele violó seis artículos de la Constitución que prohíben la reelección inmediata. Además, de violar la licencia de ausentarse del cargo durante seis meses para dedicarse a la campaña electoral para los comicios 2024.
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