En resumen:
- La Presidencia reservó los detalles de los viajes del Comisionado de DDHH y Libertad de Expresión por un período de cinco años.
- La Oficina de Acceso a la Información argumentó que la reserva se debe a que al revelarse dicha información de viajes pasados provocaría “un peligro a la vida y seguridad” del funcionario.
- Un experto señala que la reserva es “un abuso y es una aplicación indebida de la ley”.
Por Johana Peña
La presidencia de Nayib Bukele puso bajo reserva por cinco años los viajes realizados por el comisionado presidencial para Derechos Humanos y Libertad de Expresión, el colombiano Andrés Guzmán Caballero, por supuestas razones de seguridad.
Infodemia tiene copia de una resolución de la Unidad de Acceso de Información Pública de Casa Presidencial en la que se solicitaron los detalles de los viajes realizados por el comisionado Guzmán desde su nombramiento hasta la actualidad con fondos públicos.
En la petición se solicitó el destino, valor de los pasajes de Guzmán y sus acompañantes, el objetivo del viaje, el número de acompañantes, las fechas de salida e ingreso, así como la fuente de los fondos para realizar las misiones.
Sin embargo, la resolución firmada por la Oficial de Información de la Presidencia de la República, Gabriela Gámez Aguirre, señala que la divulgación de los datos supuestamente pone en “peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona”, se lee en la resolución con número de referencia UAIP 045-2024.
“(La reserva es) idónea para la protección de un interés diferente, ya que la divulgación a detalle y como ha sido solicitada pondría en peligro la integridad de cualquier funcionario y empleado de la Presidencia de la República”, indicó.
La reserva se ampara en el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), literal “c”, en donde establece que sopesaron “el daño que pudiera producirse con la libertad de la información fuera mayor que el interés público por conocer la información en referencia”.
Sin embargo, el artículo 10 de la LAIP considera como información Oficiosa, que se debe hacer pública de oficio, “los listados de viajes internacionales autorizados por los entes obligados que sean financiados con fondos públicos, incluyendo nombre del funcionario o empleado, destino, objetivo, valor del pasaje, viáticos asignados y cualquier otro gasto”.
Para el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, este argumento de seguridad no es válido una vez que los funcionarios hayan concluído el viaje oficial, por lo tanto, la reserva de información desaparece.
“Cualquier reserva que se haga sin tener eso en consideración, obviamente es un abuso y es una aplicación indebida de la ley en lo que corresponde a la reserva de información”, dijo a Infodemia el abogado.
Según Escobar, la solicitud de viajes por realizar o en desarrollo, sí justificaría la reserva por seguridad.
Por su parte, la oficina del Guzmán dijo a Infodemia que la reserva corresponde a una política existe en El Salvador desde el 2014, donde el entonces Oficial de Información de la Presidencia, Pavel Benjamín Cruz Álvarez, negó la solicitud de información del listado de todos viajes internacionales realizados por el entonces presidente Mauricio Funes, entre junio del 2009 a junio del 2014, en la resolución número 253-2014.
“Entendemos que la reserva tiene como objeto proteger no solo la seguridad de los funcionarios que participaron en las misiones oficiales, sino que también garantiza que, a futuro, las relaciones diplomáticas y de representación del Estado no se vean comprometidas por la divulgación de detalles sensibles sobre dichas actividades”,
Asimismo, agregó que “esto es particularmente relevante en el contexto actual, donde las amenazas a la seguridad pueden persistir, incluso después de la conclusión de las misiones oficiales”.
El pasado 4 de septiembre, el medio salvadoreño El Faro publicó que Guzmán habría viajado a Washington, Estados Unidos, para reunirse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para influir la publicación del informe Estado de excepción y derechos humanos en El Salvador que analizaba el régimen de excepción decretado en El Salvador desde el 2022 y sus efectos en los derechos humanos.
“Es altamente inusual que el pleno reciba a alguien así en la semana de sesiones internas, porque la agenda se prepara con mucha antelación. No es habitual que un funcionario de su perfil haya venido a Washington al menos tres veces en el último año”, dijo una fuente a dicho medio.
El abogado Andrés Guzmán Caballero fue nombrado por Nayib Bukele como el primer comisionado Presidencial para los Derechos Humanos y Libertad de Expresión, por medio del decreto ejecutivo número 23, de mayo de 2023.
Según su perfil de Linkedin, Guzmán está especializado en nuevas tecnologías y es defensor delegado para la protección de derechos humanos en entornos digitales y libertad de expresión.
Organizaciones de derechos humanos han criticado su papel por la negación de graves casos de violaciones a derechos humanos, torturas y muertes bajo custodia del Estado enmarcadas en el régimen de excepción, agresiones a periodistas, limitaciones a la libertad de expresión.
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