Mientras el ministro costarricense asegura que en la megacárcel CECOT se “respetan los derechos fundamentales”, Cristosal advierte que las visitas al penal son guiadas y forman parte de una estrategia de propaganda estatal que oculta la verdadera situación del sistema penitenciario salvadoreño.
En resumen:
- Una delegación de funcionarios de Costa Rica visitó el CECOT y elogiaron el modelo carcelario.
- El 16 de marzo, EE.UU expulsó a 238 venezolanos a El Salvador, acusados de pertenecer al grupo criminal transnacional Tren de Aragua.
- La organización Cristosal señaló que no todos los deportados tienen vínculos con la pandilla Tren de Aragua.
- El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) tiene capacidad para 40,000 internos y actualmente alberga a más de 14,500 personas, según cifras oficiales.
Por Andrea Escobar
El ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos Valverde, visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador y aseguró que el lugar demuestra “respeto a derechos fundamentales”, sin embargo, su afirmación contradice a denuncias de un bufete de abogados defensores de más de 230 venezolanos recluidos en ese lugar e informes de organizaciones derechos humanos.
“Acabo de ver un lugar que demuestra un absoluto respeto a los derechos fundamentales. En el recorrido vimos las posibilidades que tienen para hacer ejercicio. Vimos también al equipo médico actuando sobre ellos. Vimos los procesos de alimentación, el orden que se mantiene, el trato que se les da y es algo que debemos de tomar de ejemplo para llevarlo a nuestros países”, afirmó el ministro al finalizar el recorrido de casi dos horas por las instalaciones ubicadas en Tecoluca, San Vicente.
Reporteros que participaron en la visita comentaron a Infodemia que los funcionarios costarricenses solo observaron el módulo 4, donde estaban recluidos pandilleros de la Mara Salvatrucha y su rival el Barrio 18.
Los costarricenses también realizarían visitas a otras visitas a sectores una prisión en Santa Ana.
Sin embargo, las autoridades salvadoreñas evitaron mostrar el lugar donde permanecen personas deportadas desde Estados Unidos por las políticas migratorias de Donald Trump, entre ellas más de 238 venezolanos y un salvadoreño que fue deportado por un error administrativo.
Estas personas están detenidas en el CECOT a pesar de que no han sido vencidas en juicio, no han cometido delitos en El Salvador, por lo que el sistema judicial nacional no tiene jurisdicción para tenerlos detenidos.
Jaime Ortega, uno de los abogados defensores de los ciudadanos venezolanos, dice que se les ha violado su derecho al debido proceso, a una defensa y que no se les ha permitido entablar canales de comunicación ni saber sus condiciones, en claro violación a tratados internacionales.“Nuestro país, si bien es cierto, está emergiendo en darse a conocer como un país modelo de seguridad envidiable por la comunidad internacional. También debemos de buscar ese equilibrio y esa balanza pues de que nuestro país no sea señalado como el país más violador de los derechos humanos”, dijo Ortega a Infodemia.
El 16 de marzo, Bukele escribió en X que recibió a 238 miembros del Tren de Aragua, una organización criminal originaria de Venezuela que se ha expandido por el continente americano, y que permanecerán encarcelados durante un año en CECOT que puede ser prolongado.
La administración de Trump aclaró después que 137 personas supuestamente pertenecen a la pandilla venezolana Tren de Aragua, sin presentar pruebas. Además otros 101 venezolanos fueron deportados sin procesos claros en su contra.
“Las acciones y omisiones de los gobiernos de El Salvador y los Estados Unidos respecto de la deportación de personas al sistema penitenciario salvadoreño, así como el ocultamiento de datos ciertos y oficiales, el paradero y las condiciones actuales es violatorio del derecho internacional de los Derechos Humanos”, señala el Análisis jurídico de la reserva de información sobre personas deportadas ilegalmente al sistema penitenciario de El Salvador de Cristosal.
Además, Cristosal advirtió que no todos los deportados tienen vínculos comprobados con dicha pandilla, y expresó preocupación por la falta de transparencia estatal respecto al paradero y las condiciones en que se encuentran estas personas.
El CECOT fue inaugurado en 2023, tiene capacidad para 40,000 reos, y actualmente alberga a más de 18.000 internos. Su construcción, de acuerdo con el presidente Nayib Bukele, costó $115 millones. El penal ha sido promovido por el gobierno salvadoreño como símbolo de su política de seguridad.
El abogado David Morales de Cristosal señaló que las personas detenidas por el régimen de excepción se encuentran en centros penitenciarios como el Centro Penal de Izalco o el Centro Penal La Esperanza, quienes se encuentran en un estado absoluto de incomunicación y no son mostrados a observadores independientes.
“En esos centros no ingresa ningún periodista, ningún creador de contenido, ni funcionarios de otros países, ni siquiera la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”, cuestionó Morales.
“Están privadas de alimentación y de agua, no tienen atención médica, reciben palizas, están bajo una bajo práctica de tortura permanente como paliza, rociamiento de gas, tortura de posición, tratos humillantes, por lo cual cientos de estas personas han muerto en esas condiciones extremas y otras han desaparecido”, agregó.
El jefe jurídico de justicia también explicó que hay decenas de personas detenidas de manera indefinida, sin debido proceso y bajo cuotas. “Están bajo tortura, están muriendo, no tienen atención médica y esa es la realidad que el gobierno justamente trata de ocultar”, finalizó.
La visita de Campos se suma a la realizada días antes por la Secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU, Kristie Noem, quien en sus videos difundidos en las plataformas no mostró a los deportados por Estados Unidos.
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