Tuvo una complicación por diabetes mientras estaba encarcelado, pero las autoridades penitenciarias le negaron una atención oportuna, denuncian organizaciones de derechos humanos. El caso será llevado ante la CIDH por presuntas violaciones al derecho a la vida y al debido proceso.
En resumen:
- La víctima pasó encarcelado 17 meses y murió sin ser juzgado ni condenado por los supuestos delitos que le imputaron.
- Organismos de derechos humanos señalan más de 550 muertes bajo custodia estatal.
- Juristas Internacionales consideran que hay indicios sobre crímenes de lesa humanidad en la implementación del régimen de excepción.
Por Lissette Lemus
Cuando la familia recibió el cadáver de Santos Navarro observaron que su cuerpo presentaba úlceras profundas con exposición de huesos y tendones en el pie derecho, gangrena y un dedo amputado. Su rostro y su cuerpo estaban irreconocibles por la delgadez. El comerciante de 54 años murió bajo custodia del Estado después de permanecer 38 días hospitalizado, sin que su núcleo familiar estuviera informado de la gravedad de su condición.
Documentos médicos, testimonios y expedientes revisados por Infodemia reconstruyen las últimas intervenciones clínicas que recibió el dependiente que fue capturado en el marco del régimen de excepción, vigente desde marzo de 2022
Navarro fue detenido el 6 de julio de 2023 mientras atendía su negocio mayorista de frutas y verduras en el centro de Santa Tecla. Él, como la mayoría de comerciantes, por muchos años fue víctima de las pandillas, a quienes debía pagar un aproximado de 800 dólares mensuales como extorsión a cambio que no atentaran contra su vida.
Las personas que le conocieron lo describen como un negociante nato que comenzó a vender frutas y verduras cuando apenas tenía 18 años. También lo recuerdan como un padre amoroso y una persona amigable.
En los últimos años, se congregaba en una iglesia cristiana y en su negocio había dispuesto un espacio para la oración para quien lo necesitara.
Durante su detención, los agentes, que no llevaban una orden de captura ni de allanamiento, también le incautaron 4 mil dólares en efectivo.
Pese a que en los tribunales fue acusado por la Fiscalía de los supuestos delitos de agrupaciones ilícitas y lavado de dinero y activos, nunca fue condenado por un tribunal. Al momento de su muerte, estaba a la espera de una audiencia especial de revisión de medidas, pero no le fue concedida.
Permaneció detenido en el complejo penitenciario de Izalco durante 17 meses, sin que las autoridades le hayan brindado una atención médica oportuna, según denunció el Socorro Jurídico Humanitario.
Esa organización y la Fundación Robert F. Kennedy, que están apoyando a la familia en el esclarecimiento de los hechos, busca llevar el caso ante el sistema interamericano de derechos humanos para exigir justicia por esta muerte bajo custodia del Estado, junto a otros tres casos, el de José Leonidas Bonilla, Yohaldi Campos y Humberto Escobar.
Imagen de Santos Navarro durante la celebración de su último cumpleaños mientras se encontraba en libertad. Foto/ Cortesía Socorro Jurídico Humanitario
Procedimientos de salud
Una constancia médica revisada por este medio señala que Navarro padecía diabetes desde hacía más de diez años, pero la mantenía controlada con medicamentos. Además, sufría enfermedades hepáticas y úlceras gástricas e intestinales, por lo que tenía prescritos al menos seis medicamentos de uso diario. Su familia asegura que se los entregaba al penal cada mes, pero nunca tuvo certeza que realmente los recibiera.
En enero de 2024, Navarro fue hospitalizado por primera vez debido a que el centro especial de salud del penal de Izalco no lograra estabilizarlo. Presentaba elevados niveles de glucosa, lo que le causó dos convulsiones. En esa ocasión, los médicos del Hospital Jorge Mazzini consignaron que ingresó con “antecedentes de una diabetes mal manejada”.
El expediente médico consigna el primer ingreso hospitalario el 16 de enero de 2024. Foto/ Captura de pantalla
En los trece días que estuvo ingresado en el Mazzini los médicos lograron estabilizarlo y le dieron el alta para continuar su tratamiento de manera ambulatoria.
Nueve meses después, Navarro fue ingresado por segunda vez al hospital. El 19 de noviembre de 2024, debido a complicaciones provocadas por una úlcera en el pie derecho. Presentaba una llaga de más de 15 centímetros de longitud en el pie derecho, con pus y salida de secreción.
El personal médico prescribió curaciones diarias de la herida, pero al octavo día los médicos le informaron que era necesario amputarle uno de los dedos, debido a la gangrena, es decir, muerte del tejido.
Las reglas mínimas para el trato de reclusos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), conocidas como Reglas Nelson Mandela, establecen que las personas privadas de libertad deben tener contacto con sus familiares y que estos deben ser informados de forma oportuna cuando exista una emergencia médica.
“Ante un supuesto de enfermedad o lesión grave o de traslado de reclusos a un centro hospitalario, el director (del centro penal) deberá notificar a las personas que el recluso haya designado para recibir información relacionada con su estado de salud”, establece las Naciones Unidas el numeral 69.
Aunque El Salvador suscribió y adoptó las Reglas el 17 de diciembre de 2015, el sistema penitenciario mantiene suspendidas las visitas y restringe la información sobre personas encarceladas desde la pandemia del covid-19. Por ello, la familia de Santos nunca supo que su estado de salud se había deteriorado.
Según una hoja de consentimiento incorporada al expediente clínico, el paciente inicialmente rechazó la amputación, por lo que el personal continuó con las curaciones. Dos días después, los médicos determinaron que un segundo dedo también requería amputación.
Las notas de enfermería reflejan que Santos estaba deprimido y temía que le amputaran, pero al no tener contacto con su familia, solo pudo expresar su angustia al personal médico.
“Me siento triste y deprimido por pensar en perder mi dedo”, habría dicho a las enfermeras. Una de ellas se tomó el tiempo para explicarle los beneficios del procedimiento para su salud.
Anotación de enfermería que describe el estado de ánimo emocional del paciente luego de ser informado que debían amputarle dos dedos. Foto/ Captura de pantalla
Al día siguiente manifestó a otra enfermera que aceptaría la cirugía y, el 1 de diciembre, supuestamente firmó el consentimiento para la amputación del primer dedo, pero la directora del Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, sostiene que ha constatado que las firmas de los consentimientos dentro del expediente no coinciden con la firma en el documento único del detenido.
En los días posteriores fue sometido al procedimiento quirúrgico y recibió una transfusión sanguínea para contrarrestar la hemorragia y la anemia severa, según la documentación
Fotografía del recuerdo del día que Santos Navarro contrajo matrimonio. Foto/ Cortesía Socorro Jurídico Humanitario
Los últimos días
El 19 de diciembre el personal médico reportó una desmejoría de su estado. Las enfermeras informaron que presentaba decaimiento, somnolencia y pérdida de apetito.
Dos días después fue diagnosticado con una neumonía asociada a la atención sanitaria. Además, presentaba altos niveles de azúcar, estaba desorientado y no respondía a estímulos verbales y sufrió una convulsión.
Seis días más tarde, uno de los médicos sugirió una amputación a nivel medio de la tibia debido a que la gangrena seguía avanzando y había exposición ósea en el dorso del pie.
Santos dijo que lo pensaría y aunque los médicos tenían todo preparado para realizar el procedimiento, en el expediente quedó consignado que lo harían hasta que un nuevo consentimiento estuviera firmado.
Ese momento nunca llegó debido a que en vísperas de Navidad su estado empeoró y las enfermeras reportaron que se encontraba delirante y hablaba incoherencias.
Dos días antes de su muerte, permanecía desorientado y en estado crítico en una cama del hospital Jorge Mazzini, mientras tanto, sus familiares viajaron desde Santa Tecla hasta el penal de Izalco para entregar un paquete con alimentos, artículos de primera necesidad y medicamentos.
Al llegar, los empleados penitenciarios recibieron el paquete, pero nunca informaron a la familia que Santos se encontraba hospitalizado ni sobre la gravedad de su condición.
Durante los dos días siguientes permaneció en estado crítico, debatiéndose entre la vida y la muerte. La madrugada del 27 de diciembre sufrió un paro respiratorio y fue declarado fallecido a las 6:12 de la mañana.
La Dirección General de Centros Penales (DGCP) no respondió a una solicitud de comentario oficial sobre el caso de Santos Navarro, el expediente médico y la muerte bajo custodia del Estado.
Un médico, exempleado del sistema público, explicó a Infodemia en condición de anonimato por temor a represalias, que el expediente médico muestra que dejaron a un paciente con pie diabético evolucionar desfavorablemente antes de llevarlo al hospital.
“Una úlcera de 15 centímetros no se hace de la noche a la mañana, eso lleva meses. En un tiempo indeterminado apareció una úlcera pequeña, que por descuido, la dejaron hacerse del tamaño que la describen al llegar al hospital”, dijo la fuente con experiencia médica.
Señaló que la negativa del paciente para que realizaran las amputación también influyó en las complicaciones, agregado a los otros problemas que presentaba como hemoglobina baja.
“Esa negativa de no aceptar los procedimientos siempre le ata las manos a uno (como médico) y en este caso el tiempo es vital”, aseguró.
| Santos Navarro, comerciante mayorista de frutas y verduras. 54 años de edad.Detenido el 6 de julio de 2023.Procesado por supuestas agrupaciones ilícitas y lavado de dinero.Padecía diabetes, enfermedades hepáticas, úlceras gástricas e intestinales. |
| 16 de enero de 2024 Primera hospitalizaciónFue hospitalizado durante 13 días en el hospital Jorge Mazzini debido a elevados niveles de glucosa y anemia que le provocaron dos convulsiones. |
| 19 de noviembre de 2024 Segunda hospitalizaciónPresentaba complicaciones provocadas por una úlcera en el pie derecho. Tenía una llaga de más de 15 centímetros de longitud con pus y salida de secreción. |
| 27 noviembre de 2024 El personal médico le informa que deben amputarle un dedo. El paciente presuntamente rechazó la intervención. |
| 29 noviembre de 2024 El personal médico le informa que debe amputarse un segundo dedo. |
| 1 de diciembre de 2024 Santos aceptó la cirugía, sin embargo, esta ya no le fue realizada porque se agravó. |
| 2 de diciembre de 2024 Se realiza la amputación del primer dedo necrosado |
| 3 de diciembre de 2024 Transfusión de dos bolsas de sangre |
| El 19 de diciembre 2024 El personal médico reportó una desmejoría de su estado. Las enfermeras informaron que presentaba decaimiento, somnolencia y pérdida de apetito. |
| 21 de diciembre de 2024 Fue diagnosticado con una neumonía asociada a la atención sanitaria. |
| 27 de diciembre 2024 Los médicos sugirieron una amputación a nivel medio de la tibia debido a que la gangrena seguía avanzando y había exposición ósea en el dorso del pie. |
| 27 de diciembre de 2024 En la madrugada sufrió un paro respiratorio y fue declarado fallecido a las 6:12 de la mañana. |
Cronología de la hospitalización de santos Navarro. Elaboración de Infodemia.
El Salvador mantiene desde marzo de 2022 un régimen de excepción que suspende algunos derechos constitucionales. Los cuerpos de seguridad del Estado han detenido a más de 92 mil personas.
De acuerdo con el Socorro Jurídico Humanitario en el país se han registrado unas 550 muertes bajo custodia estatal desde la implementación del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022.
Esa organización señala que del total de muertes el 32% presenta un patrón de negación de la asistencia médica oportuna pese a sus padecimientos crónicos de salud. “Otra forma de tortura y trato inhumano es negar a las personas privadas de libertad sus medicamentos y la asistencia médica, ya que el 32% murió por estas causas”, dice el informe del SJH.
Las víctimas previo a su detención habían sido diagnosticadas con diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas, entre otras.
“En la mayoría de los casos, fueron trasladados a hospitales cuando ya se encontraban en estado crítico, y otros llegaron ya fallecidos”, indica el documento.
El Gobierno salvadoreño rechaza los señalamientos de la organizaciones de que las personas encarceladas mueran por causa del régimen de excepción
“Las personas se mueren, se mueren en la cárcel, se mueren en hospitales, se mueren en todo sitio, pero no es que por el régimen de excepción que han muerto. Eso es una lectura, una leyenda que se ha desarrollado no sé cómo”, dijo el vicepresidente, Félix Ulloa, en la tribuna de la agencia EFE realizado en febrero de este año.
Participación de Ulloa en la Tribuna EFE en febrero.
A pocos meses de la implementación del régimen de excepción el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, manifestó que en todos los sistemas penitenciarios hay muertes.
“Todos los años se mueren reos. Ve las estadísticas de los gobiernos del FMLN eran más de 100 al año, son muertes, ya es normal”, declaró en el programa matutino de la Telecorporación Salvadoreña.
Sin embargo, es imposible hacer una comparación de datos sobre muertes en penales debido a que el actual gobierno tiene bajo reserva la información y datos estadísticos de las muertes en prisiones.
En ese mismo sentido, Andrés Caballero, cuando fungía como Comisionado de derechos humanos y libertad de expresión, negó durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en la cárceles de El Salvador la gente muera por torturas.
“En El Salvador no hay torturas, aquí no se asesina a las personas, ni es una lucha política, ni son centros de concentración”, expresó.
Caballero explicó que su oficina había investigado cuatro denuncias de muertes en penales, pero los forenses determinaron que se trataba de muertes naturales.
“Los forenses dictaminaron que todas fueron muertes naturales por la enfermedades que estas personas padecían previamente o en el momento del deceso”, concluyó.
La directora del Socorro Jurídico, Ingrid Escobar, explicó que la defensa particular de Navarro solicitó en dos ocasiones una audiencia especial debido a que la familia temía que las enfermedades preexistentes se hubieran agravado en prisión. La primera solicitud nunca obtuvo respuesta y la segunda fue denegada.
La familia presentó una denuncia en enero de 2025 ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, PDDH, alegando presuntas vulneraciones al derecho a la vida y al debido proceso.
Según Escobar, la institución archivó el caso pese a que no obtuvo información de las autoridades penitenciarias sobre la atención médica que Santos recibió dentro de la prisión. La decisión de la PDDH se produjo después que la Fiscalía determinara que fue una muerte natural por neumonía y descartara una muerte violenta.
Velación de los restos de Santos Navarro el 28 de diciembre de 2024. Foto/ Cortesía Socorro Jurídico Humanitario
Sin embargo, la falta de información proporcionada oportunamente a la familia y el avanzado estado de las úlceras que presentaba Santos continúan generando dudas sobre las circunstancias de su muerte.
Ante las sospechas de una presunta violación al derecho a la vida y otros derechos fundamentales por parte del Estado salvadoreño, representantes de la organización Socorro Jurídico Humanitario anunciaron que presentarán el caso ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH).
“Vamos a acusar al Estado de El Salvador por la aquiescencia de permitir que a la gente se le torture de la manera que se le ha torturado”, declaró Escobar.
En marzo de este año, un grupo de juristas internacionales presentó un informe en el que concluyen que existen “bases razonables” para creer que en El Salvador se cometen crímenes de lesa humanidad, entre ellos tortura, en el contexto de la denominada “guerra contra las pandillas”.
El caso de Santos se incluirá en un nuevo grupo de denuncias que busca establecer si el Estado salvadoreño incumple su obligación de proteger la vida y la integridad de personas bajo su custodia.
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