Al menos ocho funcionarios del gobierno de Nayib Bukele han sido señalados en la Lista Engel elaborada por el gobierno de Estados Unidos. Hasta el momento, ninguno ha sido investigado y procesado por los actos que se les acusan.
En resumen:
- El Salvador descendió 10 puntos en la lucha contra la corrupción en 2023, según un índice de Transparencia Internacional.
- La Fiscalía actual no ha investigado los avisos presentados por la extinta CICIES.
- Funcionarios de Bukele mencionados en supuestos casos de corrupción mantienen su cargo.
Por Diego Rosales
El diputado de Nuevas Ideas, Mauricio Ortiz, aseguró en la entrevista matutina AM, que el gobierno salvadoreño está disminuyendo la impunidad y atacando a la corrupción, pero esta afirmación es Engañosa, ya que diferentes informes señalan un retroceso en la lucha contra la corrupción en el sector público.
“Para que el país se desarrolle es muy importante la seguridad, la impunidad ha venido disminuyendo, estamos atacando la corrupción”, afirmó el parlamentario en el espacio transmitido en el estatal canal 10.
Sin embargo, en enero, la organización Transparencia Internacional publicó su Índice de Percepción de la Corrupción 2023, que mide de un ranking de 180 países los niveles de corrupción en el sector público.
El Salvador ocupa el puesto 126 en la lucha contra la corrupción. En 2022, el país se ubicó en el puesto 116, es decir descendió diez puntos. Esta medición establece que los países más cercanos al puesto 180 tienen una peor percepción de corrupción, mientras que los cercanos a 1, una menor percepción de corrupción.
“El Salvador muestra retrocesos importantes en la lucha contra la corrupción. Este aumento en la percepción de la Corrupción va de la mano con la cooptación del poder judicial, la Fiscalía General de la República y el poder Legislativo por parte del Ejecutivo. Esto profundizó la impunidad en el país ya que el sistema de justicia no avanza en las investigaciones contra funcionarios del gobierno actual”, señaló TI, que tiene su sede en Berlín, Alemania.
Por su parte, Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana dijo a Infodemia que desde la imposición del fiscal general en mayo de 2021, las investigaciones de la corrupción se realizan de forma parcializada.
“Se evidencia justicia selectiva porque la persecución del delito y el juzgamiento de los casos solo se da en aquellos casos que no involucran funcionarios del actual gobierno”, dijo Escobar.
Además, los niveles de impunidad en el país se mantienen altos, según el informe Operatividad y eficacia de la Fiscalía General de la República entre 2021 y 2023.
Datos recopilados por esa organización señalan que el porcentaje de casos judicializados ha tenido una considerable baja, pasando de un 53% en el periodo 2019-2020, a un 25% y 28% en los últimos dos periodos, a pesar de existir un régimen de excepción vigente.
“Se observa un aumento en el porcentaje de la impunidad directa en los últimos tres períodos, a pesar de que la FGR tiene mayor presupuesto que años anteriores”, concluyó el informe.
En septiembre de 2019, el gobierno de Nayib Bukele y la Organización de Estados Americanos (OEA) acordaron la instalación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) un instrumento jurídico que buscaba fortalecer las capacidades de las instituciones nacionales en la prevención, detección, control y sanción de prácticas y redes de corrupción y delitos conexos.
La CICIES denunció en 2020 ante la Fiscalía General de la República 12 avisos por casos de corrupción relacionados a contratos acordados durante la pandemia de COVID-19 en el año 2020.
Bukele suspendió unilateralmente el acuerdo con la OEA en 2021, supuestamente porque el organismo contrató como asesor al exalcalde de la capital, Ernesto Muyshondt, quien enfrentaba diferentes procesos judiciales en su contra.
“Se tienen los casos de la CICIES, los cuales no ha investigado la actual fiscalía”, mencionó Escobar.
También, la Asamblea Legislativa del período 2021-2024 aprobó en mayo de 2021 una amnistía a delitos de corrupción que pudieron haber cometido funcionarios de gobierno en las compras de la pandemia. Con este decreto legislativo se archivaron las investigaciones de corrupción iniciadas por la FGR encabezada por Raúl Melara.
Además, varios funcionarios del gobierno actual fueron nombrados en la Lista Engel, elaborada por el gobierno de Estados Unidos, en la que incluyen a actores corruptos y antidemocráticos de los países.
Entre ellos, se encuentran Osiris Luna, viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, Rolando Castro, ministro de Trabajo, Ernesto Sanabria, secretario de Prensa de la Presidencia.
El Tribunal de ética Gubernamental declaró culpable a Carolina Recinos, jefa del Gabinete Presidencial por haber beneficiado a su nuera con una beca de 25 mil dólares en agosto del 2023. Recinos también apareció en la Lista Engel de 2021 por “actos significativos de corrupción al utilizar indebidamente fondos públicos en beneficio propio. También participó en un mecanismo de lavado de dinero”.
Bukele le solicitó en noviembre de 2023 al fiscal general, Rodolfo Delgado, que investigara a su gabinete de Gobierno para “incrementar el control” a través de una cadena nacional.
Desde el día de esa declaración, Christian Flores, quien se desempeñaba como Comisionado Presidencial de Proyectos Estratégicos ha sido el único capturado y procesado por Cohecho Impropio en calidad de Autor Directo en abril de este año.
