En marzo, un salvadoreño fue deportado desde Estados Unidos y enviado a prisión al CECOT por un error administrativo de las autoridades del país norteamericano. La Corte Suprema de ese país ordenó a la administración de Trump “facilitar” su regreso, pero Nayib Bukele dijo que no podía y lo señaló de “terrorista”.
Human Rights Watch (HRW) denunció que 238 venezolanos deportados por EE. UU. y detenidos en El Salvador en CECOT desde mediados de marzo están en condición de desaparición forzada y detención arbitraria.
Al menos ocho funcionarios del gobierno de Nayib Bukle han sido señalados en la Lista Engel elaborada por el gobierno de Estados Unidos. Hasta el momento, ninguno ha sido investigado y procesado por los actos que se les acusan.
A pesar que el presidente en su discurso del cuarto año de gestión afirmó que su Gobierno le rinde cuentas a los salvadoreños, en la práctica no hay transparencia ni procesos de rendición de cuenta.
