La petición fue realizada durante el 195 periodo de sesiones de CIDH para evaluar la situación de las personas defensoras de derechos humanos en el contexto del régimen de excepción.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron ante la CIDH el abandono estatal de los casos de violencia sexual en contra de mujeres en el marco del conflicto armado salvadoreño (1980-1992).
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, afirmó que no ha existido una reserva de información relacionada con los gastos y contrataciones de dicho órgano, una afirmación desmentida por documentos del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y de la misma Asamblea.
Al menos ocho funcionarios del gobierno de Nayib Bukle han sido señalados en la Lista Engel elaborada por el gobierno de Estados Unidos. Hasta el momento, ninguno ha sido investigado y procesado por los actos que se les acusan.
A pesar que el presidente en su discurso del cuarto año de gestión afirmó que su Gobierno le rinde cuentas a los salvadoreños, en la práctica no hay transparencia ni procesos de rendición de cuenta.
