El acuerdo entre Google y el Gobierno de El Salvador, que le costará al Estado al menos $500 millones, estará bajo reserva por 7 años, mientras que la Presidencia dice que el documento es “inexistente”.
En resumen:
- La Cancillería dijo que hacer público el acuerdo podría “menoscabar las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país”.
- La Presidencia lo declaró como “inexistente” al no tener una copia del acuerdo.
- Hasta este momento se desconoce cuáles son las implicaciones del acuerdo.
Por Melissa Paises
La Cancillería salvadoreña declaró la reserva total del acuerdo suscrito el 29 de agosto entre el Gobierno de El Salvador y Google Cloud, pacto con el que se pretende que las instituciones del Estado adquieran los servicios de la empresa por no menos de $500 millones en siete años.
Infodemia solicitó una copia digital del acuerdo, con el que el Gobierno y aliados del Ejecutivo de Nayib Bukele afirman que Google “puso sus ojos” en el país, a lo que la Dirección de Asuntos Jurídicos y el Departamento de Negociaciones y Tratados de Cancillería respondieron que el acuerdo cuenta con “cláusula de confidencialidad y declaratoria de reserva” por siete años prorrogables.
En la resolución, la Unidad de Acceso a la Información argumentó la reserva bajo el literal “C” del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) que establece que “es información reservada: La que menoscabe las relaciones internacionales o la conducción de negociaciones diplomáticas del país”.
“… la información solicitada cuenta con Declaratoria de Reserva con número DAJ 20-2023 bajo el nombre de ‘Instrumentos internacionales que establecen obligaciones de confidencialidad entre el Estado de El Salvador y los Organismos o Personas Jurídicas Internacionales suscritos en el periodo de julio a diciembre de 2023’”, reza la resolución.
Para Jacqueline Cruz, del equipo jurídico de la Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC), el acuerdo no encaja en la causal denegatoria debido a que este no se trata de una negociación con otro Estado, sino de la contratación de servicios de una empresa con fondos públicos.
El artículo 21 de la LAIP establece tres razones de reserva: que la información se encuadre en alguna de las causales del artículo 19 (planes militares, ventaja indebida, etc.), que la liberación de la información amenace el interés jurídicamente protegido, o que el daño que pueda causar sea mayor al interés público.
“Parece más un intento del Ejecutivo por seguir con el patrón de opacidad que le ha caracterizado, que se aleja cada vez más de la rendición de cuentas y opta por dejar de transparentar procesos como este tipo de contrataciones públicas de gran envergadura”, dijo Cruz a Infodemia.
Debido a la reserva no será posible conocer detalles como los términos y condiciones del acuerdo, las responsabilidades y obligaciones que adquirirán ambas partes, los costes, las políticas de privacidad de los datos que manejará la empresa, entre otros aspectos fundamentales.
Tan solo en el primer semestre de 2023 el Ministerio de Relaciones Exteriores ha declarado 209 reservas de información, 141 de ellas bajo el literal C del artículo 19 de la LAIP.
Presidencia declara inexistente el acuerdo
Infodemia también solicitó el acuerdo a Presidencia vía Ley de Acceso a la Información. En su resolución, la Unidad de Acceso a la Información (UAIP) lo declaró como inexistente al no contar con la documentación requerida, pero tampoco remitió a alguna otra instancia donde pudiera encontrarse.
“Se confirma la inexistencia de la información requerida, debido a que, como se expresa en la respuesta remitida, no se cuenta con la información requerida, por lo que no es posible su remisión”, dice la resolución.
En los argumentos la UAIP dijo que remitió la solicitud a la “unidad correspondiente” para efectuar las gestiones necesarias; sin embargo, no especificó a cuál unidad se refería.
Para Jacqueline Cruz es cuestionable que la Presidencia no cuente con dicha información por cuando “el acuerdo ha sido ampliamente publicitado por fuentes oficiales y ha dado pie a la emisión de una ley de la República, la Ley General para la Modernización Digital del Estado”.
Hasta este momento lo único que se conoce sobre este acuerdo es lo contenido en la Ley General para la Modernización Digital del Estado, aprobada el 5 de septiembre por la Asamblea Legislativa.
Contrario a lo dicho por la narrativa oficial, Google no está obligado a invertir en el país, al contrario, el Gobierno adquirirá los servicios de la empresa a la que pagará no menos de $500 millones en un periodo de siete años y los procesos de contratación no pasarán por lo establecido en la Ley de Compras Públicas.
